Por Guillermo Cherashny.-

Luego de la conferencia de prensa del presidente Fernández donde anunció que se expropiaría la cerealera Vicentin porque no puede pagar sus deudas y porque debía garantizarse la soberanía alimentaria, el ex ministro Roberto Lavagna dijo que en otra época se habló de soberanía energética y terminó mal y que ahora podía pasar lo mismo, al tiempo que todas las organizaciones del campo y los empresarios importantes se opusieron a la expropiación porque, como gran parte del Frente de Todos tiene simpatías con el chavismo, la comparación era lógica.

En la sede de Vicentin en la localidad de Avellaneda, en el norte de la provincia de Santa Fe, gran parte del pueblo se opuso a la medida gubernamental y la oposición organizó un cacerolazo para que -según ellos- no nos transformemos en Venezuela. Ahí intervino el gobernador Perotti, quien apoyó la medida, por miles de productores agrícolas que le vendieron la oleaginosa a Vicentin y todavía no cobraron. Pero, disconforme con el método, intercedió ante el presidente, quien habló por teléfono con Sergio Nardelli, el CEO de Vicentin, y quedaron en verse el jueves en una reunión donde se explorarían otras alternativas a la expropiación.

Por otra parte, el directorio de Vicentin aceptó que Gabriel Delgado asuma la intervención y lo mismo propuso el comité de acreedores liderado por Hecker, el presidente del Banco Nación. Le propuso al juez que lo nombre a Delgado como interventor, y el juez aceptó.

De este modo llegó un poco de paz entre el gobierno y la empresa y ahora se abre un período de 60 días donde se explorarán todas las opciones y donde se investigará la expansión de Vicentin a otros rubros empresarios que no le correspondían, con créditos bancarios, y se puede decir que se impuso la tranquilidad en un proceso que tiene un final abierto, ya que un sector importante del Frente de Todos quiere expropiar y quiere participar de un negocio privado como es la exportación de cereales y oleaginosas.

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