Por Jorge Augusto Cardoso.-

Innumerables críticas se han levantado entorno al operativo realizado por Gendarmería, en el que bajaron personas de transportes urbanos, los palparon en busca de armas y miraron las pertenencias que en bolsos y carteras llevaban. Cuando se ha llegado al extremo tal en el que la vida y los bienes pueden ser arrebatados a cualquier hora y lugar, el Estado debería encontrar la forma en la que los poderes ejecutivo, judicial y legislativo confluyan en procedimientos legalizados para que las fuerzas de seguridad impidan o dificulten que los delincuentes se muevan con total impunidad, como lo hacen en la actualidad, traficando drogas, armas, personas, bienes robados e instrumentos para violentar viviendas. En circunstancias extremas de inseguridad, como en la que estamos viviendo, es justificable que la ciudadanía pierda ciertos derechos individuales en pos de detener el accionar criminal. Los delincuentes dejarán de ir tranquilamente con armas o con drogas o pertenencias robadas, si saben que en cualquier lugar o momento podrán ser registrados.

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