Por Guillermo Cherashny.-

Para el presidente Alberto Fernández, un profesor de derecho penal de la UBA, no hay ninguna duda: hay detenciones arbitrarias y no «presos políticos». En cambio, los procesados detenidos y los que tiene prisión domiciliaria opinan lo contrario, porque dicen que los jueces y fiscales fueron afines a Macri y que los medios de comunicación convalidaron esa condena que consideran injusta.

El presidente, ante sentencias de los tribunales orales o de Casación, no tiene otra alternativa legal que señalar que hasta que no haya sentencia firme con autoridad de cosa juzgada no hay motivos para detener a una persona.

De Vido, el más belicoso, lo cruzó a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, que opinó lo mismo que el presidente, y De Vido lo acusó de ser empleado de la Embajada de los Estados Unidos, porque ese mismo día Jorge Argüello, el embajador en Washington, al presentar sus cartas credenciales, el presidente Trump le dijo que está dispuesto a ayudar a la Argentina.

En su momento, De Vido fue desaforado y La Cámpora no bajó al recinto para imponer el tercio que impedía que lo echaran de la Cámara de Diputados, por lo cual está aislado en el Frente de Todos, lo mismo que Jaime, Schiavi y varios más. Pero hay dos casos: el del ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por el caso Ciccone y convalidado por Casación, pero al abrirse una nueva causa sobre un documento secreto sobre el pago de un millón y medio de pesos para que Vanderbroele inaugure un hotel en Mendoza puede ser una causa de nulidad futura.

El otro caso es el de Milagro Sala, condenada en tres procesos y especialmente en el caso de «los pibes villeros», donde retiraron 20 millones en efectivo del Banco Nación, la complican severamente y es poco lo que puede hacer el presidente, a excepción que arregle con el gobernador Morales un indulto o amnistía.

Así las cosas, el asunto de los presos políticos recién comienza y será motivo de serias discusiones en el seno del Frente de Todos.

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