Por Guillermo Cherashny.-

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, determinó mediante una pericia de la Metroplitana que la pistola de Marcelo Mallo y Leandro Giso, los quilmeños que fueron involucrados por sendas pericias de la federal y la bonaerense como los que proporcionaron el arma con la cual se cometió el asesinato de los dos colombianos en el Unicenter, finalmente no era la que se utilizó en ese crimen y por eso dictó la falta de mérito y la libertad de los dos ex prófugos. Fue un papelón de Patricia Bullrich, la ministra de seguridad, quien fue retada por la jueza federal por no controlar esas pericias según las normas de calidad que hay que respetar.

Ahora surge la sospecha de que Bullrich y Elisa Carrió, quien acompañó la denuncia de mediática de la ministra de seguridad y por la cual acusaron al fiscal de Ranchos y al juez Velazzo de darles tiempo a Mallo y Giso -vinculados a Aníbal Fernández- de fugarse, resultó un fiasco en toda la línea. En efecto, no sólo el fiscal de la provincia y el juez platense no encubrieron a nadie sino, como dijimos, usaron o armaron pericias truchas con el fin de imputar al ex jefe de gabinete como jefe del narcotráfico y autor intelectual del triple crimen.

Es cierto que hay numerosos hechos y pruebas por las que verosímilmente se puede deducir que el jefe de gabinete tiene mucho que ver con los tres fugados del verano pasado que lo denunciaron como autor intelectual del triple crimen, pero hasta ahora la jueza federal Servini de Cubría no encontró pruebas para procesarlo a Aníbal Fernández. Sería muy grave que se tratara desde el estado «armar» pruebas que no se pueden obtener en la justicia, aunque -como dijimos- la culpabilidad del ex jefe de gabinete es totalmente verosímil.

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