Centro de Economía Política Argentina.-

Desde diciembre de 2023, la gestión del presidente Milei ha implementado una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, con un impacto masivo tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado.

Se perdieron 59.802 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 16,8% en la planta de personal del Sector Público Nacional. Es decir, más de 85 (85,43) personas por día

En términos absolutos, los organismos descentralizados concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por las empresas y sociedades del Estado y los organismos centralizados. En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración descentralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.

El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.118despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.265 cesantías, y Banco Nación, con 2.033 despidos, mientras que el Aerolíneas Argentinas registra 1.856 desvinculaciones.

En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80% del personal. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), incluyendo organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 3.186 puestos de trabajo eliminados. Le siguen la CONICET, con 1.918 despidos, y el ANSES, con una reducción de 1.559 trabajadores.

En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64 % de su planta de personal. En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 46 %, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que sufrió un recorte del 43 % de su dotación.

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