Por Carlos Tórtora.-

Entre las grandes frustraciones del kirchnerismo y en particular de Cristina Kirchner está la ley de reforma del Ministerio Público, que cuenta con media sanción del Senado y cuyo principal fin es remover al actual Procurador General interno Eduardo Casal para designar a Daniel Rafecas o algún incondicional de la vicepresidenta.

La ley aprobada por el Senado obligaría al Procurador a exponer cada año su plan de criminalidad y su cargo no será vitalicio, sino con un mandato de cinco años y la posibilidad de una reelección por el mismo plazo, siempre elegido por la mayoría absoluta del Senado, que desde 1983 tiene o controla el peronismo de turno. La ley, de sancionarse, permite reemplazar al Procurador por un fiscal con 10 años de antigüedad por un mes para que luego el Senado defina un sucesor definitivo con mayoría absoluta y no con dos tercios, como señala la norma vigente.

Rafecas, por su parte, dejó en claro que no piensa asumir si le recortan sus funciones, que es lo que hace justamente la nueva ley.

Sin mayoría

Los cuatro diputados cordobeses que responden a Juan Schiaretti se oponen a tratar la media sanción de la ley. Sin este grupo, el Frente de Todos contabiliza un techo de 122 diputados, 7 menos que lo necesario para abrir la sesión. El rumbo político de Schiaretti, hoy en negociaciones con Horacio Rodríguez Larreta, hace pensar que los cordobeses seguirán bloqueando la ley y que el Frente de Todos deberá esperar hasta diciembre para ver si suma la mayoría necesaria en Diputados.

La presencia de un Procurador favorable será decisiva en cuanto a los dictámenes que se expedirían en varias de las causas por corrupción que se le siguen a la ex presidenta. En buena medida la solución judicial que trabajosamente teje el kirchnerismo para desprocesar a su jefa, pasa por el rol del Procurador.

Con no pocas dificultades, el kirchnerismo explora la alternativa de remover a Casal con un jury de enjuiciamiento cuyo inicio se dilata.

Lo cierto es que CFK no puede avanzar en casi ninguno de los campos judiciales donde da batalla. El año electoral es, por otra parte, poco propicio para imponer reformas judiciales que no cuenten con un amplio consenso.

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