Por Carlos Tórtora.-

En los últimos meses, las causas judiciales contra Mauricio Macri se multiplicaron en forma geométrica. Así fue que se fueron sumando denuncias al proceso en el que se investiga la deuda del Correo.

En la causa está imputado el presidente, el entonces ministro de Comunicaciones, y de Defensa, Oscar Aguad; y su representante en el concurso del Correo Argentino, Juan Manuel Mocoroa, entre otros. En una ampliación de la imputación, el fiscal Zoni había solicitado que se investigue el presunto intento de vaciamiento de la empresa, aun durante el período en el que se encuentra sometida a concurso de acreedores, algo que había sido denunciado por la fiscal Gabriela Boquín ante la Cámara del fuero Comercial.

Las causas que tratan sobre el espionaje ilegal son varias. Está el expediente en el que se imputó a Macri recientemente y que quedó a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, tras la denuncia que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, según la cual «al menos desde el 2 de junio de 2016 se realizó espionaje sobre correos electrónicos privados. La información fue recuperada de un disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado.

Según reza la denuncia, “las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido”. Pero también la AFI impulsa otra denuncia en Comodoro Py, sobre el presunto espionaje ilegal a 403 periodistas y otras 87 personas de distintos organismos de la sociedad civil, «con datos relevados de fuentes, ya sean públicas como privadas, en el marco de los procesos de acreditación para las reuniones de la Cumbre del G-20 y de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC».

En la causa a cargo del juez Martínez De Giorgi y la fiscal Paloma Ochoa, la AFI presentó documentación que incluye además informes de inteligencia sobre actividades de organizaciones que planteaban objeciones a los eventos internacionales, como el Transnational Institute, el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio” y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

También forma parte de la nómina la imputación del fiscal federal Ramiro González al ex presidente por presunto «enriquecimiento ilícito» debido a la supuesta «omisión maliciosa» de parte de su patrimonio cuando llegó a la Presidencia. Se trata de su presunta participación accionaria en la empresa Agropecuaria del Guayquiraró SA.

Se trata de la denuncia que formuló la Oficina Anticorrupción (OA), a raíz de un trabajo elaborado por la Inspección General de Justicia (IGJ). El organismo a cargo de Félix Crous había acusado al exmandatario de protagonizar movimientos accionarios entre sociedades ficticias y socios inexistentes para dar «apariencia» de legalidad a dinero que pudo haber sido conseguido de forma espuria, siempre según la denuncia.

La lista de denuncias que involucran a Macri es más larga pero destaquemos por su importancia la decisión que tomó el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial, quien dictaminó a favor de abrir la investigación por contrabando agravado de material antitumultos a Bolivia durante la crisis que terminó con el golpe de Estado contra Evo Morales. La causa contra el ex presidente y los ex ministros de Seguridad y Defensa está en manos del juez Javier López Biscayart, en base a la denuncia presentada por funcionarios del Gobierno nacional.

Navas Rial imputó por el posible delito de «contrabando agravado» y pidió medidas de prueba que serán analizadas por el juez a cargo del caso. Además de Macri, Bullrich y Aguad quedaron imputados y bajo investigación el entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, y tres ex miembros de Gendarmería Nacional con cargos jerárquicos al momento de los hechos.

El despegue

No sería casual tamaño incremento de la cantidad de denuncias y en medios macristas se infiere que el gobierno estaría desarrollando la estrategia de golpear judicialmente al máximo al ex presidente para de ese modo debilitar a Juntos por el Cambio, que sufriría un desgaste importante por los supuestos hechos de corrupción de su gestión de gobierno. Pero además, la dirigencia opositora se vería obligada a defender a Macri en plena campaña electoral, quedando así a la defensiva y sometida a un desgaste impensado.

La idea de que el ex presidente es el talón de Aquiles de la coalición opositora no es nueva pero sí lo son las actuales circunstancias.

Por eso, en el entorno de Macri se encendieron luces de alarma por las recientes declaraciones del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, quien explicó que Macri “deberá explicar” sus numerosas reuniones en Olivos con los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Hecho que se investiga en otra causa penal. El tono de Montenegro, un dirigente estrechamente ligado a Horacio Rodríguez Larreta, sonó al inicio de un despegue de la figura del fundador del PRO y así lo habrían entendido unos cuantos. Queda por saberse si está efectivamente en marcha una operación de despegue del larretismo de la suerte judicial de Macri, con vistas a que sufra el menor daño posible la campaña electoral. Este recurso consistiría en evitar una defensa acalorada de la gestión Macri para simplemente argumentar, como ya lo hizo Montenegro, que aquél debe someterse a la justicia, sin abrir juicio sobre su inocencia o culpabilidad.

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