Por Claudio Izaguirre.-
El Diputado Nacional Felipe Solá pidió anteayer la anulación del artículo 4° de la ley de Salud Mental, en la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados de la Nación.
El Diputado y ex gobernador de Buenos Aires entiende que las complicaciones en la internación del adicto en crisis parten de la Ley de Salud Mental, que coarta y restringe la posibilidad inmediata de atención de las personas que sufren la enfermedad y deja al grupo familiar del afectado en total indefensión.
La ley de Salud Mental impide la internación compulsiva considerándola secuestro y procesando como secuestradores a los médicos tratantes, al anular el artículo 4° de la norma el tema adicciones deja de estar sujeto a los caprichos de las actuales pautas jurídicas.
Esta normativa, desde su promulgación en 2011 lleva más de mil muertos en su haber, siendo la única ley de salud en el mundo que cosecha decesos por su aplicación; además su reglamentación creada para imprimir el caos familiar, propone la desaparición de todas las comunidades terapéuticas y centros de rehabilitación del país.
Por su parte, FPV se abroquela para impedir los cambios necesarios en la Ley de Salud Mental que destrabarían la atención del adicto en crisis, condenando así a centenares de miles de familias, sobre todo del conurbano bonaerense a ver sus hijos destruidos, delinquiendo, asesinando o suicidándose.
31/08/2017 a las 6:46 AM
Bien al fin este hombre pide algo bueno Todos dicen que esa ley es un desastre
02/09/2017 a las 7:07 AM
Si, que raro, por fin algo como la gente. Cómo auditor médico de un servicio de emergencias médico, esta ley es una atrocidad más a la que nos somete la ONU a través de la infame OMS (organización mundial de la salud)
06/09/2017 a las 3:44 PM
El argumento esgrimido es falaz y mentiroso. Cómo le gusta a determinada gente vivir en la edad media.. Por cierto, soy psicólogo y tengo formación en consumos problemáticos, lo que me falta: prejuicios
La ley de Salud Mental es una excelente herramienta de trabajo. El problema no es el artículo en cuestión, sino que el Estado no se adecúa a ella, pues es más fácil secuestrar a una persona, que realizar los controles médicos y judiciales pertienentes, como establece la ley.
Las internaciones involuntarias están consideradas. Pongan al Estado a trabajar y ni le quiten derechos a los usuarios del sistema de salud. ¿o debo decir pacientes?