El atentado a la AMIA

Por Hernán Andrés Kruse.-

Hoy, 18 de julio, se cumple el vigésimo segundo aniversario del más sangriento ataque del terrorismo en nuestro país. Ese día, pero de 1994, un coche bomba demolió promediando la mañana la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cuyo saldo fue de 85 muertos y 300 heridos. Hasta hoy, los culpables se siguen mofando de las víctimas y de sus familiares.

Ese año estaba por concluir su primera presidencia Carlos Saúl Menem, un histórico dirigente peronista oriundo de La Rioja y de ascendencia árabe y religión musulmana. Dos años antes, en marzo, otro atentado terrorista, también impune, había volado la embajada de Israel en Buenos Aires. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Sin embargo, hasta ahora no hay pruebas concluyentes que corroboren que Fulano y Mengano fueron los responsables del ataque a la AMIA y que XX fueron las razones. Hasta el día de la fecha se han enarbolado una serie de hipótesis pero lo concreto es que hoy por hoy no hay nadie condenado. La hipótesis que más fuerza cobró a lo largo de estos 22 años es la siguiente. Al asumir como presidente de la nación, Menem introdujo un cambio copernicano en la política exterior del país. Consciente de los profundos cambios que se producían a nivel internacional (derrumbe del muro de Berlín y ocaso del comunismo), decidió alinear al país con el gran ganador de la guerra fría: Estados Unidos. Apenas asumió se acercó de manera incondicional al por entonces presidente norteamericano George Bush, quien había sucedido a Ronald Reagan, un halcón de la guerra fría. Para demostrarle al flamante patrón del mundo que su alineamiento no era pura retórica, puso en práctica una política interna e internacional acorde con los nuevos tiempos. En el orden interno impuso sin anestesia la “economía popular de mercado” que en la práctica significó la privatización de todas las empresas estatales y la convertibilidad para combatir el flagelo de la inflación. Pero Menem le quiso demostrar a Bush que su alineamiento era más audaz aún. En 1990 el dictador de Irak, Saddam Hussein, otrora aliado de Reagan en la guerra Irak-Irán, no tuvo mejor idea que anexar Kuwait y su inmensa riqueza petrolífera. Bush no podía permitir que esa riqueza estuviera en manos de Hussein. Con el apoyo de Gran Bretaña y gran parte de los países de Europa, Estados Unidos lideró una gigantesca fuerza de combate para liberar a Kuwait de las garras de Hussein. Astuto y pragmático, Menem decidió el envío a la zona caliente del Golfo Pérsico de dos buques de guerra. Que lo haya hecho sin consultar al Congreso es apenas un “detalle”. Desde el punto de vista militar la presencia de esos buques era insignificante, pero no así desde el ángulo simbólico. Con ese gesto, que Bush siempre destacó, Menem le hizo ver a Occidente que su alineamiento lejos estaba de ser un “verso”. De esa forma, Menem introdujo a la Argentina en un conflicto muy serio, en una guerra que en el fondo no era otra cosa que un nuevo capítulo del milenario conflicto entre el cristianismo y el islamismo. Un año después la Embajada de Israel en Buenos Aires volaba por los aires. Dos años después de ese atentado, la sede de la AMIA era reducida a escombros por un coche bomba. ¿Casualidad o causalidad? Siempre se dijo que el mundo árabe había efectuado aportes importantes a la campaña presidencial de Menem. También se murmuró que el riojano no había cumplido con determinadas promesas. Lo cierto es que entre 1992 y 1994 la Argentina sufrió sus dos peores atentados terroristas.

Las escenas que se vieron por televisión inmediatamente después de la voladura de la AMIA eran sencillamente escalofriantes. El barrio de Once se asemejaba al Líbano. Todo era escombros, humo, fuego y muerte. Si algún argentino creyó en aquel entonces que muy pronto los culpables serían juzgados y condenados, se equivocó groseramente. Porque lo que sucedió a partir de entonces con la investigación fue lisa y llanamente una vergüenza, una afrenta a la memoria de los muertos y la dignidad de sus familiares. La investigación judicial quedó a cargo del fiscal Eamón Mullen y del impresentable juez federal Juan José Galeano, mientras que la investigación de inteligencia quedó en manos del por entonces jefe de Operaciones de Contrainteligencia de la SIDE, Jaime Stiuso, quien veinte años más tarde se haría popular a raíz del caso Nisman Otro personaje importante fue el comisario de la Policía Federal que formó parte de la investigación, Jorge Fino Palacios, vinculado al actual presidente de la nación, Mauricio Macri. ¡Qué triunvirato: Galeano, Stiuso y Palacios! El resultado no podía ser otro que la impunidad. Desde un principio se habló de la pista iraní. Hubo otros, como el profesor Carlos Escudé, que prefirieron hablar de la pista siria. El impresentable Galeano se entrevistó en Venezuela con un tal Motamer (sindicado a posteriori como agente de la CIA), quien le sobre la existencia de cuatro diplomáticos iraníes en Buenos Aires, quienes habrían sido los autores del atentado. En 1995 el Senado de la Nación autorizó la conformación de una Comisión Especial Investigadora y tiempo después quedó constituida la Unidad Especial de Investigación cuyo titular era el representante del Poder Ejecutivo ante la Comisión mencionada precedentemente. Dicha Comisión estaba integrada por Departamentos y Divisiones de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas expertas en la lucha contra el terrorismo, además de la Oficina Anticorrupción del ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Fue Napoleón a quien se le atribuyó la frase “si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión”. Sabias y premonitorias palabras.

En 2001 se inició con bombos y platillos el juicio oral contra 22 acusados de haber formado parte de la denominada “conexión local” y de haber facilitado la camioneta que fue utilizada como bomba. Entre los acusados se destacaban Carlos Telleldín, hoy abogado, y el ex comisario Juan José Ribelli, hoy también abogado. La agrupación Memoria Activa cuestionó la investigación y al impresentable Galeano. En 2003 la Justicia argentina acusó de manera formal al gobierno iraní de haber planificado el ataque y al grupo fundamentalista islámico Hezbolá de ejecutarlo. A raíz de ello, ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés fueron imputados de ser los autores. Según el impresentable Galeano Argentina fue elegida como blanco del ataque luego de que el gobierno de Menem decidiera suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán. A fines de 2003 el impresentable Galeano fue separado de la causa. En septiembre del año siguiente fueron absueltos todos los acusados argentinos del juicio oral (Ribelli y compañía). Quien permaneció tras las rejas fue Telleldín, acusado de haber recibido 400 mil dólares para involucrar a policías de la bonaerense. También decidió investigar las irregularidades que habrían cometido algunos funcionarios y dirigentes, entre ellos el mismísimo Carlos Saúl Menem. Una década más tarde la Cámara Federal ordenó al juez Ariel Lijo investigar a Carlos Corach, ex ministro de Menem, por el encubrimiento del ataque. Durante la larga e inútil investigación se libraron órdenes de captura internacional contra varios funcionarios iraníes señalados como sospechosos de haber planificado la voladura de la AMIA, destacándose Mohsen Rabbani y el ex embajador iraní en Buenos Aires en aquella época, Hadi Soleimanpour, quien en 2003 fue detenido en Gran Bretaña. Luego de ser su caso examinado de manera pormenorizada, las autoridades británicas llegaron a la conclusión de que, al no haber pruebas, debía ser liberado negándose de esa manera a acatar el fallo de la Justicia argentina. A manera de contraataque, el fiscal general iraní solicitó la captura de Galeano y del fiscal del caso. En octubre de 2006 la fiscalía, ahora con un nuevo fiscal, Alberto Nisman, y nuevas pruebas, acusó nuevamente al gobierno iraní y al Hezbolá, solicitando al nuevo juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, la renovación de los pedidos de captura, extendidos ahora a cinco funcionarios iraníes y un ciudadano libanés. El magistrado no se quedó quieto y ordenó la captura de siete ex funcionarios iraníes y de un miembro operativo libanés del Hezbolá. Un año más tarde, Interpol ratificó las decisiones de la Justicia argentina y ordenó emitir las circulares rojas para capturar a seis personas acusadas de haber participado en la voladura de la AMIA, entre ellos el ex agregado cultural iraní en Argentina, Mohsen Rabbani.

Durante estos años tuvieron lugar dos juicios muy importantes. El primero, ya mencionado, tuvo lugar en 2001 como resultado de años de investigación a cargo de los fiscales federales Mullen, Barbaccia y Nisman, y el impresentable Galeano. En el banquillo de los acusados estuvieron los supuestamente responsables de la “conexión local”, destacándose Carlos Telleldín y Juan José Ribelli. Tres años después el tribunal decidió la absolución de todos los acusados. El segundo juicio dio comienzo en agosto de 2015 y vienen estando sentadas en el banquillo de los acusados trece personas procesadas por el fiscal Nisman por participación y encubrimiento del atentado a la AMIA, vinculadas con la conexión local. Se destacan las figuras de Hugo Anzorregui, ex jefe de la SIDE durante el menemismo, y el propio ex presidente Menem.

Durante toda esta penosa etapa se produjeron denuncias muy graves. En 2003 Memoria Activa, el CELS y el CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) acusaron al impresentable Galeano y al propio estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la pérdida y destrucción de pruebas relevantes de la causa. Dos años más tarde el propio Estado argentino reconoció de manera formal su responsabilidad por la ausencia de medidas preventivas y el encubrimiento posterior del atentado (decreto 81/2005 del ex presidente Kirchner). En septiembre de 2007 Kirchner denunció en la sexagésima segunda Asamblea General de la ONU a Irán por su falta de colaboración para esclarecer el atentado. En mayo de 2013 el fiscal Nisman acusó a Irán de infiltrarse en Sudamérica para establecer redes de inteligencia con el objetivo de fomentar el terrorismo en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam. Sobre el ataque a la AMIA, Nisman enfatizó que no se trató de un caso aislado sino de una pieza más de un complejo tablero internacional caracterizado por la fuerte penetración iraní en la región.

El 27 de enero de 2013 la por entonces presidente Cristina Kirchner tomó una de las decisiones más polémicas del kirchnerismo: la firma con el gobierno de Ahmadineyad del Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán que creaba una Comisión de la Verdad para avanzar en la investigación del ataque a la AMIA. El entendimiento autorizaba la creación de una comisión compuesta por cinco comisionados y dos miembros escogidos por cada país en función de su prestigio internacional. Dichos representantes no podían ser ni argentinos ni iraníes. El acuerdo quedaría firme luego de que los parlamentos de ambos países lo aprobaran. El resultado inicial de este acuerdo fue el reflote de la pista siria, provocando un evidente perjuicio a la labor de investigación del fiscal Nisman. En mayo de 2014 la Cámara Federal declaró la inconstitucionalidad del acuerdo. El 14 de enero de 2015 el fiscal Nisman denunció públicamente a la presiente Cristina Kirchner de negociar la impunidad de los prófugos iraníes con el objetivo de “fabricar la inocencia de Irán”. El fiscal también acusó al canciller Timerman, al piquetero D´Elía y al diputado Larroque. El lunes 19 debía presentarse ante el Congreso para presentar las pruebas correspondientes. No pudo hacerlo porque horas antes su cuerpo fue encontrado en su departamento con un balazo en la cabeza. A partir de entonces hubo una serie de marchas y contramarchas que no hicieron más que entorpecer la investigación. Hasta el día de la fecha no se sabe qué pasó con el ex fiscal de la causa AMIA (fuente: Google-Wikipedia).

Pasaron 22 años de un atentado que costó la vida a 85 personas inocentes. Han pasado 22 años donde continúan imperando el silencio cómplice, la desidia al más alto nivel político, las falsas promesas y la corrupción sistémica. Han pasado 22 años y aún las almas de las víctimas no descansan en paz mientras los responsables intelectuales y materiales gozan de la libertad. Han pasado 22 años y la impunidad sigue cantando victoria y todo parece indicar que lo seguirá haciendo por un largo tiempo.