Por Carlos Tórtora.-

Con el anuncio de su proyecto de reforma electoral, el gobierno pone sobre el tapete su intención de estrechar las variables electorales de la oposición. El siguiente párrafo del borrador dado a conocer es ilustrativo: “Se terminará con las listas colectoras (por ejemplo, un candidato a intendente que lleve en el tramo senador provincial a dos candidatos de distintos partidos o sello político) y prohibir que un mismo candidato se presente en elecciones nacionales y provinciales de forma simultánea”. Es obvio que esta cláusula, en caso de aprobarse, llevaría la etiqueta de anti-massista. Es que el líder renovador, si es que se presenta para senador nacional por Buenos Aires, representa un espacio heterogéneo y con un armado mucho menos estructurado que CAMBIEMOS, así que necesariamente se vería obligado a recopilar votos mediante la suma de colectoras. En realidad, todo el probable tejido electoral del peronismo, en su actual estado de crisis interna, pasaría por combinaciones complejas. La UCR, en cambio, aparte de integrar CAMBIEMOS, mantiene una tradición de partido estructurado que tuvo su excepción en las elecciones del año pasado, donde candidatos radicales en distintos distritos, como Gerardo Morales en Jujuy, llevaron varias listas colectoras.

Los radicales le dieron un rotundo no al gobierno en un párrafo del primer borrador del proyecto que hablaba de convertir en no obligatorio el voto en las PASO. De este modo se produciría un resultado previsible: la no obligatoriedad ampliaría la diferencia a favor del que cuenta con la mayor estructura económica y de publicidad, o sea el gobierno. Con este panorama, la UCR quedaría en una creciente inferioridad de condiciones respecto del PRO.

Pensando en el 2019

Con vistas al 2019, el proyecto contiene una cláusula similar a la que ya se puso en práctica en las primarias porteñas: el candidato a vicepresidente de la Nación no sería elegido en las PASO sino directamente por el candidato a presidente que resulte vencedor en las mismas. Así fue elegido Diego Santilli por Horacio Rodríguez Larreta. La constitucionalidad de esta norma es más que dudosa, ya que la ley de primarias claramente establece que los candidatos a cargos electivos nacionales deben surgir de las mismas, no haciendo lugar a excepción alguna en el sistema.

La intencionalidad política es obvia: el oficialismo necesita menos que la oposición de los atractivos de una fórmula presidencial porque cuenta con el poder del aparato estatal y del presupuesto oficial.

En cuanto al anuncio de que habrá un organismo de fiscalización electoral imparcial, la idea recepta las críticas a los amplios poderes que el kirchnerismo le dio a la Dirección Nacional Electoral que dirigía Di Tullio.

La Cámara Nacional Electoral está avanzando con su viejo proyecto de sustituir casi totalmente al Ministerio del Interior y Transporte en la función de contralor electoral.

En síntesis, mediante un acuerdo con la UCR y Elisa Carrió, el eventual retoque a la ley electoral tiene el claro objetivo de empujar al peronismo hacia una división cada vez mayor. Una necesidad elemental del PRO que apenas controla dos distritos -Capital y Buenos Aires- y que en este último debe convivir con 55 intendentes peronistas sobre un total de 135. Para las distintas facciones peronistas que tienen bancada propia, la amenaza es más que consistente, es concluyente, porque cercenaría la mayor parte de las combinaciones que pueda inventar el peronismo para competir conviviendo con sus múltiples divisiones.

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