Por César Augusto Lerena.-

La imposición de gravámenes a las bebidas azucaradas contribuiría a reducir el consumo de azúcar y a facilitar el acceso de agua potable a las poblaciones más vulnerables.

Días atrás, la Cámara de Diputados de la Nación hizo Ley la Reforma Jubilatoria y, ahora, el Honorable Senado de la Nación se encamina a la aprobación de la reforma tributaria. Una y otra ley, tienen algo en común: están atadas a los votos de diputados y senadores de Tucumán, la principal provincia productora de azúcar de nuestro país, razón por la cual, se dejó sin efecto -al menos en Diputados- el aumento de impuestos a estas bebidas azucaradas.

La Argentina tiene el triste privilegio de ser el líder mundial de consumo per cápita de azúcar y, son las gaseosas y las aguas saborizadas, las responsables en gran medida de ello, ya que la Argentina lidera con 137 litros el mayor consumo mundial por persona y por año de gaseosas. Ello equivale en cifras al consumo per cápita/diario de azúcar a 36 gramos y 165 calorías y a un consumo total de gaseosas de unos 6 mil millones de litros/año con una facturación en la venta al consumidor final del orden de los 108 mil millones de pesos, es decir unos 6 mil millones de dólares por año; un número que ya quisieran llegar las industrias nacionales.

Mientras ello ocurre, cualquier alumno que haya cursado biología sabe, que sin agua no hay vida y alguien más preparado, que sin agua potable no hay desarrollo físico-intelectual ni salud y, que la enfermedad y la muerte tienen en el agua contaminada uno de los vehículos de transmisión e infección ideal. Así lo entiende la Organización Mundial de la Salud y lo regla la Constitución Nacional en sus artículos 41, 42 y 75, por lo cual, el agua potable debe estar al acceso de todos para el consumo y la higiene de las personas y de los ambientes donde conviven.

La OMS ha dicho, que la provisión de agua de manera continua o mediante grifos de sesenta litros por persona y por día, para atender los requerimientos citados, asegura un nivel bajo de riesgo en la salud. Estos números, que podrían parecer altos, están muy por debajo del consumo promedio diario por habitante de los argentinos con red domiciliaria y de los 158 litros de Londres, 171 litros de España y 197 litros en Noruega, países más preocupados en el uso adecuado del agua.

UNICEF Argentina y la OMS indican también que el 88% de los casos de diarrea infantil –la causa de mortalidad infantil más evitable– se impide con agua potable, cloacas e higiene individual y, está demostrado, que la calidad del agua de consumo y el lavado de manos con agua y jabón, reduce la incidencia de enfermedades diarreicas en más del 40%, lo que convierte a esta práctica en una de las intervenciones más eficaces en función del costo. Lo mismo, que en la prevención de otras enfermedades infecciosas y parasitarias. Ahora, qué probabilidades tienen, quienes dirigen las campañas de prevención contra la gripe “A” y, otras enfermedades, cuando promueven lavarse repetidamente las manos, si las personas vulnerables a quienes van dirigidos sus mensajes, no cuentan con agua potable.

Una interesante encuesta realizada entre especialistas por el British Medical Journal (2007) concluye: que el descubrimiento considerado como el más importante de los dos últimos siglos desde el punto de vista sanitario, es la universalización de los servicios de agua potable y cloacas y, que el avance hacia una cobertura universal permitiría obtener una reducción de la mortalidad infantil a niveles muy bajos.

En Argentina los últimos datos indican que un 15% de la población carece de agua potable, aunque estos números no tienen en cuenta el suministro de agua no apta por la presencia de arsénico, plomo, boro y otros metales en amplias zonas del país, por lo cual, nosotros creemos que tratándose de un elemento vital, un derecho previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de garantizarles a las personas “…en especial la alimentación…” y por ende el agua, alimento fundamental para la supervivencia, la provisión de esta debería ser tenida en cuenta en forma excluyente a la orden a la hora de encuadrar de pobres a las personas y obrar en consecuencia. No se puede estar por encima de la línea de la pobreza sin disponer de agua y cloacas, aun cuando sus ingresos superen la canasta básica total.

Esto ya lo ha entendido el mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000 aprobó la “Declaración del Milenio” y todos los Jefes de Estado se comprometieron a reducir para el 2015 a la mitad el hambre y las personas que carezcan de acceso a agua potable, a 15 años de este compromiso elemental la Argentina no ha cumplido, como lo indican sus estadísticas.

En este escenario, de carencia de agua potable, se incrementa el consumo de bebidas azucaradas, los integrantes de la familia se reducen, y ello no impide, que el tamaño de las llamadas “Gaseosas Familiares” pase de 1 a 3 litros, fomentando el consumo de estas bebidas.

El Estado debe garantizar que la alimentación sea inocua para todos los consumidores, y ello también incluye a los dos millones de diabéticos y otras tantas personas que no saben que padecen esta enfermedad y, al 57,9% de personas que sufren de obesidad según la FAO . Está en sus manos mejorar la dieta de los argentinos y la salud nacional.

La imposición de gravámenes a las gaseosas y aguas azucaradas, es doblemente importante, no solo porque ayudaría a desalentar la ingestión de azúcar, con la particularidad, de que las gaseosas y aguas saborizadas son consumidas especialmente por niños y adolescentes, sino también, porque contribuiría al acceso de agua potable por parte de la población más vulnerable, mientras se dota de infraestructura para estos servicios esenciales.

Bajo pretexto de que producirán despidos, las empresas han dado muestras de oponerse a estos impuestos, aun cuando estén fundados en razones sanitarias. Si aceptásemos este criterio estaríamos aceptando el uso de cianuro en las mineras a cielo abierto; el consumo de agua con arsénico; el uso de glifosato en la producción agrícola, la promoción del alcohol en los medios, etc. Ello es lo que ocurre en la Argentina.

Este impuesto no es novedoso. La OMS los propuso para combatir la obesidad el 12 de octubre de 2016. Francia los aplica desde el 2011. Otro tanto Ecuador en su reforma tributaria en abril de 2016; México y Chile desde el 2014 y, el Reino Unido inició su aplicación en marzo de 2017. En la Argentina lo propuso el Senador Pino Solanas en sus proyectos: “Los Alimentos Naturales y Artificiales” y “El Acceso Universal al Agua”, aunque poco hay que esperar de su aprobación, cuando el gobierno acuerda cambiar la caída de este impuesto por el voto para la aprobación de otras iniciativas. En la democracia, los acuerdos tienen el límite de que no sean espurios y sean saludables. Hacer la vista gorda al consumo de azúcar no parece que lo sea.

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