Por Carlos Tórtora.-

Dos crisis netamente internas amargan el verano presidencial. Sergio Berni mantiene un enfrentamiento sin retorno con Sabina Frederic y la polémica por si hay o no presos políticos está lejos de terminar. En esta última, el presidente ya está pagando un costo político serio. Ocurre que dos de sus ministros, el ministro del Interior Wado de Pedro y la Ministra de Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ya opinaron acerca de que sí debe considerarse que hay presos políticos y no se rectificaron ante las precisiones jurídicas que dio Alberto al decir que los presos en cuestión están bajo la jurisdicción del Poder Judicial y que sólo habría presos políticos si los mismos estuvieran a disposición del Poder Ejecutivo. La reflexión presidencial fue al punto crítico: entrelíneas dijo que no piensa en un indulto para Milagro Sala, Julio de Vido y Luis D’Elía y hay que atenerse a lo que resuelva la justicia. Pero ni De Pedro ni Gómez Alcorta reacomodaron sus dichos a las definiciones de Alberto. Que haya ministros que cuestionen al presidente en asuntos políticos es algo insólito. Es que los ministros sólo son secretarios del Presidente y el Poder Ejecutivo es unipersonal. El camino que le queda a un ministro disidente es presentar su renuncia si desea mantenerse opinando distinto que su jefe. Tal como están las cosas, el desautorizado y que paga los costos políticos no es otro que Alberto. Su autoridad presidencial quedó mellada a partir de que sus propios colaboradores le llevan la contra.

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