Por Oscar Dufour.-

De la Corte Suprema de Justicia de la Nación depende que el Gobierno Nacional, que se encuentra en el poder desde hace más de una década, salga triunfante o derrotado.

El objetivo del ataque al Juez Fayt es la Corte Suprema; es evidente que para el Gobierno, la batalla por el control del máximo Tribunal de Justicia, es central; y si el kirchnerismo lo ganara, haría no solo más difícil el Gobierno de su sucesor, sino que le garantizaría una impunidad estatal nunca antes vista, a través de la “ingeniería” judicial, construida para lograrlo.

En las distintas capas del Gobierno Nacional, se extienden estructuras que tienen carácter de permanentes y que permitirán a futuro, retener poder real. De mantenerse el “statu-quo”, y el oficialismo de lograr sus objetivos en la Justicia, todas las “sospechas de corrupción” se verán día a día diluidas, hasta desaparecer de la memoria colectiva.

La corrupción, es un fantasma que ha acompañado toda la vida política Argentina; pero en este Gobierno, ha alcanzado una intensidad inusitada, donde el ansia de poder de unos pocos, la avaricia desmedida de algunos y luchar por el interés individual de otros por sobre el interés grupal, logró que la Argentina sea un País poco confiable para la inmensa mayoría del mundo.

La actual embestida contra el decano miembro de la Corte Suprema, prestigioso jurista y maestro de maestros, Carlos Fayt, no es casual ni coyuntural, obedece a las claras a un plan desplegado por la Casa Rosada, para lograr el control del Alto Tribunal. Tiempo atrás lo fueron la reforma al Código Civil, y al Código Procesal Penal, verdaderas Leyes de autoamnistía encubierta. Hagamos un ejercicio de memoria y recordemos de qué se trataba.

La reforma del Código Civil quita responsabilidad al Estado en términos del Derecho, es lo más cercano a la impunidad estatal; relevando de esta manera la responsabilidad del Estado y sus funcionarios.

Para los que dicen lo contrario, me pregunto entonces, ¿Por qué la nueva Ley establece puntualmente que “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos” y “establece que la sanción pecuniaria es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”?

Los que muy pocos exponen públicamente referente a lo sustancial de la reforma del Código Civil, es que estarían prescribiendo ocho años de Gobierno kirchnerista, al prescribir las causas a los tres años. Sería de esta manera, como mencioné antes, la primera amnistía encubierta lanzada por el Gobierno Nacional en su propio beneficio.

En cuanto al Código Procesal Penal, en particular, su artículo 5° cierra el camino a la cosa juzgada fraudulenta, ya que dice que sólo se puede revisar un fallo si es en beneficio del imputado. En general, solo afecta en lo sustancial a los delitos federales y de Capital Federal, lo cotidiano de los reclamos por violencia social y la delincuencia que azota a más del 90% de la población, no se verán afectados por la modificación de esta norma, puesto que son infracciones, delitos que están en jurisdicción de la Justicia de sus respectivas Provincias.

En estas reformas lo que hay que entender y no es difícil hacerlo, es que estas medidas van contra el ciudadano común. Se estaría rompiendo con ello el Estado de Derecho en la República Argentina; y por lo tanto son susceptibles de anulación por el futuro Congreso Nacional, ya que su derogación sería plenamente viable.

El objetivo tiempo atrás de la Reforma al CC y CPP, y ahora el intento de control de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; es un Estado autoritario en retirada, que se ha vuelto para mal de muchos o de todos, irresponsable.

El primer freno al control del máximo Tribunal de Justicia, lo puso el candidato presidencial Sergio Massa, cuando en una semana logró reunir 2.750.000 firmas en contra de la aprobación del pliego de Roberto Carlés, propuesto por la Presidente Cristina Fernández, para ocupar el lugar vacante dejado por el renunciante Eugenio Zaffaroni; fue acompañado entonces por un número importante de Senadores Nacionales opositores.

En la actualidad, algunas cosas habrían cambiado, y me refiero puntualmente a la postura con respecto a este tema del veterano dirigente puntano y Senador Nacional, Adolfo Rodríguez Saá; como expresara en mi nota del 7 de mayo pasado, en caso de quedar vacante, el lugar en la Corte que hoy ocupa Fayt y que al momento resiste con absoluta dignidad, estarían muy avanzadas las negociaciones con la Casa Rosada, para que la Senadora Nacional por San Luis, Liliana Negre de Alonso, ocupe el lugar del veterano y prestigioso jurista.

Es muy probable, que el candidato presidencial Sergio Massa, tuviera conocimiento de este “plan B” del Gobierno Nacional, y sería uno de los motivos, que junto al Gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, los llevaran a dejarlo al margen del acuerdo electoral en el espacio “UNA”, con vistas a las elecciones de octubre próximo.

Este llamado “Plan B”, además, de satisfacer la Nación, la deuda que reclama el ex Gobernador de San Luis para su Provincia, consistiría en que Rodríguez Saá consiga en el Senado de la Nación, los votos para aprobar el pliego de Roberto Carlés, candidato del kirchnerismo más duro a ocupar una plaza de Ministro en la Corte Suprema de Justicia, y también los de la Senadora Negre de Alonso, que sería propuesta al Alto Tribunal de Justicia, por sectores afines al Gobierno Nacional.

En esta Argentina, donde la corrupción sigue al hombre como la sombra al cuerpo; o mejor dicho, la corrupción sigue al gobierno kirchnerista como la sombra al cuerpo; me vuelvo a preguntar ¿cuál es el futuro de la Justicia?, y en consecuencia, ¿cuál es el futuro de nuestro querido país?, donde con actitudes condenables y absolutamente repudiables, como la que es víctima el nonagenario Juez de la Corte Suprema, se está rompiendo el Estado de Derecho y la independencia de poderes.

Conclusión

Argentina es un país que demuestra día a día a través de sus actos, que nos encontramos sin Estado de Derecho, sin controles judiciales, sin controles patrimoniales, sin controles de la corrupción política, y sin controles sociales que permitan que la competencia electoral, asegure que los que son elegidos reflejen después las preferencias ciudadanas. Hasta tanto la clase dirigente no sea nuevamente virtuosa, hasta que no actúe en función del futuro común, la tendencia de fracaso no podrá revertirse, un virtuosismo que sirva para crear un país digno, serio y desarrollado para las próximas generaciones de argentinos.

Ante fuertes síntomas que reflejan sin ninguna duda el deterioro de la sociedad, ante la lamentable realidad de que la corrupción sigue al hombre como la sombra al cuerpo; recordemos siempre que somos un País con poco pasado, tenemos un presente apenas incipiente y somos en consecuencia casi todo futuro. No nos acostumbremos a lo inadmisible, no bajemos los brazos, no volvamos habituales conductas, prácticas o situaciones que no deberían ser posibles, y que alguna vez no lo fueron, no permitamos que unos pocos nos hagan creer que son conductas naturales, por favor, no lo permitamos.

Lo descripto no es atacar a un Gobierno, sino intentar despertar a la política. El próximo Gobierno Nacional que asuma en 2015 va a tener que ser un Gobierno que tienda puentes, el próximo Presidente de la Nación, no va poder y no debe gobernar solo, y tiene que ser el Presidente de la unidad nacional.

Como contraste, nada mejor que estas palabras finales que les dejo a los lectores y que le pertenecen al Dr. René Gerónimo Favaloro. Pasó a la historia enarbolando las banderas de la honestidad, fue Favaloro un verdadero benefactor de la humanidad, poseedor de una dignidad de alma, una conducta ética y moral admirables; son extractos de su libro “Recuerdos de un médico rural”. “Todos somos culpables, pero si hubiera que repartir responsabilidades, las mayores caerían sobre las clases dirigentes. ¡Si resurgiera San Martín caparía a lo paisano varias generaciones de mandantes!”

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