Por Carlos Tórtora.-

Una sucesión de hechos consecutivos pusieron en los últimos días en evidencia el inicio de una amplia ofensiva del kirchnerismo para ir cerrando diversas causas por corrupción.

La defensa de Carlos Zannini, el ex Secretario de Legal y Técnico del kirchnerismo y hoy Procurador del Tesoro, reclamó que se anule el procesamiento que le dictó el fallecido juez Claudio Bonadío en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán y también los pedidos de elevación a juicio que se hicieron en su contra, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Si la iniciativa da resultado, inevitablemente beneficiará al resto de los acusados, entre los que está la vicepresidenta Cristina Kirchner,

El defensor de Zannini, Mariano Fragueiro Frías, sostuvo que para que una causa sea elevada a juicio es necesario que esté completa la instrucción, con el fin de garantizar el derecho de defensa, porque es imposible defenderse de algo que no se conoce. Sin embargo, remarcó, en ésta se dejó un tramo de la investigación en instrucción: justamente la que concierne al rol de Interpol. Es la figura del ex titular de Interpol, Ronald Noble, la que -a criterio de la defensa- podría esclarecer la situación de los acusados porque, tal como lo dijo públicamente el ex funcionario, se demostraría que las alertas rojas no estuvieron en peligro con la firma del Memorándum.

“En este proceso se concreta ahora aquello que palpitó siempre en la mente de los perseguidores; nos referimos al eco incontrastable de que las oficinas de INTERPOL fueron parte de esa desopilante hipótesis criminal, y sin su invalorable auxilio normativo y funcional nada de esto, aún en esta extraña calificación de encubrimiento sui generis, hubiera ocurrido. Aclaro ésta es la hipótesis que sostiene la acusación como corolario de su infatigable deseo de que el Secretario General de INTERPOL no declare como testigo en esta causa”, sostiene el escrito que presentó la defensa y que ahora deberán tratar los jueces del TOF Gabriela López Iñiguez, José Michelini y Daniel Obligado.

Por otra parte y en este contexto, días atrás la Oficina Anticorrupción renunció a continuar siendo acusadora en las causas judiciales en las que se investigan los negocios hoteleros de la familia Kirchner. También en este particular marco se había producido el cuestionable pedido del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en favor del beneficio de la detención domiciliaria para el condenado ex funcionario Ricardo Jaime y del procesado hijo de Lázaro Báez, Martín Báez.

Por último, el lunes pasado el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, desistió del pedido formulado por el fiscal Marcelo Colombo para que Boudou volviera al penal de Ezeiza. En consecuencia, no será apelada la controvertida decisión del juez Daniel Obligado de concederle el beneficio de estar en su casa a quien está condenado a cinco años y diez meses de prisión en la causa Ciccone. De Luca es un reconocido integrante de la agrupación Justicia Legítima y un abanderado de las doctrinas abolicionistas en materia penal.

Indiscutiblemente, Cristina Kirchner impartió instrucciones para que se activen todos los mecanismos disponibles para desactivar las causas pendientes. La pregunta es por qué ahora o cuál es la urgencia que explica por qué se acelera en este momento la trama judicial en cuestión. Una interpretación es que la pandemia marca un punto tal vez máximo en la ponderación pública de la figura de Alberto Fernández. Los actuales números de imagen positiva serán difíciles de igualar más adelante, cuando el centro de las preocupaciones sea la cruda realidad económica. Así es que CFK intentaría cerrar las causas mientras Alberto pueda pagar el costo político sin mayor problema y cuando la sociedad está distraída por el coronavirus.

También estos hechos podrían ser el indicador de que Cristina prevé -y no sólo ella- que vienen tiempos muy duros para el gobierno, en los cuales la corrupción K volverá a ser un arma utilizada por la oposición para castigar al oficialismo. En la medida en que las causas queden sin efecto, la importancia política del tema sería mucho menor. Mas a largo plazo, la vicepresidenta podría temer además que haya nuevamente un giro de la justicia a favor de profundizar las causas por corrupción.

Hasta el momento, Alberto Fernández casi no se refirió a los juicios que enfrenta Cristina y el tema no figura en la agenda del gobierno.

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