Por Carlos Tórtora.-

Entre las preguntas que el juez Rodolfo Canicoba Corral pensaría hacerle ayer a Omar «Caballo» Suárez figuraban las referidas al supuesto desvío de fondos, por unos 100 millones de pesos, vinculados a los cursos de capacitación que el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) brindaba a sus afiliados. Los abogados del gremialista pidieron postergar la ampliación de indagatoria, que pasó para el 5 de julio, en la que el magistrado está investigando seis hechos nuevos de corrupción.

En un informe elaborado por la Intervención (desde el jueves pasado solamente a cargo de Gladys González, ya que los otros dos interventores, Santiago Viola y Jorge Alonso, fueron desafectados por Canicoba) se denuncia una triangulación de dinero en desmedro de los trabajadores marítimos y el Estado.

La historia empieza en 2008, cuando el país comenzó a importar gas licuado a través de Enarsa por medio de buques gasíferos, muchos de ellos provenientes de Venezuela y otros de Bélgica, por ejemplo. En el Derecho Marítimo, los barcos se rigen por el régimen legal del país armador y en nuestro país corre una norma que establece que si no hay buques nacionales y mano de obra que puedan hacer la operatoria que hará el buque extranjero se los puede exceptuar y darle tratamiento de buque de bandera nacional para operar. La ley está pensada para que se contrate mano de obra argentina para ayudarlo a operar. Y en esta telaraña de leyes es donde se metía el SOMU de Suárez, siempre de acuerdo al informe judicial. Es ahí cuando le pedía a las navieras «dinero para capacitar al personal con cursos de inglés», algo que «no está contemplado en ninguna ley».

Así se llegaría al supuesto desvío de fondos, por unos 100 millones de pesos, vinculados a los cursos de capacitación que el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) brindaba a sus afiliados.

De acuerdo a la información de fuentes macristas, Suárez pasaría a ser el “José López” de los sindicalistas y la larga lista de cargos que se van acumulando en su contra incluiría la extorsión lisa y llana a empresas navieras extranjeras a cambio de no entorpecer -con pérdidas millonarias- sus operaciones en puertos argentinos.

En el 2008, cuando el país comenzó a importar gas licuado a través de Enarsa por medio de buques gasíferos, muchos de ellos provenientes de Venezuela y otros de Bélgica, por ejemplo. En el Derecho Marítimo, los barcos se rigen por el régimen legal del país armador y en nuestro país corre una norma que establece que si no hay buques nacionales y mano de obra que puedan hacer la operatoria que hará el buque extranjero se los puede exceptuar y darle tratamiento de buque de bandera nacional para operar. La ley está pensada para que se contrate mano de obra argentina para ayudarlo a operar. Y en esta telaraña de leyes es donde se metía el SOMU de Suárez, siempre de acuerdo al informe judicial. Es ahí cuando le pedía a las navieras «dinero para capacitar al personal con cursos de inglés», algo que «no está contemplado en ninguna ley».

La importancia política del inminente procesamiento y detención de Suárez es especial. En la cúpula de la CGT se la lee como un mensaje de que el gobierno estaría dispuesto a avanzar judicialmente contra una serie de sindicalistas que serían claves para gerenciar las protestas sociales contra el ajuste. “Esto va a ser como la detención de Pedraza durante la segunda presidencia de CFK: pura disuación para el resto”, sintetizó un veterano caudillo sindical Suárez es el blanco tal vez más claro, por su relación directa con Cristina y con Julio de Vido.

Ya hay una lista corta de jueces federales para remover

Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura aprobó una resolución que pondrá en marcha la Auditoría a las cámaras federales penales de todo el país en las que tramiten causas por corrupción, el objetivo es determinar las razones por las cuales algunos expedientes llevan demoras de más de diez años.

La medida, que no registra antecedentes, les transmitió a los jueces federales la certeza de que se acerca a Comodoro Py una depuración que no sería demasiado larga. Es que casi todos los magistrados, antes que soportar el fusilamiento mediático que implica un juicio político, renunciarían rápidamente abriéndose entonces las vacantes.

La discusión interna en el seno del poder giraría ahora en torno hacia dónde inclinar la balanza, es decir, una purga masiva o apenas selectiva.

En la Casa Rosada circula una short list a la que algunos le adjudican el visto bueno de macri. La misma estaría integrada por dos camaristas, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, y dos jueces federales, Ariel Lijo y Rodolfo Canicoba Corral. Sebastián Casanello estaría protegido por tramitar la megacausa de Lázaro Báez que ahora se acerca rápidamente a CFK.

En los casos de Freiler, Ballestero y Canicoba, las presunciones sobre su enriquecimiento ilícito en los últimos años estarían avanzadas. Y, por ejemplo, el primero, fue objeto de una profusa denuncia por parte de Ricardo Monner Sans y su sobreseimiento está siendo revisado por la Cámara Federal de Apelaciones.

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