¿Ahora pactamos con los narcos?

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“Guille” Cantero llega anteayer a los tribunales rosarinos.

La banda rosarina “los monos” acaba de “¿sellar un paco?” con la justicia santafesina en medio de un operativo policial y del servicio penitenciario provincial casi “de película”. ¡Lo único de película es ver a la justicia y a un gobierno pactando con los narcotraficantes! Toda una verdadera vergüenza que no ha logrado escandalizar a una sociedad adormilada y apática que vive el flagelo del narcotráfico como algo natural. ¡Algo muy grave está sucediendo en Argentina! Custodiados por policías enmascarados y vigilados por un helicóptero, 18 de sus integrantes llegaron ayer a Tribunales. Allí firmaron un polémico acuerdo: admitieron distintos delitos comunes a cambio de penas reducidas.

Hemos llegado a tal grado de inconsciencia colectiva que la sociedad argentina termina por “no reaccionar ni siquiera ante situaciones extremas”, tal el caso de la justicia rosarina que durante meses fue pactando con el líder máximo de la peligrosísima banda narco “Los Monos” una reducción de pena a cambio de que “admitieran distintos delitos comunes” que pareciera ser que ni la policía ni la justicia lograban probar. ¡Toda una verdadera vergüenza para un Estado incompetente al extremo! Fue el final de un juicio abreviado, acordado entre abogados defensores y fiscales, con el cual Cantero, el jefe narco, cerró dos causas en las que admitió su culpabilidad: el liderazgo de una “asociación ilícita (?)” y su “participación secundaria en un crimen resonante”. A cambio recibió una pena verdaderamente vergonzosa por lo mínima de 9 años de prisión. Como está preso desde 2013, ayer se estimaba que podría obtener la condicional en algo más de cuatro años. El juicio abreviado incluyó a otros 17 integrantes de la banda, todos señalados como integrantes de una “asociación ilícita” montada para cometer crímenes, amenazas y lesiones, entre otros delitos. Todo con un fin económico. ¡En la causa no se investigó a “Los Monos” por narcotráfico: “ya que ese delito entra en la órbita de la Justicia Federal”, donde aún no se conocen expedientes que involucren a esta organización, todo por leyes polémicas como mínimo que impiden a la justicia ordinaria actuar contra el tráfico de estupefacientes, mientras la justicia federal pareciera que “no tiene ningún apuro en hacerlo”!

Las penas acordadas por 13 de los imputados oscilan entre los tres y los ocho años de prisión (en cuatro casos, sólo de cumplimiento condicional). Otros cuatro acusados obtendrán una “probation” (suspensión de juicio a cambio de tareas comunitarias). “De acuerdo a la prueba que existía y ante la posibilidad cierta de una pérdida del juicio, era preferible aceptar la condición de “partícipe secundario (?)” (de Cantero) en el crimen que se investigaba. Esta causa no se cierra, sigue. Es un primer paso para borrar la idea de impunidad”, dijo ayer el fiscal de Cámaras, Guillermo Camporini, para defender este escandaloso acuerdo. Así intentó responder a las críticas que rodearon al pacto, en el que algunos vieron la búsqueda de “un rédito por parte del gobierno provincial de cara a las elecciones”. Como parte del acuerdo, los abogados de Cantero lograron que se modificara la acusación inicial que pesaba sobre él por el homicidio de Diego Demarre, el dueño del boliche en cuyas inmediaciones asesinaron el 26 de mayo de 2013 a Claudio “Pájaro” Cantero (hermano de “Guille” y también integrante de la cúpula de “Los Monos”). En la investigación se determinó que la banda acusaba a Demarre de haber “entregado” al “Pájaro”. Y que por eso lo mataron.

“Guille” Cantero estaba imputado como autor material del crimen de Demarre, por lo que arriesgaba una condena a perpetua. Pero en febrero la esposa de la víctima cambió su declaración y dijo que no podía identificar a los asesinos. Poco después, el líder de “Los Monos” logró el acuerdo mediante el cual se lo considera “partícipe secundario” del homicidio. Lo mismo ocurrió con Jorge Chamorro y Leandro Vilches, dos sicarios de la banda que ayer desfilaron por Tribunales para recibir ocho años de prisión efectiva por su “participación secundaria” en el crimen de Demarre. La madre de “Guille” Cantero también firmó el acuerdo ayer, al igual que el asesor financiero de la banda, un policía santafesino y un suboficial de Prefectura. Otros 18 agentes -diez pertenecían a la Policía santafesina y uno a la Federal- rechazaron el pacto y continúan adelante con el juicio para tratar de probar su inocencia. Como parte del pacto y verdaderamente lo único para poder ser destacado, el Estado “recuperará propiedades que habían comprado miembros de la organización”. Por ejemplo, una fastuosa mansión que los Cantero habían levantado sobre tres hectáreas y que tenía todo tipo de lujos, incluso una caballeriza. “No estamos conformes. Pretendíamos la absolución y la nulidad de todo el proceso”, evaluó ayer Carlos Varela, abogado de la familia Cantero en clara aprobación de la teoría Zaffaroni de que los criminales son productos sociales y víctimas de la situación de emergencia socioeconómica nacional.

La remera blanca contrastaba con el chaleco antibalas negro. Esposado y rodeado por policías encapuchados, Ariel “Guille” Cantero ingresó en los tribunales provinciales de Rosario con el gesto adusto y el pelo prolijamente cortado. “El líder de la banda narco “Los Monos”, la más poderosa de la ciudad”, fue trasladado a las 13.50 de anteayer hasta allí para estampar su firma en un pacto negociado con la Justicia durante meses. Cuatro camionetas de la Policía y un helicóptero terminaron de darle marco cinematográfico a la escena, con la que se cerró un acuerdo que generó fuertes controversias y que le permitió al acusado atenuar una posible condena a perpetua. ¡Pero lo increíble no termina acá! A veces la realidad supera la ficción. Y en el mundo narco esto suele ocurrir con más frecuencia de lo que se cree. Así lo demuestra un peculiar hecho, confirmado ayer por “Clarín”: el peruano “Marco Antonio Estrada González -alias “Marcos”, condenado en tres causas como narcotraficante y líder del negocio de la droga en la villa 1-11-14” -del Bajo Flores- vive en el mismo barrio privado que el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados. Tanto Granados como “Marcos” -quien actualmente está en libertad condicional- son vecinos de “La Celia”, un barrio privado ubicado en un ramal de la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 25, en Ezeiza. Ninguno está en la zona por casualidad: cada uno tiene su historia particular en el lugar. Granados fue intendente de Ezeiza y su familia reside en “La Celia” desde hace unas ocho décadas. Estrada González (“Marcos”) compró su primera propiedad en el lugar en 2005 y desde allí escapó a Paraguay en julio de 2007, cuando se ordenó su captura nacional e internacional como líder de una banda narco.

En el country vive también la esposa del narco, Silvana Salazar. La mujer fue detenida en la misma causa por drogas que “Marcos”. Pero luego se le otorgó la prisión domiciliaria para que pudiera cuidar a sus tres hijos y volvió a instalarse en “La Celia”. “Marcos” finalmente fue detenido en noviembre de 2007 en Asunción del Paraguay y extraditado a nuestro país. La cercanía de “La Celia” con el penal de Ezeiza, donde fue recluido el narco, facilitaba las constantes visitas de sus laderos a su mujer: “iban y venían llevando mensajes de la cárcel al country”. Fue precisamente cuando la Justicia federal de Capital corroboró el sistema de “correos personales” que funcionaba entre “La Celia” y el penal de Ezeiza que se decidió revocar la prisión domiciliaria que gozaba Silvana Salazar. Entre 2013 y 2014, tanto Salazar como “Marcos” lograron salir de la cárcel por la puerta grande. Gracias a la firma de “dos juicios abreviados consiguieron condenas menores (¿)” (ella, a 8 años de prisión y él, a 10) y se les otorgó la libertad condicional. En esa situación legal se encuentran actualmente. Siendo el antecedente de lo recientemente ocurrido en los tribunales de Rosario con el capo y los secuaces de la banda de “Los Monos” Ya en libertad, el matrimonio se afincó definitivamente en el country de Ezeiza. En el lugar, según fuentes judiciales y policiales consultadas por “Clarín”, viven en un dúplex pero también habrían comprado otros terrenos.

“Incluso instalaron un local donde funciona un templo evangélico y “Marcos” construyó una pista de skate para los hijos de los vecinos”, confió una de las fuentes consultadas por “Clarín”. En el barrio se cuentan muchas historias de “Marcos” y su familia dado que, al parecer, en “La Celia” también tendrían propiedades uno de sus hermanos y un sobrino. Una sostiene que hace poco el matrimonio Estrada-Salazar festejó en su dúplex el cumpleaños de su hijo menor y que, como souvenir y recuerdo de la fiesta, cada chico se llevó a su casa una tablet. Algunos padres la devolvieron, otros no. La historia del ministro Alejandro Granados en el barrio es mucho más antigua -su propiedad pertenecía a sus padres- y en ella resalta un episodio violento. En noviembre de 1999, tres ladrones intentaron robar su casa en “La Celia”. Cuando entraron, el entonces intendente los recibió a los balazos y frustró el asalto. “Tenemos que poner mano dura: o caía muerto yo o caían muertos ellos”, dijo en aquel momento a la prensa, mientras mostraba la herida de bala que le habían provocado en una mano. “Era el malviviente o yo: ojalá le hubiera pegado. Lamentablemente tuve mala puntería”, agregó. Según se pudo saber, el hecho de “tener de vecino a uno de los narcos más pesados y conocidos de la Argentina no le provoca ninguna gracia al ministro”. Pero la realidad es que puede hacer poco al respecto: las causas de narcotráfico contra “Marcos” no tramitaron en la Justicia bonaerense -situación similar a la santafesina- y Estrada González no está prófugo, por lo que puede estar en su casa sin ningún problema. Goza de libertad condicional y su pena vence en 2017. “Esta situación le es totalmente ajena al ministro y quien se debe ocupar de él (por “Marcos”) es la Justicia, que fue la que le otorgó la libertad condicional y la que frenó un pedido de la Dirección de Migraciones para expulsarlo del país”, dijeron ayer fuentes del Ministerio de Seguridad.

La historia de este narco peruano marca que la villa porteña 1-11-14 fue durante más de una década la base de operaciones desde donde Marco Antonio Estrada González, alias “Marcos”, manejó sus negocios de venta de cocaína y paco. De nacionalidad peruana, el capo narco vivió allí con su familia hasta que en 2007 huyó a Paraguay, dos días después de que su suegra, Lucila Enríquez Alarcón (“Doña Lily”), fuera detenida junto a otras veinte personas en un megaoperativo antidrogas hecho en el barrio. A pesar de que “Marcos” ya no volvió al lugar, distintas investigaciones señalan que mantiene su poder. En la zona sigue funcionando el “mercado central” de la droga en Capital, a pesar de que hoy cuatro fuerzas de seguridad diferentes -la Policía Federal, la Metropolitana, Gendarmería y Prefectura- comparten su custodia. El narcotráfico y la violencia siguen intactos. De hecho, el domingo pasado 12 de abril cuatro jóvenes (tres hermanos y un amigo) fueron masacrados en la manzana 26 de la villa. Recibieron en total 34 disparos disparados por cuatro sicarios que llegaron en dos motos. Es que en la villa 1-11-14 la disputa de territorios y poder para comerciar drogas va incluso más allá de la influencia, todavía fuerte, de Estrada González. Esta villa 1-11-14 no sólo está dividida en distintos sectores narco. La avenida Riestra también separa jurisdicciones policiales y judiciales. Las últimas masacres y vendettas ocurrieron en un área que depende de la comisaría 34°, en la que interviene la fiscalía distrital de Pompeya.

Según registros de esta fiscalía, en 2013 hubo en la zona 10 homicidios y cinco heridos graves relacionados directamente con la violencia narco. A este número se sumaron, en 2014, siete muertes y tres heridos más. Y el 2015 también pinta aterrador. En su conjunto, la villa 1-11-14 tiene una larga y triste tradición de homicidios provocados por la lucha de poder dentro del asentamiento. La historia cuenta que los primeros en hacerse fuertes allí fueron los paraguayos. A mediados de los ‘90, el capo en cuestión era un hombre de esa nacionalidad, llamado Julio Valderrama, pero fue destronado a los balazos en 1996 por Julio Chamorro Revollar, quien lo mató a él y a dos de sus laderos. Sin embargo, a Chamorro Revollar le duró poco el trono: en 1999, el peruano Marco Antonio Estrada González, alias “Marcos”, y los hermanos Alonzo Rutilio y Esidio Teobaldo Ramos Mariños, “Ruti” y “Meteoro”, lo asesinaron en la llamada “canchita de los peruanos”. Todo quedó en manos de este triunvirato, pero un paso por la cárcel de todos ellos en una causa menor de narcotráfico resquebrajó la relación. “Meteoro” fue una de las primeras bajas de “Ruti” en la guerra que lo enfrentó a su antiguo aliado. Pero no fue el único caído: las cifras más conservadoras sostienen que la guerra entre los narcos peruanos se cobró al menos 20 víctimas hasta que “Marcos” se asentó como dueño y señor de la 1-11-14. El capítulo más negro de este enfrentamiento será recordado por siempre: en 2005 en un episodio que algunos atribuyen a la iniciativa de “Ruti” y otros a la de “Marcos” se produjo la Masacre del Señor de los Milagros, donde cinco personas -entre ellas un bebé- murieron al quedar en el fuego cruzado.

Hoy los vecinos del Bajo Flores parecen atrapados en una pesadilla recurrente. Este vez la mayor cantidad de sangre parece correr del otro lado de la Avenida Riestra, un sector dominado por paraguayos y argentinos. Pero esto no quiere decir que del lado peruano todo sea un paraíso, ni mucho menos. Condenado en juicio abreviado en dos causas de narcotráfico, “Marcos” logró su libertad condicional increíblemente en febrero del año pasado -como ya explicamos- y se mudó a un country de la zona de Ezeiza. Periódicos operativos y allanamientos en la zona -que muchos aún marcan como terreno de “Marcos”- hacen pensar que el líder peruano sigue manejando a su antojo gran parte del expendio de cocaína y paco del asentamiento. Agustín Lezcano González (24), quien el domingo 12/04 a la noche murió acribillado en la villa 1-11-14 junto a dos a sus hermanos -Leticia (19) y Hugo (30)- y un amigo, había recibido amenazas de un grupo narco del barrio. Así se lo contó la madre de las víctimas a la Justicia. Según ella, el acoso tenía directa relación con una causa por tráfico de drogas iniciada por el juez federal Sergio Torres, en la que otro hermano Lezcano González, Gustavo (21), está preso desde abril de 2014. Las circunstancias de las amenazas aún no están del todo claras y son investigadas en la fiscalía de Pompeya, a cargo del caso. De acuerdo a la versión familiar, Gustavo cayó detenido en abril del año pasado “de garrón” porque la noche de los allanamientos ordenados por el juez Torres se había quedado a dormir en lo de un amigo, lugar donde se produjo uno de los allanamientos. Ese episodio habría generado fricciones de uno y otro lado. Los Lezcano González reclamaban que uno de los líderes de la organización desbaratada por Torres se ocupara de aclarar la situación de Gustavo. Por otro lado, los narcos habrían insistido en que Gustavo no abriera la boca aportando datos que pudieran comprometerlos.

“Esa es la versión de la familia. Lo que a nosotros nos parece es que como motivo es insuficiente para producir semejante masacre, pero habrá que profundizar la pista”, confiaron fuentes de la investigación. En la causa por el cuádruple crimen está previsto que declare Gustavo, pero aún no lo hizo porque se encuentra en estado de shock: alojado en el penal de Marcos Paz, una asistente social le informó el lunes que tres de sus hermanos habían sido asesinados. Desde entonces permanece sedado en el hospital de la unidad. Si bien los hermanos Lezcano González vivían desde hace tiempo en General Rodríguez, Leticia seguía manteniendo su domicilio en la manzana 26 de la villa 1-11-14, una de las zonas más calientes del asentamiento en la que se libran guerras entre narcos paraguayos y argentinos. El domingo pasado, la joven fue a reunirse con su familia en General Rodríguez porque era su cumpleaños. Casi sobre la medianoche volvió al barrio. Con ella iba su hermano mayor Hugo -paralítico debido a un balazo-, quien al día siguiente iba a ser operado en el Hospital Rivadavia. Para estar más cerca dormiría en lo de su hermana. El grupo lo completaban Agustín y un amigo, Fabio Gómez Ruiz Díaz (21), que según declaró su padre era carpintero. Todos ellos llegaron al sector paraguayo de la villa casi sobre la medianoche del domingo a bordo de un Mercedes Benz Clase A. Apenas se bajaron del auto comenzaron los disparos. Según testigos, los sicarios iban en moto y los atacaron directamente disparándoles a la cabeza. En el lugar quedaron tirados 24 casquillos de munición calibre 9 milímetros y .40.

Un primer examen determinó que las víctimas tenían 34 impactos de bala. Sólo la autopsia determinará si esa fue efectivamente la cantidad total de disparos o si alguna bala produjo más de un orificio en los cuerpos. Además de que el ataque fue en la misma zona de otras masacres recientes, el antecedente más directo para explicar el crimen es el expediente judicial 11090/12 que en su momento investigó el juez Sergio Torres y ya fue elevado a juicio oral con Gustavo Lezcano González como uno de los cinco procesados. Una de las versiones que ayer circulaban en relación al cuádruple crimen indicaba que la venganza pudo haber sido motivada por alguna declaración de Gustavo en el expediente de Torres, causa que involucraba a tres bandas narco que se turnaban para ocupar los puestos de venta en las manzanas 26, 9A y 9B de la villa. Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron a Clarín que Gustavo sólo declaró en la causa que estaba de pura casualidad en el lugar donde lo detuvieron. No incriminó a nadie ni en el juzgado de Torres ni en el Tribunal Oral Federal a cargo del juicio. “Quiero aclarar que no conozco a nadie de las personas que me nombraron. No tengo nada que ver con eso”, dijo Gustavo, quien fue acusado de ser “vigía” de la organización. “La villa 1-11-14 es un caso paradigmático de una vertiente marginal pero brutalmente disolvente del narcotráfico en la Argentina”.

Así como lo son los grupos narcos de Santa Fe que se mueven libremente en esa jurisdicción. Durante la última década, y al compás de la crisis de los carteles colombianos y mexicanos, el circuito se reorientó hacia el sur convirtiendo al país en un nexo intermediario crucial para la colocación de grandes cargamentos en Europa. Los carteles explotan a comunidades indígenas y campesinos de la sierra central peruana para producir pasta base que luego se transporta a Bolivia para su procesamiento como clorhidrato de cocaína. Sin embargo, algunos aventureros emprendedores procuran escapar al dominio de mexicanos y colombianos para iniciar un camino propio introduciendo su “pasta base” por la frontera argentina, sorteando los controles de las fuerzas de seguridad. La mayoría fracasa y son detenidos. Pero la minoría que lo logra procura instalarse en los grandes centros urbanos para abrirse su propio espacio en un mercado lateral como el local. Allí instalan sus “cocinas” para transformar la “pasta” en cocaína. Como en la mayoría de los casos ya hay compatriotas (?) “dueños de la situación”, se asocian a ellos o los enfrentan aliándose a otros contendientes para desplazarlos. Villas y asentamientos como el citado se convierten en zonas morales en donde priman códigos ajenos a la ley, precisamente en sitios de la sociedad en los que el Estado o ha desaparecido o procura, por diversas vías y razones, participar de los lucros del negocio.

Pero el insumo humano básico para la actividad son los adolescentes reclutados en la pobreza profunda de esas comunidades: son la mano de obra indispensable para operar como guardias de las zonas de expendio y como fuerzas de choque con competidores. No por nada se los llama “soldados” porque los narcos los adiestran debido a su paso frecuente por fuerzas de seguridad en sus países de origen u organizaciones insurreccionales como “Sendero Luminoso” que ingresaron al país con el beneplácito explícito del kirchnerismo. También son los consumidores más redituables del principal producto de las “cocinas”: el “pako”, procedente del residuo de la cocción de la pasta base. La adicción que torna al mercado de los jóvenes pobres en más rentable que el de la cocaína debido a que para sostenerla pueden llegar a requerir hasta la toma de veinte dosis diarias. Ello atiza su bravura para la comisión de otros actos delictivos como el robo “al voleo” en procura de dinero para adquirir un “pako” cuya dependencia los torna en virtuales esclavos de sus jefes. Ambos, sin embargo, están unidos por el mismo destino final: los “soldados” porque en su inmensa mayoría mueren por sobredosis o enfrentamientos; y los capos porque conforme logran implantarse en un mercado, su extensión atiza las citadas “guerras” impulsadas por la llegada de nuevos paisanos o de otras nacionalidades limítrofes. El círculo de la violencia, entonces, se espiraliza y se difunde al resto de la sociedad.

Pablo, un asiduo comprador de droga, dice que esa vez llegó a la villa cerca del mediodía. “Por eso andaba con anteojos. Entró por el pasillo de siempre, y uno de los peruanos que recibía a los habitués, como él, le pidió los anteojos, apuntándolo con una pistola. “Tranquilo, no te los voy a robar”, agregó ante el desconcierto de Pablo. El peruano se guardó la 9 en la cintura: con las dos manos tomó los anteojos y los observó detenidamente. Quería ver si tenía cámaras”. A los narcos peruanos de la villa 1-11-14 no les importaba que se formaran largas filas para comprarles drogas. Tampoco que los clientes bajaran en bandas de los colectivos que pasan por el asentamiento. Ni que se cruzaran, buscando lo mismo, hombres que mantenían disputas por peleas de barrio o de fútbol. Les preocupaban las posibles cámaras ocultas. “Si hacías la fila, no podías sacar el celular de los bolsillos”, recuerda Pablo. “He llegado a ver a peruanos que apuntaban en la cabeza al que le sonaba el teléfono. “Apagalo, apagalo mientras estás acá o te mato”, les decían”. A muchos los palpaban. La primera vez que Carlos, un taxista de CABA, llevó pasajeros a la 1-11-14 fue hace cinco o seis años. Lo pararon en la puerta de la discoteca “Pachá” y le pidieron que los llevara hasta Rivadavia y Acoyte. En esa esquina, le dijeron que era más adelante. Hasta que se lo blanquearon: “mirá, vamos a la villa a comprar merca. Pero está todo bien. No va a pasar nada”. Eran las cuatro y media de la mañana. Carlos fue por Perito Moreno y entró por Varela. Uno bajó y el otro se quedó con él. Se fueron a otra esquina de la villa y esperaron al que había ido a comprar.

“Los peruanos medio que no se meten con nosotros. Yo fui varias veces más, y con todos los taxistas que hablé y que fueron, que yo sepa, a nadie le pasó nada. Debe ser como un código: si el taxi pasa con la banderita de libre, tal vez lo roban. Si está con pasajeros, es porque está llevando clientes, y no le hacen nada”. Lucas , un habitué de la villa, estalla de risa ante la pregunta de si alguna vez escuchó de alguien que terminó en la comisaría cuando los patrulleros paraban autos a la salida de la villa. “Ellos quieren plata y la droga. Lo primero que te dicen es “dame lo que compraste”, y ven qué plata te pueden sacar. Ni siquiera te piden que les marqués a los que venden”, dice. Por eso, con sus amigos tenían una estrategia. Si compraban cinco bolsas de cocaína, guardaban una en un bolsillo, para que los policías la encontraran, y creyeran que era lo único que tenían. Lo más loco que le pasó fue de tarde. Entró y escuchó un silbido, y vio movimientos, corridas. Al parecer, el silbato era señal de que la Policía estaba entrando. Se quedó en la fila. En media hora, era de media cuadra. De las tres clases sociales: podía hablar con un nene en situación de calle hasta con un profesional de clase alta. Hasta que se escuchó un grito: “¡todo bien!”, y volvieron a vender. Los Policías se habían ido, y todos festejaron: los clientes y los narcos. “Lo que me llama la atención es el contraste: vas de tarde y ves muchos nenes que salen de la escuela, gente que vuelve de laburar y los narcos por todos lados, como si nada. Nunca hice más de una cuadra para adentro de la villa. Entrabas y se te abalanzaban: “alto o bajo” te preguntaban, por cocaína o pasta base. Cada vez que iba le compraba a un narco distinto. Es como que te sentís protegido: nadie te va a robar si estás para comprar, aunque escuché de gente que fue y en la entrada le sacaron la moto”, resume. Y cierra: “los únicos que te pueden robar son los gendarmes adentro de la villa. Y los policías afuera”.

¡Reamente tenebroso porque ninguna autoridad, ni ningún candidato habla del tema y cuando algún “personaje” suele meterse en la temática es simplemente para “sacar rédito propio”, pero nunca jamás para intentar proponer soluciones “realistas” a este verdadero flagelo que nos viene azotando especialmente desde hace una década, en coincidencia con la propalada “dékada ganada” del cristikirchnerismo!

Arq. José M. García Rozado

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1 comment for “¿Ahora pactamos con los narcos?

  1. jose
    26/04/2015 at 1:59 AM

    De gracias que por ahora puede pactar.
    Mas adelante ,directamente, le impondrán condiciones.

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