Por Antonio Rossi.-

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz lograron algo que parecía impensado en las provincias de la región patagónica.

Practicamente la totalidad de las entidades gremiales de la Patagonia se unieron para repudiar la insólita movida que llevaron adelante los funcionarios nacionales en los puertos del sur del país.

Apurado por mostrar una baja simbólica en los fletes marítimos, Dietrich dispuso que la Prefectura Naval Argentina (PNA) utilice sus embarcaciones para remplazar a las lanchas privadas que se encargan de transportar a los prácticos hasta los barcos de cargas que ingresan y parten de los puertos locales.

Con el visto bueno del ministro, la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo (DNTFM) -que conduce Gustavo Deleersnyder y depende de Metz-implementó a mediados de octubre una “prueba piloto” en los puertos patagónicos para tratar de recortar los costos portuarios usando los equipos y recursos de la Prefectura Naval.

Con la excusa de que a un práctico de Puerto Madryn las empresas de lanchas le habían -supuestamente- negado el traslado hasta un barco, el ministerio de Transporte le ordenó a la Prefectura que comience a atender ese servicio con sus embarcaciones y con una tarifa casi irrisoria que no alcanza a cubrir los costos de combustibles de cada viaje.

Ante esa situación, los gremios de la Patagonia rechazaron la medida y anticiparon que de proseguir con este tipo de acciones llevarán adelante un plan de lucha y paro de actividades.

El documento de repudio a los funcionarios nacionales fue suscripto por los dirigentes de las siguientes entidades sindicales: Textiles, UPCN, Empleados de Comercio, Guincheros, Sindicato de Seguridad Privada, Municipales, Camioneros, Luz y Fuerza, Foetra, UCRA, Trabajadores de AFIP, Sindicato Viales, Peones de Taxis y Centro de Patrones y Oficiales Fluviales y de Cabotaje Marítimo.

Los gremios advirtieron que “la intención de bajar costos por parte del Gobierno Nacional en los servicios ofrecidos a corporaciones extranjeras debe salir indefectiblemente de medidas económicas o de estricto orden impositivo, pero nunca de la amenaza o pérdida de la fuente laboral de los trabajadores”.

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