¡Canallas!

Por Enrique Guillermo Avogadro.-

“En los regímenes totalitarios, la cárcel es la trinchera de los hombres libres”. Jorge Mones Ruiz.

Al finalizar la II° Guerra Mundial que costó la destrucción de Europa y parte de Rusia y la muerte de 85 millones de personas, se juzgó en Nuremberg a 22 jerarcas nazis; luego, en otros procesos, a 177 más; es decir que, por esos hechos, sólo fueron juzgados 199 dirigentes alemanes y, en 1995, 50 años después, ya ninguno estaba en la cárcel. En la Argentina, que padeció una guerra -lo reconoció en el Tribunal que juzgó a las juntas- provocada por organizaciones terroristas instruidas y financiadas por Cuba, Checoeslovaquia y Rusia, y en la que perdieron la vida menos de 9000 guerrilleros, los vencedores fueron arrastrados ante la in-Justicia por Néstor Kirchner; éste, para obtener la indulgencia de la izquierda para la masiva corrupción que encabezaría, pactó con Horacio Perro Verbitsky, de Montoneros, la demonización de las fuerzas armadas.

Las cifras, publicadas por la Unión de Promociones, permite evaluar la diferencia entre ambos escenarios y la magnitud que alcanzó aquí esa artera maniobra: 2.824 personas fueron sometidas a proceso y, actualmente, descontando las 957 muertos ya registrados (793 sin sentencia firme), quedan 1050 condenados y 813 que aún no tienen veredicto definitivo; además, muchos de ellos eran, o son, héroes de Malvinas.

En 1986 y 1987, el Congreso sancionó las leyes de “obediencia debida” y “punto final”, y todo fue declarado válido por la Corte Suprema. Pero el infame Tuerto necesitaba torcer y falsear la historia para complacer a los subversivos; hizo que el H° Aguantadero declarara nulas esas leyes. Esas mismas ratas que fungían de legisladores, cuando algunos magistrados aplicaron a esos presos políticos la ley del “2×1” (por cada dos días de prisión preventiva se descuenta uno de la pena), “re-interpretaron” su propio texto para excluir de ese beneficio sólo a éstos. Luego, sacó a escobazos a los miembros de la Corte que se negaban a convalidar tamaño dislate y, entre los nuevos miembros, ingresó Ricardo Lorenzetti; el Mono (su nombre de guerra) no tuvo empacho en declarar que todos los procesos de “lesa humanidad” eran “una política de Estado consensuada entre sus tres poderes”; y como eso no fuera suficiente, manifestó que “los jueces habían obedecido al clamor de la sociedad”.

Para producir esos juicios, Kirchner recurrió a varios cómplices: a cobardes asesinos togados, a fiscales militantes (designados por los mismos terroristas), a falsos testigos +generosamente “indemnizados”- que recurrían a “una memoria construida colectivamente”, y a organismos (tuertos y corruptos) de derechos humanos. Todos “olvidaron” que rigen, garantizados por la Constitución, los principios de juez natural, de igualdad ante la ley, de legalidad, de presunción de inocencia, de cosa juzgada, de “non bis in idem”, de prescripción y de ley anterior al hecho del proceso. Para utilizar “lesa humanidad”, recurrieron al Estatuto de Roma, que entró en vigor en 2002 y que, expresamente, prohíbe su aplicación retroactiva.

Según la ley, las prisiones preventivas no pueden exceder de los dos años, eventualmente prorrogable por un año por razones debidamente fundadas en el peligro de fuga o el riesgo para las pruebas. Pero ningún límite rige para los presos políticos, aunque su senectud hace imposible que escapen y, menos aún, que puedan alterar las “pruebas” de hechos cometidos hace 50 años. Los verdugos las mantienen, en 450 casos, excediendo ese máximo (en 203 de ellos supera los 11 años y, en 30, los 16), convirtiéndolas en cumplimiento anticipado de las penas y que, por afectar a gerontes (el promedio de edad es de 81 años, aunque hay quienes llegan a los 100) son sentencias de muerte, que se cumplen en cárceles que carecen de la más mínima posibilidad de atender a sus naturales dolencias.

El kirchnerismo contó con el silencio de una sociedad tan hipócrita que lleva más de 20 años mirando para otro lado, transformando en chivos expiatorios a esos mismos militares a los cuales rogó, aterrada ante el desmadre de asesinatos, atentados, secuestros extorsivos, robos de bancos y armas y hasta violento copamiento de instalaciones castrenses, que tomaran el poder para evitar que las organizaciones terroristas, que prometían fusilar un millón de argentinos, nos convirtieran en lo que hoy son Cuba y Venezuela. Aunque se perciben sutiles cambios en la actitud del Poder Judicial, tales como la causa “Castillo”, donde la Corte exigió a los tribunales inferiores que fundamentaran la extensión de la prisiones preventivas, no ha habido nunca, ni siquiera durante las gestiones de Mauricio Macri y de Javier Milei, señales de cambio al respecto.

La indignación se exacerba hoy viendo al Tribunal que abrió el juicio en la causa “Cuadernos” pero admite que las audiencias se realicen por Zoom, cuando tantos presos políticos fueron obligados a comparecer aunque fuera con evidentes signos de demencia; se llevó a una audiencia a Luis Patti, parapléjico, en camilla. O cuando se revocan prisiones domiciliarias por hechos nimios, pero se permite a Cristina Fernández, con condena firme, bailar en el balcón de su casa, abusar de las redes sociales y adoctrinar a sus seguidores. O cuando se concede a ex funcionarios y empresarios que cumplan sus penas en sus privilegiadas residencias, adquiridas con frutos de la misma corrupción que se les imputa; y cuando se los habilita, invocando causales tan absurdas como el stress, a atenderse en instituciones privadas.

El sábado 29 de noviembre, a las 1600 horas, quienes sentimos vergüenza por haber tolerado esto y reclamamos la inmediata libertad de los presos políticos que aún se pudren en las mazmorras de este país sin Justicia, diremos ¡PRESENTE! en la Plaza de Mayo.