Por Hugo López Carribero.-

Quienes conocemos las instalaciones de la cárcel de General Alvear, en la Provincia de Buenos Aires, hemos entendido el sentido de la máxima seguridad carcelaria.

Se fugaron de sus celdas Martín Lanatta, su hermano Cristian Lanatta y Víctor Schillaci.

No es posible la existencia de una fuga (o peor aún tres fugas, y el mismo día) sin la correspondiente y debida complicidad del Servicio Penitenciario.

Normalmente las medidas de seguridad humanas están presentes de manera constante y uniforme. El empleado raso de la unidad carcelaria, aquél que mantiene a su familia con el sueldo de diez mil pesos, o menos aún, permanece siempre atento y despierto a cualquier anormalidad que pudiera haber dentro y hasta fuera de la cárcel.

La problemática esta dada con los jefes del Servicio Penitenciario, que ante una nueva administración provincial gubernamental pueden ver amenazados los privilegios que muy curiosamente supieron conseguir, a veces a costa de la costumbre y la mirada desinteresada de gobiernos pretéritos.

En efecto, desde la gobernación se anunció el envío a la Legislatura Bonaerense de un proyecto de ley con el objetivo de declarar la emergencia carcelaria en la toda la Provincia. Pocas horas después se registraron las fugas.

Una ley de emergencia carcelaria no es del agrado de los jefes penitenciarios que ven con incomodidad la intromisión del flamante poder político en el ámbito carcelero.

Ante esta situación de malestar no es llamativo que un sector del Servicio Penitenciario haya reaccionado con la libertad ilegal de los tres condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez.

En la Provincia de Buenos Aires hay 34.126 reclusos, alojados en 54 Unidades Carcelarias. Pero justo se fugaron tres de los más notables presos, uno de ellos con fama televisiva a través del programa Periodismo Para Todos.

Tradicionalmente las fugas han sido un elemento de poder y demostración del sistema carcelario hacia los gobernantes. Estas evasiones carcelarias cumplen con todos los requisitos de ser una muestra mas, para que el nuevo gobierno provincial sepa, de arranque no mas, que las cárceles son manejadas por los carceleros y no por quienes se han convertido en funcionarios públicos bonaerenses por haber ganado una elección democrática.

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