Por Carlos Tórtora.-

Pese a las apariencias, no todo estaría terminado con relación a la denuncia de Alberto Nisman.

El dictamen del fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca desistió de continuar la apelación de la denuncia por encubrimiento de los autores del atentado contra la AMIA que había presentado el fiscal Germán Moldes. La acusación de Nisman había sido rechazada en primera instancia y luego por la Cámara Federal, pero Moldes pidió insistir ante Casación. La denuncia recayó en manos de De Luca, perteneciente a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. Éste presentó su dictamen ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazando la apelación de Moldes con el argumento de que los hechos denunciados por Nisman «no configuran delito». Moldes ya había anticipado que podía ocurrir algo así y en su apelación ante la Cámara había pedido «no caer en alguna maniobra de ingeniería judicial, en alguna sincronización de tiempos que haga que cuando mi recurso llegue a Casación me esté esperando un fiscal militante de la Justicia Legítima».

Para que el recurso de Casación «tenga vida, es necesario que el fiscal de Casación lo mantenga», había explicado Moldes, pero por el sistema de turnos -que es por días y no por sorteo- «es muy fácil predeterminar a qué fiscal dirigir la causa». Eso fue justamente lo que ocurrió. El miércoles 15 de abril, cambió el turno en la Cámara de Casación y el expediente quedó en manos de De Luca, quien con su decisión hizo aparentemente hizo caer el caso.

Un fallo que se les trae

Sin embargo, dos de los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos y Luis Maria Cabral -según consigna una versión judicial- estarían estudiando atentamente el dictamen de De Luca. El motivo no sería menor. Un reciente fallo de la actual Corte Suprema de Justicia establecería algunos parámetros que, a juicio de Hornos y Cabral, obligarían a un examen riguroso del dictamen de De Luca, al punto que podría no proceder la desestimación de la denuncia de Nisman, tal como lo requiere aquél. La sentencia de la Corte alude a que, cuando el fiscal pide la absolución y no existiendo parte querellante -como en este caso- es obligatorio revisar los estándares de legalidad del dictamen del aquel. En otras palabras, que los jueces no deberían conformarse automáticamente con los argumentos de De Luca sino que, por el contrario, antes de absolver deberían verificar si efectivamente esta suficientemente fundados. Si efectivamente Hornos y Cabral, en contra de la opinión de la otra integrante de la Sala, Ana María Figueroa, optaran por revisar el dictamen de De Luca y no lo encontraran suficientemente fundado, podrían entonces rechazarlo. Si se llegara a semejante situación la denuncia de Nisman estaría reviviendo inesperadamente y el expediente debería pasar a otro fiscal para que este dictamine nuevamente. Pero el gobierno tendría su reaseguro, porque le tocaría intervenir a la fiscal de Casación, Gabriela Baigún, una incondicional de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Esta se destacó últimamente al manifestar que el juez Federal Claudio Bonadio debía ser apartado del Caso Hotesur. «Entre los imputados de esta causa, entre otras personas, está la Presidenta de la Nación», recordó Baigún en su presentación al remarcar que se trata de «una causa de gravedad institucional» y considerar que a la «sociedad le interesa saber si la Sra. Presidenta cometió o no los hechos y por ende se requiere actuar con un estricto apego a las normas constitucionales».

Para la fiscal, la continuidad de Bonadío en la causa ponía en riesgo la imparcialidad que debe tener un magistrado.

Con estos antecedentes, en la Casa Rosada no dudan que Baigún ratificaría los argumentos de De Luca. Sin embargo y pese a esto, si Hornos y Cabral llevaran adelante su cuestionamiento la denuncia de Nisman no estaría del todo extinguida, una posibilidad que ya estaría inquietando al entorno presidencial.

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