¿A quién le importa la inseguridad pública?

Por Miguel Ángel Reynoso.-

Que la inseguridad pública en que vive y se desarrolla la sociedad argentina es una cuestión que se ha constituido desde hace bastantes años en uno de los principales motivos de preocupación de esa misma sociedad, ubicándola en algunos estudios en el primerísimo lugar no es una sentencia que sorprenda a nadie, todos y cada uno de los ciudadanos especialmente de las provincias más pobladas y entre ellas en la ubicación de triste privilegio el distrito bonaerense, por el descuido que las sucesivas políticas implementadas por los últimos gobiernos en ese ámbito han arrojado, sin duda alguna, resultados desastrosos, es una verdad que de forma alguna pueda disimularse.

Lo que sí resulta sorprende, al menos a quienes creemos entender un poco del tema por haber transcurrido nuestras vidas en una sucesión de formación, capacitación y desempeño en la ardua tarea de pretender mantener la paz social cumpliendo con la función de policía por estos pagos, siempre y claro está conforme a las leyes y medidas que cada poder político de turno puso en vigencia considerando que resultarían una verdadera panacea que por fin traería tranquilidad a los sufridos ciudadanos, eso sí, sin enmendar errores aunque se pusieran en evidencia, empecinados como siempre ocurre en la posibilidad de que haciendo lo mismo que ya ha fracasado podría obtenerse un resultado diferente, es la falta de preocupación VERDADERAMENTE SINCERA de los distintos sectores que conforman nuestra sociedad, desde las autoridades de turno, pasando por las representaciones de las distintas corrientes políticas y finalizando en toda entidad no gubernamental que proponga preocuparse en ideas y señalar equívocos en algo de tan caro interés para cualquier ciudadano, como lo es la seguridad pública.

Más sorprendente aún ha sido la actitud que en general los legisladores, especialmente en la provincia de Buenos Aires, representantes del pueblo de este distrito y por lo tanto también de los trabajadores policiales, que aunque a muchos les cueste creer tienen el carácter aunque sea figurativo de ciudadanos igual a los demás de acuerdo a la Constitución Nacional pese a que se le sigan negando en pleno siglo XXI algunos de ellos, para ponerse los pantalones largos, dejar los discursos de circunstancias, ajustarse la faja y proponer soluciones de fondo y no de tribuna, presentar proyectos de reforma al Código de Procedimiento Penal, herramienta sin cuya adecuación a los tiempos hace estéril todo esfuerzo policial para combatir la delincuencia. A nadie parece llamarle la atención que nuestros legisladores no participen en debates o den conferencias de prensa, ni publiquen en sus páginas web inquietudes ni proyectos sobre tema tan arduo, tan actual y tan preocupante, limitándose a responder con evasivas y solamente cara de preocupación a alguna ocasional, aunque siempre escasa requisitoria periodística al respecto.

Desde APROPOBA hemos insistido en distintos tiempos y a través de variadas editoriales en que era necesario un debate profundo sobre las causales de fondo de la inseguridad pública, sobre los errores políticos, sobre el abandono del trabajador policial, que como no realiza protestas extorsivas amenazando privar a los inocentes ciudadanos del servicio al que se obliga el estado al que representa, debe esperar resignadamente que algún día ese gobierno y la sociedad entiendan que este trabajador también tiene derechos y necesita de un sueldo que le permita vivir decentemente sin cobros “en negro” ni supuestos beneficios de horas extras de destino incierto y distribución cuestionable.

En nuestra editorial LA DEGRADACIÓN EN LA SEGURIDAD PÚBLICA, del 28 de noviembre de 2006, que agregamos a continuación dejamos bien en claro como vemos los policías profesionales este problema y donde se cometían los errores, sin embargo poco o nada ha cambiado por supuesto y la inseguridad pública sigue en aumento.

Por suerte el necesario cambio de color político en los gobiernos de la Nación, como de la provincia de Buenos Aires nos hace pensar en que se aproximaban momentos de cambio que hace muchos años deberían haberse producido, aunque la incertidumbre sobre las medidas que el actual gobierno bonaerense estaría a punto de implementar no dejan de causar preocupación entre los trabajadores policiales, reformas no solamente ya hemos visto y surtidas, sino que también la ha sufrido el personal y la ciudadanía, porque a decir verdad todas y cada una contribuyeron a que la cosa fuera cada día peor, eso si para topos, parejo. Esperemos que en esta oportunidad se realice un trabajo serio y profesional dejando de lado otros intereses que con cada mal paso se siguen beneficiando sin que el ciudadano logre la tan ansiada paz.

También hemos escrito sobre los males que potencialmente nos acarrearía a los bonaerenses la creación de policías municipales, tal como desde siempre lo ha impulsado el llamado partido renovador, que no lo debe ser tanto si el ex Gobernador FELIPE SOLA que tanto mal hizo a la institución policial y por ende a la seguridad pública es uno de sus principales referentes, el triste ejemplo de México debería servirnos aunque mas no sea de llamado de atención, mas si tenemos en cuenta que ya dicho país ha prescindido de ese sistema.

¿Y QUIÉN LE PONE EL CASCABEL AL GATO?

La vieja y conocida fábula sigue en su eterna vigencia y los hechos diarios no hacen otra cosa que recordárnosla cuando se aprontan soluciones que cualquiera puede ver, pueden resultar más que difícil de cumplir en el momento de los hechos.

Inmediatamente de anunciado el famoso PROTOCOLO PARA PIQUETES, los policías con experiencia y que hemos vivido esas desgraciadas situaciones donde verdaderos delincuentes que buscan a toda costa judicializar sus protestas cometiendo ilegalidades y atacando a las fuerzas del orden buscando la lógica y legal represión para su explotación mediática, pensamos en el MINUTO SEIS, es decir que se debería hacer una vez transcurridos los CINCO MINUTOS dados para la desocupación de la vía pública cortada, mas teniendo en cuenta que se pone mucho cuidado en que no se debería en tal caso hacer uso de la fuerza. No se nos ha ocurrido solución alguna, los de siempre buscaran el enfrentamiento con insultos, provocaciones, pedradas y ataques de todo tipo a sufrir pacientemente por el trabajador policial que por mejor discurso que disponga jamás hará entrar en razones a quienes precisamente buscan el resultado contrario a una salida pacífica.

Salvo que el fiscal de turno y las autoridades políticas jurisdiccionales del máximo nivel se encuentren en el lugar del hecho y se responsabilicen de las medidas a implementar, vemos a nuestros camaradas que desgraciadamente deban enfrentar esos sucesos afrontando un dudoso futuro en sus carreras, y hasta en su libertad, porque por sí o por no, seguramente se los hará responsables para calmar las fieras de los que defienden algunos derechos humanos y de la avidez mediática por todo lo que signifique atacar a trabajadores policiales por la simpatía que en general acarrea para una sociedad enferma que goza con ello aunque en momentos de zozobra recurra a su ayuda y la denominación “milico de m….”, cambie automáticamente por la “señor oficial”.

En nuestra editorial, que insertamos totalmente más abajo, ALERTA PARA EVITAR EL ENFRENTAMIENTO, del 4 de abril del 2002, hicimos el llamado del que hasta ahora nadie parece haber tomado nota, destacando en uno de sus principales párrafos extraído de una publicación periodística que reza textualmente: “Analistas reconocidos sobre seguridad nacional, ya se encuentran previendo que nuevamente quedará en manos tanto de la Policía Federal, como de las policías provinciales, especialmente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuando llegado el momento, que ojalá no se presente nunca, resulte socialmente necesaria la represión legítima para buscar nuevamente el orden, “la clave es la Policía Bonaerense, el día que se abstenga, ahí tiene el problema. Y están tolerando situaciones complicadas: les pagan el sueldo con bonos, matan a uno de ellos todas las semanas y nadie va a los entierros, pero no significa que haya síntomas de desaliento evidentes” (Respuesta de un especialista de seguridad del orden nacional, en diálogo con un periodista de “Ámbito Financiero”, edición del 6 de marzo del 2002”.

Nada parece haber cambiado, la Policía de la Provincia todavía sigue esperando que su gobierno les dé un mensaje, no para la tribuna, un mensaje para los policías, que ojalá se produzca lo más pronto posible incluso antes de que se traten en la legislatura proyectos que podrían poner en riesgo su estabilidad laboral como ya ocurrido más de una vez en burla lisa y llana de los derechos consagrados por la Constitución Nacional y que para vergüenza de nuestra clase política de los partidos con representación parlamentaria en cada oportunidad votaron leyes contrarias a todo derecho, porque alguien debía pagar culpas por los errores cometidos y nada mejor que lo hicieran los policías que no pueden defenderse, más de SIETE MIL POLICÍAS, muchos de los cuales nunca llegaran a saber realmente el motivo de ese castigo en las últimas “purgas” de tipo estalinista, pagaron con sus carreras, el bienestar de su familia, su salud y hasta la vida los errores políticos de autoridades que no supieron o no quisieron solucionar el tema en sus raíces quizás porque las mismas se encontraban entrelazadas con las propias. La llamada LEY DE PRESCINDIBILIDAD del Duhalde, prorrogada por diez años por Felipe Sola, votada unánimemente por la Legislatura Bonaerense según creemos es la mayor vergüenza que este foro cargará en su historia institucional aunque salvo los policías, muchos se hagan los desentendidos para no recordarlo.

Nuevos vientos soplan en la política argentina y también en nuestra querida Provincia de Buenos Aires, la oportunidad de cortar por lo sano y emprender cualquier reforma que se pretende teniendo en cuenta muy especialmente y en primer lugar el principal componente de todo sistema de seguridad pública en cualquier parte del mundo, como lo es el componente humano, es una necesidad a solucionar en caso de que no se quiera incurrir en los mismos errores anteriores, la modificación de la ley de personal entre otras cosas anulando faltas que lisa y llanamente van en contrario a derechos constitucionales, la necesidad de ordenar y dar seriedad a los escalafones que regulan la carrera policial es otra de las cuestiones más que importantes porque la anarquía existente hasta ahora en ese aspecto, hace a que se produzcan muchísimas injusticias en el otorgamiento de ascensos, destinos, etc., confundiendo al trabajador que no ve reflejado en su esfuerzo el reconocimiento correspondiente y hace a lo incierto de la carrera policial cuando asciende personal dado de baja, con sanciones, que vive en el extranjero y hasta fallecidos, sueldos dignos, el “blanqueo” de retribuciones pagadas por fuera del sistema legal y que como los servicios adicionales y las Horas CoReS no contribuyen al sistema previsional de los policías, haciendo incierto también su futuro pasivo, el ordenamiento general de la carrera, la provisión de los recursos materiales y técnicos necesarios para el desempeño de la función, la reglamentación de las horas de trabajo, la capacitación real para la profesión policial, el control del destino de los aportes a nuestra Superintendencia de Servicios Sociales, del IOMA, el respeto a lo establecido en la Ley que regula el funcionamiento de nuestra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones para que reciba y administre los millonarios recursos que todos los policías aportamos mes a mes, y que el cambio de sus autoridades se amplíe para que puedan participar todos los beneficiarios del sistema en el acto eleccionario y no como hasta ahora en que pese a la letra legal dichos nombramientos se han realizado “a dedo” o por la decisión de muy pocos y otras cuestiones realmente importantes para que una vez estabilizada la institución y superados los cuantiosos daños ocasionados hasta ahora, pueda construirse el edificio de la seguridad pública sobre bases sólidas y nunca sobre endebles teorías de escritorio.

Experiencia sobra y gente que pueda aportar mucho también, el momento es el oportuno porque la ciudadanía ya está harta de que se le mienta constantemente sin que pueda ver resultado positivo alguno, siempre y cuando, y en contrario de lo que señala el título de esta nota LA SEGURIDAD PUBLICA VERDADERAMENTE INTERESE A ALGUIEN.

Texto completo de las editoriales que se mencionan en la nota anterior:

LA DEGRADACIÓN EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

El avance de la inseguridad pública en general responde a variadas cuestiones de distinto orden, pero seguramente se podría avanzar en soluciones encontrando respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Cuál sería el motivo real de producir el desguace de la policía de la Provincia de Buenos Aires que según el plan arslaniano terminó transformando la mayor y mas antigua institución policial del país, estructurada y organizada, aunque lógicamente perfectible, en una serie de organismos desarticulados, carentes de una jefatura, que se muestran incapaces de hacer frente a la delincuencia?

¿Qué razones existieron para la instauración de la inseguridad laboral del personal policial y la negación de sus derechos fundamentales que se suma al manejo caprichoso de las promociones y destinos, la anarquía en los escalafones, el desprofesionalismo, con una publicitada nivelación de formación, que en definitiva terminó rasando hacia abajo, con la virtual eliminación de los institutos en sus distintos niveles?

¿Qué objetivos se habrían perseguido para producir la gran confusión de los cuadros ante una carrera incierta dependiente de la aplicación aleatoria de una anticonstitucional “ley de prescindibilidad”, la ignorancia real incluso de su dependencia y mas todavía, de la organización institucional por la vigencia de un enrevesado e inentendible organigrama que produce la superposición de tareas entre dependencias de nombres pomposos que pese a su extensión poco aclaran acerca de sus razones de existir?

¿Por qué razón además, todo ello da comienzo a una etapa en que todo político o funcionario que se precie, incluyendo al mismísimo Presidente de la Nación, y al Gobernador Provincial Felipe Solá, (máximo responsable de la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires) aprovecha toda tribuna disponible para denostar la función policial, denigrando alegremente a los integrantes de la institución, insultando y menospreciándolos, con el resultado buscado o no de crear dudas en la ciudadanía acerca de la conveniencia de acatar cualquier indicación o disposición policial?

¿Cómo se explica que en el país se tolere que delincuentes bajo la denominación piadosa de “piqueteros”, violen ostensiblemente el derecho constitucional de transitar, cortando a capricho la circulación de cualquier calle o ruta en reclamo de derechos reales o ficticios, reservándose la facultad de ejercer la violencia contra cualquiera que pretenda hacer uso de los suyos?

¿Qué desconocidos intereses se persiguen cuando en el país, se tolera e incluso se premia con cargo público a un delincuente que bajo la denominación de “líder piquetero”, que junto a su banda asaltan una comisaría de policía, destruyen y roban propiedad y documentos públicos, exhibiéndose a los medios de información como muestra de la impunidad que lo protege?

¿Qué habrá en juego para que en el país se tolere que delincuentes, identificados por la prensa como “patotas sindicales”, se hagan cargo de la seguridad de un acto público, que termina en tiroteo, batalla campal y por lo menos un policía herido de gravedad?

¿Qué se perseguirá al permitir delincuentes, que la prensa identifica como “barrabravas”, pongan en jaque el desarrollo del más popular de los deportes para los argentinos, influyendo en la seguridad de los estadios deportivos, amenazando jugadores y demás, con el sabido amparo de dirigentes y funcionarios?

¿Cuál es la utilidad de mantener una justicia colapsada y dependiente que enfrenta al compromiso político de acceder a la calesita de entrada y salida de delincuentes peligrosos al solo efecto de no sobrecargar los establecimientos carcelarios, llenando las calles de homicidas, violadores y asaltantes en potencia?

Todos somos conscientes de la altura a la que podría volar la imaginación de cualquiera para procurar la respuesta a estos interrogantes, y muchos mas que podrían formularse, por nuestra parte y dada la animosidad con que Representantes del Pueblo de la Nación, leen nuestras publicaciones nos abstenemos de formar opinión al respecto.

Tan solo, recordamos lo señalado hace varios años desde nuestra asociación: “El verdadero problema se presentará cuando ante el relamo ciudadano resulte necesaria la reinstauración del orden”, decisión que necesariamente deberá afrontar algún gobierno del futuro.

APROPOBA, 28 de noviembre de 2006

POLICÍA Y SOCIEDAD

ALERTA PARA EVITAR EL ENFRENTAMIENTO

Desde hace un tiempo, prácticamente coincidente con el inicio de la gran crisis que soporta nuestro país, hemos comenzado a escuchar a distintos dirigentes que más o menos abiertamente vienen anunciando a la brevedad el comienzo de un periodo de desbordes sociales, caos, y desordenes de todo tipo como consecuencia de la insatisfacción de la ciudadanía ante la clase política dirigente que no acierta a adoptar ninguna medida valedera para sobrellevar esta especial situación.

Desde otros sectores se vienen dando asimismo voces de alerta en lo relacionado a la introducción de armamento y personal adiestrado en otros países en actividades subversivas y terroristas.

Hasta la Iglesia Católica viene alzando, cada vez con más continuidad y contundencia sus voces de alarma para sacar a la clase política de su apatía frente a las necesidades cada vez más apremiantes de la población.

A esta altura ya no resulta ajeno para nadie medianamente informado que dada la continuidad de la inacción gubernamental, nuestra sociedad bien podría en el futuro inmediato afrontar una situación que por llamarla de alguna manera podríamos denominar “de desorden generalizado”, cuyos alcances finales por el momento resultan impredecibles.

Ahora bien, conocemos que las fuerzas armadas se encuentran imposibilitadas por Ley de poder actuar ante una hipótesis semejante, mientras que de las fuerzas de seguridad, solamente la Gendarmería Nacional se halla en condiciones medianamente apropiadas no obstante que su capacidad operativa se halla supeditada a la escasez de su numerario en relación a la extensión territorial de nuestro país, los importantes núcleos urbanos y la cantidad de objetivos susceptibles de atentados, su aislamiento y demás cuestiones inherentes a la seguridad interior, sin perjuicio de la carga que para dicha fuerza significa el cumplimiento de su misión específica de guardiana de nuestras fronteras, que en tal caso podría resultar resentida.

Analistas reconocidos sobre seguridad nacional, ya se encuentran previendo que nuevamente quedará en manos tanto de la Policía Federal, como de las policías provinciales, especialmente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuando llegado el momento, que ojalá no se presente nunca, resulte socialmente necesaria la represión legítima para buscar nuevamente el orden, “la clave es la Policía Bonaerense, el día que se abstenga, ahí tiene el problema. Y están tolerando situaciones complicadas: les pagan el sueldo con bonos, matan a uno de ellos todas las semanas y nadie va a los entierros, pero no significa que haya síntomas de desaliento evidentes” (Respuesta de un especialista de seguridad del orden nacional, en diálogo con un periodista de “Ámbito Financiero”, edición del 6 de marzo del 2002”.

A pesar de resultar verdad que nuestra institución, pese a las realidades diarias, no evidencia signos de desaliento, no obstante el constante ataque a los que se ven sometidos sus trabajadores y el abuso que de ellos hace el estado del cual dependen, no deja de resultar preocupante a la Asociación Profesional de Policías este continuo desgaste que significa la pérdida casi diaria de sus hombres, muertos o heridos, sin que se avizore a breve plazo la adopción de alguna medida positiva y la incidencia que mas allá de las gravísimas consecuencias de las bajas humanas pueda ocasionar en la estructura misma de la fuerza.

El desgobierno y la anomia resultante irremediablemente llevan a conformar un panorama donde la anarquía puede fácilmente enseñorearse confundiendo los papeles que cada quién debe representar dentro de una sociedad organizada.

Es más, esta preocupación se extiende a las ya mencionadas posibilidades de un futuro cercano desborde social, ante el cual necesariamente la fuerza policial será una vez mas utilizada por la dirigencia política para enfrentar a la ciudadanía que desde hace algún tiempo y ante la falta de atención y respuesta de sus gobernantes ha comenzado a utilizar este accionar como forma común de protesta.

Día a día somos espectadores de las verdaderas peripecias que el trabajador policial debe hacer gala para evitar precisamente choques con desocupados, piqueteros, ahorristas, maestros, jubilados, despedidos, etc., disimulando en muchas ocasiones los insultos y escupitajos de quienes ven en ellos a los culpables de su situación, sin analizar que en lo personal o familiar nuestros trabajadores también resultan víctimas de la perversidad de los que manejan el poder.

Día a día vemos también que estos trabajadores policías son exigidos más allá de todo limite razonable al sumarse a la excesiva y estresante carga laboral, la problemática salarial y más grave aun la falta de cobertura médica social no obstante el descuento obligatorio que se le efectúa, la “inseguridad” de su seguro, y el desentendimiento cada vez más descarnado por parte del estado hacia los policías heridos o mutilados, con los cuales debería cumplir con las obligaciones de atención que le marca la Ley.

Nuestra asociación considera un deber alertar acerca de las derivaciones consecuentes de enfrentamientos entre la Policía y la ciudadanía que al siempre lamentable saldo de pérdida de vidas humanas de ambas partes se suma necesariamente el alto costo que debería pagar la Institución enfrentándose a una sociedad a la cual tiene como deber primordial proteger, todo ello, inclusive como consecuencia de las desastrosas administraciones gubernamentales, de cuyas consecuencias, por otra parte, sus integrantes también son víctimas.

En conclusión de lo señalado, nuestra entidad cree oportuno hacer propio el precepto que motivó el Congreso del Consejo Europeo de Sindicatos de Policía, realizado en Lisboa en el año 1990, según el cual “LOS GOBIERNOS NO DEBEN UTILIZAR A LAS FUERZAS POLICIALES EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES, SINO DISPONER LAS MEDIDAS POLÍTICAS NECESARIAS PARA LA SOLUCIÓN DE ESOS PROBLEMAS”.

Mar del Plata, 4 de abril de 2002