Por Carlos Tórtora.-

La maltrecha estrategia sanitaria del gobierno tuvo un giro en los últimos días: se busca ahora coproducir vacunas en el país mediante acuerdos con laboratorios extranjeros.

De continuar progresando las negociaciones como hasta ahora, el gigante farmacéutico chino Sinopharm enviaría el primer embarque de antígenos a la Argentina en junio para que el laboratorio Sinergium Biotech de Garín realice la producción final de un millón de dosis por semana de forma casi inmediata. Los contratos entre privados, Sinopharm y Sinergium, se firmarían la semana próxima y tienen la gestión y el aval de ambos Estados.

La vacuna de Sinopharm tiene sus cuestionamientos por ejemplo en Perí, tendría una eficacia de sólo el 44 por ciento, lo que provocó el consiguiente terremoto político, toda vez que la vacunación en ese país se ha confiado fundamentalmente a esa vacuna. La Organización Mundial de la Salud considera que, si la eficacia es inferior al 50%, los riesgos de su administración sobrepasan a los beneficios.

Pese a que la vacuna de Sinopharm se ha administrado ya a unas 700.000 personas, o a tres de cada cuatro vacunados, los contagios en Perú siguen subiendo. Esta tendencia se adivina también en otros países que se encomendaron a las vacunas chinas para inocular a su población, como Chile, Turquía o Uruguay, y contrasta con la drástica reducción en el número de contagios que se percibe en países como Reino Unido, Israel o Estados Unidos, que confiaron en las vacunas occidentales. La revista The Lancet advertía en un reciente editorial del «alto nivel de escepticismo» existente con China y que su «falta de transparencia alrededor de las vacunas es un problema».

En cualquier caso, las dudas sobre las vacunas del país asiático son consistentes con la desconfianza que ya afloró durante la fase de desarrollo de sus vacunas y mucho antes de que China empezara su exportación. El régimen de Pekín, con sus medios estatales a la cabeza, difundió desde el principio la idea de que sus vacunas eran eficaces y seguras, pero como evidencia sólo presentó los resultados de los estudios en fase I y II publicados en The Lancet, que son demasiado preliminares y claramente insuficientes para llegar a conclusiones. Estudios, por cierto realizados por investigadores chinos y financiados por instituciones chinas.

Por otro lado, de los mucho más importantes ensayos clínicos en fase III realizados en más de una docena de países, entre ellos Chile y Perú, hasta la fecha no se ha publicado el desglose de los resultados. Factor crucial de las sospechas, pues ello ha impedido que la comunidad científica internacional pueda someterlos a escrutinio. Para añadir más confusión, los ratios de eficacia comunicados por Sinopharm son dispares, e incluso contradictorios.

En el riñón del régimen

Sinopharm pertenece a la Comisión estatal para la supervisión y administración de los activos del Estado (SASAC, por sus siglas en inglés): es lo más cercano que una empresa puede estar al gobierno central y es la única farmacéutica de ese tipo en China. Sinopharm cuenta con 150.000 empleados y más de 1.500 subsidiarias, incluyendo seis compañías cotizadas en la bolsa de valores. El desarrollo de la vacuna se lleva a cabo a través de dos institutos de su subsidiaria China National Biotec Group: el Instituto Biológico de Pekín y el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, que es donde empezó la pandemia.

Este último fue el primer instituto del mundo en empezar pruebas clínicas para una vacuna de Covid-19. Fue el primero en empezar las pruebas de fase tres en junio en los EAU y más recientemente en Perú, Marruecos y Argentina.

La Comisión estatal para la supervisión y administración de las activos del Estado (SASAC) (en inglés: State-owned Assets Supervision and Administration Commission) es una agencia especial del Consejo de Estado de la República Popular China que tiene la responsabilidad de supervisar, en nombre del Estado, a las empresas donde el Gobierno de China tiene participación accionaria.

La Comisión fue creada en 2003 por decisión del Congreso General del Partido Comunista de China, con el objetivo de establecer una separación clara entre la supervisión y la administración de las empresas donde el Estado tiene la mayoría accionaria. Actúa en nombre del Estado como un inversor particular.

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