Por Guillermo Cherashny.-

Las declaraciones de Miguel Pichetto, el presidente del bloque de senadores del PJ, que descartó la aprobación de la reforma laboral por las acusaciones de Pablo Moyano sobre la utilización de una nueva tarjeta «Banelco» para la aprobación de esa ley reclamada con insistencia por el presidente Macri.

Aunque la acusación salió de boca de Pablo Moyano y no de su padre Hugo, para el gobierno es casi lo mismo, porque hasta ahora nunca desmintió a su belicoso hijo, que ahora entabló una alianza con el bancario Palazzo, cercano al cristinismo pero el más duro y representativo del sindicalismo.

Ayer se conocieron unos allanamientos entre barras bravas de Independiente y el dirigente Noray Nakis y también la detención de Roberto Petrov, custodio histórico de Moyano, que preanuncian una premonición de Elisa Carrió cuando dijo: «quiero ver preso a Moyano», y algo parecido anuncia Carlos Pagni, el columnista estrella de La Nación, diciendo que Alberto Abad, director de la AFIP, no le levanta la inhibición a OCA, pese a que el juez autorizó la convocatoria de acreedores.

Supongamos por un momento que un juez ordena detener a Hugo Moyano al tiempo que se decreta la quiebra de OCA y quedan 7.000 camioneros en la calle. ¿Qué pasará con el resto de los camioneros liderados por Pablo Moyano? ¿Se quedarán en el molde? ¿O decretarán una huelga del gremio más poderoso y violento del país? Si estos hechos sucedieran y el gobierno ganara esta batalla y lograra imponer la reforma laboral, o bien otros gremios se sumaran a la pelea por miedo, porque el día de mañana le toque a alguno de ellos.

Está claro que se viven momentos de definición en la lucha entre el gobierno y los sindicatos.

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