Por Carlos Tórtora.-

La expectativa del gobierno era que la pax judicial -es decir el escaso movimiento que en las últimas semanas tuvieron las causas sobre la corrupción oficial- se prolongue por lo menos hasta después de la primera vuelta del 25 de octubre. La feria judicial que se inicia el 20 de julio ayudaría algo a estos propósitos. Pero igual que pasó con el alza sostenida del dólar blue en la última semana y con los cortes de energía ni bien apareció el primer pico de frío, los hechos no están coincidiendo con los planes del oficialismo.

La jueza federal María Servini de Cubría se sumó a la ola continental de investigaciones judiciales sobre la corrupción en el fútbol, a través de la designación de tres veedores, con el objetivo de tener mayor control sobre los estados contables de la AFA. Los funcionarios que fiscalizarán los movimientos del fútbol son: Alicia López, Alberto Piotti y un perito que nominará la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo al análisis de algunos especialistas en auditorías contables, el trabajo de los veedores conduciría fatalmente a que sean imputados no pocos dirigentes de la AFA y funcionarios del gobierno nacional que tuvieron a su cargo la administración de los fondos que se evaporaron en el Fútbol para Todos. La pregunta clave es ahora si esta bomba de tiempo judicial estallará antes de la primera vuelta del próximo 25 de octubre, impactando en distintas figuras en plena carrera electoral, por ejemplo Aníbal Fernández, si es que consigue ganar la primaria bonaerense, y Jorge Capitanich, ahora candidato a intendente de Resistencia.

Evidentemente, tanto en Comodoro Py como en la Corte Suprema se interpretó como una agresión directa que el kirchnerismo impusiera su mayoría en el Consejo de la Magistratura para remover al juez Luis María Cabral de la Sala I de la Cámara de Casación, el tribunal penal más importante del país con excepción de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, nombró a un conjuez allegado al Gobierno, Claudio Marcelo Vázquez. Uno de los casos sensibles que estaba en el escritorio de Cabral es la validez del Memorándum de Entendimiento con Irán por el ataque a la AMIA. La sentencia debía ser leída el pasado lunes, pero sorpresivamente la Justicia atrasó el veredicto. A esta altura de los acontecimientos, el Memorándum con Irán ya no tiene una gran relevancia desde que el régimen de Teherán dejó paralizado el tema. Pero la presidente, sensibilizada con la idea de llegar al 10 de diciembre ejerciendo la suma del poder público, no admitiría en este momento que la justicia la exponga derrotada en un tema que fue su iniciativa personal.

Antes de que Servini acelerara el caso AFA, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió citar nuevamente a indagatoria a Lázaro Báez por presunto lavado de dinero, a raíz de los fondos que se habrían fugado del país.

El requerimiento fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello y también incluye un pedido de citación para Martín Báez, hijo del empresario, Federico Elaskar, financista, Leonardo Fariña y a Fabián Rossi, ex marido de la actriz Iliana Calabró.

Hotesur en la mira

En el juego de presiones que se da en los despachos de Comodoro Py, que Servini y Marijuán hayan hecho caso omiso a la tregua electoral que desea el gobierno y que Amado Boudou esté quedando a un paso del juicio oral son factores que presionan sobre otros jueces y casos. El centro de todas las miradas son Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, que llevan la causa Hotesur. Los sectores anti K más duros se preguntan si éstos le harán el favor al kirchnerismo de no citar a prestar declaración indagatoria a Máximo Kirchner hasta después de las elecciones presidenciales, o sea, cuando ya sería diputado nacional por Santa Cruz y podría escudarse en los fueros legislativos para entorpecer la investigación. La contrapartida sería que Bonadío dé el paso al frente y cite a Máximo, con lo cual el cristinismo lo acusaría de querer influir en el curso de la campaña electoral.

El marco regional, aparte del FIFA-GATE está empujando a jueces y fiscales hacia la acción inmediata. Un analista de Eurasia Group, Christopher Garman, señaló que el riesgo de que Lula Da Silva sea imputado es real, aunque remoto, dadas sus conexiones con la empresa constructora Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, fue detenido la semana pasada en el marco de la investigación del caso Lava Jato, por el que también han sido apresadas figuras como Joao Vaccari, tesorero del Partido de los Trabajadores, en el Gobierno desde hace cuatro períodos en Brasil.

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