Por Guillermo Cherashny.-

El gobierno necesita bajar el riesgo país por un lado y por otro aumentar el empleo registrado y piensa que se logrará sancionando una reforma laboral como reclaman los empresarios y los economistas del establishment.

La derrota del peronismo en las elecciones de octubre, que los dejó como segunda minoría en la Cámara de Diputados, es una ocasión inmejorable para avanzar obteniendo las mayorías necesarias, más teniendo en cuenta que en el Senado, si bien el peronismo y aliados son primera minoría, apenas pasan de 1/3 de la cámara alta.

Cuando ganó Alfonsin en 1983, también el peronismo era la segunda minoría en Diputados pero en el Senado, con aliados, estaba cerca de la mayoría y pudo imponer la ley Mucci. Además, los gremios seguían con un poderío importante que no midió bien el alfonsinismo con Germán López, entonces Secretario General de la Presidencia y perdió los votos en el Senado.

En el año 2000, De La Rúa también tenía mayoría en Diputados pero decidió ingresarla en la cámara alta en acuerdo con el bloque peronista mayoritario y le dio media sanción con la denominada «Ley Banelco», que generó un gran escándalo y fue rechazada. Hoy, en cambio, los números son buenos en ambas cámaras y la opinión pública de los trabajadores es muy crítica de los dirigentes gremiales por el manejo de los sindicatos y fundamentalmente por las obras sociales fundidas que dan un mal servicio, por lo cual es inmejorable la posición del gobierno para imponer una reforma laboral. Es «ahora o nunca» para terminar con la industria del juicio y las indemnizaciones millonarias.

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