Por Jesús Evaristo Scanavino.-

Una vez más, cuando el horizonte de los argentinos está colmado de grandes incertidumbres y amenazas que hacen presagiar acontecimientos nada agradables, vuelve a aparecer en escena y en primer plano, la eterna crisis de inseguridad. Y nuevamente, llamativamente, la reedición de la vieja novela “LA GRAN HIPOCRESÍA”, montada de ex profeso para desinformar, mentir a la opinión pública y dar la sensación de que están todos preocupados y haciendo aportes para una solución, cuando en realidad no hacen más que difundir con disimulo el pensamiento zaffaronista, al que adhieren de manera inconfesable. Periodistas “especializados”, políticos, supuestos expertos en seguridad y opinadores de todo tipo y pelaje, reaparecen cada vez que se registra un hecho, con el que se evidencia la orfandad en la que se encuentra la población, debido al andamiaje jurídico abolicionista, pseudo garantista, construido en defensa de los delincuentes, a quienes consideran víctimas de una sociedad injusta, merecedores de toda la conmiseración pública. Y cada vez que un ciudadano osa ejercer su legítimo y legal derecho a defenderse, su linchamiento mediático parece ser la consigna. Como si fueran portadores de la verdad más absoluta, insinúan que quienes ejercemos el derecho a opinar libremente y el de la tenencia de un arma, que reivindicamos la legítima defensa ante una delincuencia incontrolable y asesina, o proponemos políticas de seguridad de mayor firmeza, somos mala gente, acusados de brutales, fascistas…

Los muy hipócritas que se escandalizan por los niveles de inseguridad, por los asaltos, por los asesinatos y por el auge de la delincuencia que se pavonea libremente por las calles, son los mismos que alentaron y alientan el recorte de atribuciones de los policías en tiempos de Arslanián, que hoy no pueden interrogar a un sospechoso, ni revisarles el baúl del auto. Son los mismos que callaron cuando, en tiempos del Gobernador Scioli, a la policía les retiraron las armas largas y lo dejaron en inferioridad de condiciones, casi indefensos, ante una delincuencia armada hasta los dientes, con armas de guerra, poderosas. Los muy hipócritas que reclaman mayor dedicación a los policías, son los mismos eternos denunciadores al voleo de “zonas liberadas”; los que argumentan que la policía es “reguladora” del delito; quienes dicen que los uniformados son “parte del problema”, como lo verificamos desde los tiempos del Gobernador Solá; los que siempre generalizan ante la inconducta de policías corruptos –que los hay sin duda-, provocando vergüenza en todos los buenos policías y sus familias, que son la inmensa mayoría, y por consiguiente desgano en el trabajo. Los muy hipócritas que ponen a los policías como eje central de la inseguridad, cuando saben bien que son el último eslabón de una larga cadena de responsabilidades previas; son los mismos que nunca, jamás, visitaron una Comisaría para interiorizarse cómo viven y trabajan los policías, cuáles son sus necesidades para cumplir mejor la función; son los mismos que jamás visitaron a un policía herido; nunca asistieron al sepelio de un uniformado caído en el leal cumplimiento del compromiso asumido con la sociedad, ni hablar de interiorizarse por sus deudos o solidarizarse. Los muy hipócritas que hoy están en contra de proyectos destinados a mejorar la educación son los mismos que braman aduciendo que la falta de educación es causa del delito.

La Señora Gobernadora parece dispuesta a erradicar los focos de corrupción en la fuerza, consecuencia del juego clandestino. Siempre hubo corrupción, aunque para ser sincero nunca en la magnitud actual. La inmensa mayoría de los policías y la familia policial en general, celebra y apoya firmemente la decisión. Exhortamos que con la misma firmeza, y al efecto de su erradicación total, la investigación y juzgamientos se extienda incluso fuera del ámbito policial, que se llegue hasta los sitios en que tiene origen la corrupción, y donde también llega su producido. De lo contrario quedará en una medida espasmódica, en la que el policía será el pato de la boda. La corrupción policial no es causa. Es consecuencia. Todos imaginamos, la sociedad también, que en cuestión de juego clandestino la policía nunca hizo o dejó de hacer lo que no se le indicara previamente desde algún lugar del poder. No es casualidad que el quinielero Adrián Almaraz, detenido y liberado urgentemente, aclarara a la prensa sin que se lo pregunten: “Solo le pagábamos a la policía…”

Por otra parte sería muy importante que, mientras se libra la batalla contra la corrupción, el gobierno arbitre todos los medios a su alcance, para mantener a salvo el buen nombre y honor de la mayoría de mujeres y hombres policías, ajenos a la comisión de delitos; son quienes a pesar de todo -y de todos- salen día y noche a la calle a tratar de brindarnos seguridad. Es sabido que hay quiénes, directa o indirectamente, obtienen beneficios cuando se golpea, desprestigia y se demoniza permanentemente a la fuerza policial en general. ¿Quiénes son los perjudicados, además de los buenos policías? La comunidad, como está a la vista.

No obstante lo dicho, los policías dan muestra permanente de su vocación de servir, de esfuerzo y hasta de sacrificio, a pesar de las limitaciones que imponen leyes permisivas, la falta de medios y del pésimo entrenamiento que reciben los efectivos, especialmente los más jóvenes. Investigaciones o intervenciones policiales exitosas; enfrentamientos armados, con policías y malvivientes fallecidos y heridos; secuestro de importantes cantidades de drogas y dinero, conforman la prueba de una policía comprometida, que además debe mejorar. Para ese fin la clase dirigente y principalmente la prensa -entre otras cosas-, sin dejar de denunciar las falencias, la corrupción y a los corruptos, sería excelente que también se ocupen de los buenos policías, aunque mas no sea con el diez por ciento del énfasis y tiempo que le dedican a los malos. “Los mismos policías buenos, salvados de “la misma bolsa”, se encargarán de los malos…”

Mientras tanto, parece ser que el país, especialmente la provincia de Buenos Aires, no puede salir de esa especie de ciénaga, o circulo vicioso, en que se ha transformado la inseguridad. Quienes tienen el poder para aportar alguna medida urgente, de aplicación mediata, apenas si atinan a describir, en el aire, y en los medios de prensa, políticas de estado o proyectos de mediano y largo plazo, ya pensadas hace muchos años sin que ningún gobierno las cumpliera. La comunidad está clamando soluciones para mañana a la mañana y los políticos hablan de largo plazo…

A grandes males grandes remedios. En la emergencia, mientras se estudian leyes adecuadas y se espera den resultado las políticas activas de mediano y largo plazo para terminar con la exclusión, que muchos consideran causa principal del delito; y mientras se deciden elaborar una adecuada “política criminal”, hoy ausente como bien señala el Sr. Fiscal Marcelo C Romero, habría que interrumpir y desestimar toda solicitud de excarcelación a procesados por delitos graves, sin excepción; como así terminar con libertades anticipadas o transitorias a todo condenado por delitos contra la propiedad o contra las personas. Y reformar urgente la Ley de reincidencia.

Será necesario reacondicionar o ampliar cárceles, si no se pueden construir nuevas.

La sociedad aceptará de buen grado que, por un tiempo, la población carcelaria viva con alguna incomodidad, hasta que se cuente con recursos, a cambio de que en las ciudades se pueda vivir con tranquilidad y seguridad, marco indispensable para poder estudiar, trabajar, producir riquezas y disfrutar la merecida libertad. La comunidad está reclamando que el Poder-Estado vele por los derechos humanos de los ciudadanos, al menos con igual ahínco con que cuida los de los delincuentes.

Esto no es nuevo. Con cada cambio de Gobernador, la crisis vuelve a ponerse en la superficie. Y todas las veces, desde distintos ámbitos de la institución policial, donde hay años de experiencia acumulada, incluido desde APROPOBA, se ha abordado el tema y advertido sobre la evolución futura, sin embargo, siempre se ha hecho oídos sordo. Los primeros beneficiarios y más interesados en terminar con la inseguridad y erradicar la corrupción, son los policías y sus familias.

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