Por Carlos Tórtora.-

La secuencia de cortinas de humo lanzadas por el gobierno nacional a partir de la multitudinaria movilización del 21 F convocada por Hugo Moyano, consiguieron en buena medida evitar que se instalara la aparición en las calles de una fuerte oposición social al ajuste de la economía, prologo de un frente opositor electoral con eje en el peronismo. La pena de muerte, el caso Chocobar, el aborto y hasta el brote de xenofobia contra Bolivia formaron un menú que habla del estado de emergencia en el que se encuentra el macrismo ante la ausencia de indicadores económicos que disipen el mal humor social.

Calendario en mano se advierte fácilmente que el gobierno, en su necesidad de mantener distraída a la opinión pública para atenuar las reacciones de protesta, tiene que atravesar un trecho relativamente breve hasta que en mayo el país se sumerja en un clima mundialista que resultados mediante podría durar hasta julio. Pero se trata de un lapso breve que puede hacerse interminable al ritmo que las usinas mediáticas oficiales están gastando los temas.

Obviamente, el único tema constante es proseguir con la demonización de Hugo Moyano, un blanco más rentable que Cristina Kirchner, visto que esta conserva una alta imagen positiva en los sectores de menores recursos en tanto que el líder de los camioneros la supera ampliamente en su imagen negativa.

Ayer se conoció que la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, imputó por supuesto lavado de dinero a Hugo Moyano y su hijo Pablo, en el marco de la causa que investiga la supuesta utilización del Club Atlético Independiente para blanquear dinero de las empresas de su entorno familiar. Los sindicalistas ya eran investigados por una asociación ilícita en el club, encabezada por el barrabrava Pablo «Bebote» Álvarez, quien justamente fue el que involucró a los Moyano en maniobras ilícitas.

Una remake

Pero fue una vez más Elisa Carrió la encargada de enervar a los medios trayendo a colación el caso Berois. Éste era el ex titular del Sindicato de Camioneros de Santa Fe asesinado en 2008.En mayo del 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a prisión perpetua de una de las ocho personas sentenciadas a distintas penas por el asesinato de Beroiz, ocurrido en una cochera subterránea de la plaza Montenegro, en el centro de Rosario, en el año 2008. La decisión recae sobre Juan Carlos Dell’Arciprete, uno de los autores del plan criminal para eliminar al gremialista y representa la última palabra jurídica sobre el caso, que ya no puede ser apelado Las condenas dictadas cuatro años antes determinaron que Beroiz, que era el secretario general de la Federación de Camiones de Santa Fe, fue asesinado con el propósito de desplazarlo de la conducción gremial, que había ejercido durante varios períodos consecutivos. Las penas a perpetua alcanzaron al sicario Raúl Oscar Flores, ejecutor confeso del asesinato, y a los tres autores del plan criminal: el mencionado Dell’Arciprete, Julio César Gerez y el aún prófugo Alejandro Lázaro (ver aparte). Flores fue declarado culpable de homicidio calificado por promesa remuneratoria, el uso de arma de fuego y la participación de un menor. Los tres restantes acusados de partícipes necesarios del mismo delito.

A todo esto, ya el 13 de diciembre de 2007 el diario La Nación titulaba: «Una de las pistas del asesinato conduce al segundo de Moyano». Se trata de. Raúl Alfredo Luna, que había llegado a juicio como el ideólogo del crimen del antiguo líder al que, según la acusación, había ordenado eliminar con el propósito de quedarse con el control de la estructura sindical. Pero a más de una década del atentado el juez de Sentencia Ismael Manfrin absolvió a Luna y a su chofer, Hugo Ismael López, por el beneficio de la duda.

«No hay registros de llamadas de Flores con Luna y López. Tampoco pruebas de que ello pasara porque Luna haya sido «el hombre de atrás» que organizó el crimen mediante otras personas allegadas. Más allá de especulaciones y suposiciones no hay ninguna prueba de que López o Luna se hayan contactado con los sicarios para cometer el homicidio», sostuvo Manfrin, para agregar: «Nos encontramos ante un marco de duda insuperable y en función del principio in dubio pro reo corresponde estar a la solución más favorable al imputado»

Así las cosas, se trata de cosa juzgada y de un expediente archivado desde hace varios años atrás. El anticipo de Carrió de que vuelve el caso Beroiz implicaría que aparezcan hechos nuevos o testimonios que ameriten una revisión de la causa y la apertura de otra nueva. O tal vez estemos simplemente ante otra cortina de humo ya que el homicidio es más rentable mediáticamente que el abstracto lavado de dinero. De un modo u otro, el plan oficial, con una economía estancada, apunta directamente a contener la conflictividad social a cualquier precio hasta que la pelota salvadora empiece a rodar en Moscú.

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