Inteligencia CFK: la AFI cumple con el objetivo

Parrilli-la AFI se estaliniza

El Gobierno de Cristina Fernández publicó ayer la nueva reglamentación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), poco antes de la masiva marcha en reclamo de una “justicia independiente”, y logró así cambiar las prioridades de la agenda. Algunos alertaron por el “espionaje” financiero y otros, adeptos, sobre el “alivio” para los desafíos en que trabajarán los nuevos “espías”. Por lo pronto, la primera tarea respecto a la AFI fue cumplida: “contrarrestar la masiva manifestación de la Justicia.” Así comenzó la nueva “inteligencia”… de Cristina Fernández. El prestigioso diario español “El País” publicó en su portada de la edición América una nota sobre “la nueva doctrina” de la Agencia Federal de Inteligencia donde destaca la alarma en los mercados.

El Gobierno de Cristina Fernández dio la nota ayer con la nueva reglamentación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) según el decreto 1311/2015, publicado en el “Boletín Oficial”, mientras que el actual secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, fue el encargado de dar a conocer los anuncios. El concepto que se leyó en el Boletín Oficial sobre los alcances de las tareas de Inteligencia fue que “debe velar por la protección y el cuidado de los argentinos, y no de espiarlos”. Así fue que los diarios más oficialistas como “Página/12”, que ahora pasaron a defender la inteligencia que apenas ayer denunciaban, coparon sus portadas con títulos como: “La misión es cuidar a los argentinos, no espiarlos”. En la nota central del día resume: “Los puntos clave en los que actuará la flamante AFI son el terrorismo internacional, las amenazas de estados extranjeros, los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática, la criminalidad organizada y las acciones desestabilizadoras mediante corridas bancarias, cambiarias, desabastecimiento o golpes de mercado”. El matutino festeja porque ayer había adelantado el traspaso de las escuchas. Ayer se ratificó definitivamente que la Procuración General llevará adelante las escuchas judiciales que antes estaban a cargo de la Dirección de Observaciones Judiciales -más conocida como la OJOTA.

Ahora, la fiscal cristikirchnerista Cristina Caamaño estará al frente del nuevo Departamento de Interceptación de las Comunicaciones (Dicom). Raúl Dellatorre recoge para reforzar su visión las voces positivas al respecto del doctor Alberto Binder, “profesor de Derecho Procesal Penal de Postgrado en la UBA, fundador y vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, asesor técnico en las reformas judiciales en más de diez países de América latina” y de Pedro Biscay, “abogado, director del Directorio del Banco Central y superintendente segundo de Entidades Financieras y Cambiarias, y ex coordinador del Área Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac”. Ambos reconocen de que el “avance” de la Agencia por tratar las “corridas bancarias y cambiarias, maniobras de desabastecimiento, golpes de mercado y similares, llevadas a cabo por grupos económicos y/o financieros con fines de desestabilización,” es quizás el principal condimento del Decreto presidencial que reglamenta la Ley de creación de la AFI. El ultra cristinista “Tiempo Argentino” destaca que es una “vieja deuda de la democracia” y cita las palabras de Parrilli: “El decreto salda una deuda en una de las instituciones que no se había podido transformar desde la dictadura en estos 30 años de democracia. Es cierto que no se hizo antes, pero se podría preguntar por qué se espero hasta 1816 para declarar la independencia o hasta 1810 para iniciar la revolución. Las cosas se dan en los momentos políticos e históricos que se pueden dar (?). Pasaron varias presidencias en estos 30 años y fue esta Presidenta la que tuvo el coraje de llevar adelante esta transformación”, intentando desviar el centro de atención de la verdadera inquietud del cristinismo, que no es otro que el de que durante los próximos meses “cuidarse de los mercados”, y luego intentar vía la Procuradora Alejandra Gils Carbó “cubrirse las espaldas de futuros dolores de cabeza”.

Y a ellos (los ultra cristinistas) se suma Gustavo Hirsch en “Ámbito Financiero”, donde también se observa una intensa nota con los puntos más importantes de las más de 400 hojas de la “nueva doctrina”. Allí recalca que Parrilli aseguró que por la “férrea conducción institucional” del organismo no habrá más espionaje político como lo hacía la ex SIDE, a partir de los “controles” y sistemas de “transparencias” establecidos por ley, y que “la inteligencia va a estar dirigida a problemas relevantes de amenaza contra la Argentina”, agregó olvidándose que se instrumentó para tapar los desaguisados de la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman. Además de que los “controles” supuestos y la “transparencia” de esta reglamentación y de la ley misma generan enormes y muy sobradas dudas y cuestionamientos. ¿De ahí vendrá la alarma de “La Nación”, “El Cronista” y “Clarín”? Los tres alertan sobre la norma que faculta al organismo a investigar posibles “corridas cambiarias” y “golpes de mercado” que puedan afectar el orden democrático. Mariano Obarrio escribe en la nota central del periódico de los Saguier: “Según pudo saber La Nación, Cristina Kirchner; el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, “temen un riesgo real de una desestabilización financiera” antes de las elecciones presidenciales del 25 de octubre”. Además, incluye el diario el “rechazo de los empresarios a una medida que juzgan peligrosa”. Se suma Esteban Rafele, de “El Cronista”, al amplificar que hubo “inmediata preocupación” entre los empresarios pese a que todavía no saben “cómo se efectuará” definitivamente la nueva legislación.”Ahora los espías investigarán corridas cambiarias y desabastecimiento”, edita el diario “Clarín” en una nota sin firma que abre la sección “El País”: “Dentro de ese último título, la norma incluye acciones de “grupos políticos y/o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos”, pero también habla de “grupos económicos y/o financieros que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos”. Es más, se habla de “corridas bancarias, cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado”. Es una innovación que encendió varias alarmas. “Los atentados contra el orden constitucional existen como objetivos de inteligencia hace mucho tiempo. Lo importantes es ver cómo se utiliza la nueva normativa”, razonó un ex hombre fuerte de la SIDE”.

“La novedad aparece en medio de una nueva avanzada oficialista contra el aumento dólar blue, un fenómeno que aparece cada vez más difuso para los controles estatales. Una polémica similar se había disparado en 2011 con la sanción de la ley antiterrorista, que castiga a cualquiera que realice “transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros”. Por otro lado, “Clarín” apunta que con la AFI se aspira a “profesionalizar la carrera de inteligencia” y que el organismo se dividirá en tres áreas: administrativa, operacional y la Escuela de Inteligencia, ¿de La Cámpora?.”Ámbito” presenta cómo “la oposición” ya expuso su descontento con la medida y hasta se anima a hacer futurología: “El circuito de ese debate es previsible: escalará en un cruce de reproches y explicaciones, pero nada se resolverá hasta que llegue a la Justicia alguna causa que impugne la aplicación de la norma. Algún activista de la opinión pedirá un amparo a la Justicia, que llegará seguramente a la Corte Suprema, que responderá que no tiene nada que decir hasta que no haya una causa concreta en la que esté afectada alguna norma constitucional”. El autor de la nota, Gustavo Hirsch, se tienta y cuela su opinión en el mismo artículo: “Quizás debió esperar el Gobierno que pasase la campaña electoral para aprobar esta reglamentación sin la cual la Agencia de espionaje ha cumplido sus funciones sin que nadie se queje”.Hugo Alconada Mon, de “La Nación”, compara el nuevo objetivo financiero de la AFI con lo que sucede en otro país latinoamericano: “el abordaje más parecido al que acaba de anunciar la Casa Rosada lo ofrece Venezuela desde febrero de 2014, cuando el presidente, Nicolás Maduro, creó una unidad especial de inteligencia “contra el contrabando y la guerra económica”. Y duda de los agentes que estarán monitoreando y de sus verdaderos objetivos no sean ir arrasando con libertades y derechos.

El diario platense “El Día” destaca que “el ex titular de los servicios de inteligencia Miguel Ángel Toma afirmó en un comunicado que el gobierno “intenta legalizar el espionaje interno sobre cualquier empresa que haya puesto en sus listas negras”. El sitio “El Parlamentario” destaca la voz opositora del diputado nacional Luis Petri (UCR-Mendoza), integrante de las comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Interior: “Petri denunció que “el decreto 1311 que aprueba la nueva doctrina de inteligencia nacional es inconstitucional y por lo tanto, supone una grave violación a la ley de inteligencia”. También señaló que “la inteligencia nacional está vinculada estrictamente a la defensa nacional y a la seguridad interior” por lo que, agregó, “nada tiene que ver con la actividad de empresas y bancos”. El legislador mendocino advirtió que “el artículo 4º de la ley de inteligencia prohíbe a todo organismo de inteligencia influir en la situación económica del país” y destacó que “de ninguna manera el decreto puede autorizar acciones de inteligencia sobre empresas que desarrollen actividades lícitas”.”(…)al igual que con la ley de abastecimiento y la ley antiterrorista, el kirchnerismo avanza indebidamente ahora sobre la actividad de las empresas de la órbita privada”, finalizó. Por su parte el mencionado matutino “El Cronista” destaca la opinión del constitucionalista Andrés Gil Domínguez quien advirtió que “son iniciativas que toma el Gobierno de dudosa legalidad penal pero tienen una misma impronta: la de limitar los derechos humanos y la violación de la Constitución y van en sintonía con el intento de apropiarse de la Justicia e intensificar una estructura de “amigo-enemigo” y no tener una Justicia independiente”.

Gil Domínguez agregó que el decreto “es muy amplio, lo que hace que el derecho penal pueda tener múltiples visiones. Debe ser preciso, de lo contrario, las penas o sanciones pueden hacerse según libres interpretaciones”. (…) “Con ese tipo o estructuración de sentido, la inteligencia nacional posibilita que se haga inteligencia en cualquier ámbito, no hay ningún limite”. Para terminar, Domínguez reafirmó que la “Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional” es inconstitucional e inconvencional: “Porque no sólo viola la Constitución sino también los derechos humanos. Utilizar todo el aparato del Estado cuando no es para garantizar la seguridad interior, sino para otro tipo de funciones, solo transparenta lo que ha sido este último tiempo de la política del Gobierno con César Milani (ex Jefe del Ejército) a la cabeza”, sentenció. El diario “BAE” destaca también los temores del cristikirchnerismo: “Si bien la intención del Gobierno es evitar corridas y presiones desde el mercado a corto plazo, según dijeron a este medio desde el oficialismo, la ley es una apuesta a futuro, aunque el kirchnerismo, confiado en que tendrá un buen desarrollo en las elecciones de octubre, considera que solo un intento de desestabilización económica podría poner en peligro el andar del FpV en las urnas. Los movimientos financieros bruscos fueron uno de los temores que tuvo el Gobierno desde el 2011 cuando, después de que la presidente, Cristina Fernández, asumiera su segundo mandato se fueron unos U$S 5 mil millones de la economía formal y la jefa de Estado ordenara implantar el famoso “cepo cambiario”. Durante los últimos años, pese al límite a la compra de dólares, en Economía consideraron que varias veces se intentó mover el tipo de cambio intencionalmente. De hecho, desde el Palacio de Hacienda se culpó directamente al HSBC y a Shell por la devaluación de enero del año pasado.”

La nueva Agencia Nacional de Inteligencia (AFI) realizará tareas de espionaje frente a “atentados contra el orden constitucional y la vida democrática”, entre los que mencionó corridas bancarias, cambiarias, desabastecimientos y “golpes de mercado”. Así fue dispuesto en el decreto 1311 publicado ayer en el Boletín Oficial que lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, donde quedó aprobada la “Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional… K”. “La inteligencia nacional debe velar por la protección y el cuidado de los argentinos, y no “espiarlos” (?). Por ello, el sistema de inteligencia nacional se configura como un “observatorio” (?) abocado exclusivamente a la producción y gestión de conocimientos acerca del conjunto de problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y seguridad interior”, sostiene. En el anexo del decreto, ¡de 400 páginas!, se mencionan entre las problemáticas a: “eventuales riesgos o conflictos generados por agresiones de origen externo” perpetradas por las fuerzas armadas de otros países. Entre las problemáticas de la seguridad interior, se menciona el terrorismo y los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática, ya sea que se trate de grupos políticos y/o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos y/o el orden constitucional o se trate de grupos económicos y/o financieros -empresas, bancos, compañías financieras, etc.- que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, «golpes de mercado», etcétera.

Trasladan las escuchas a Gils Carbó, como un “objetivo primordial”; el Gobierno transfirió el control de las escuchas telefónicas desde la Agencia Federal de Inteligencia a la Procuración General de la Nación, según informó el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli. “Es un día histórico porque después de lo que significó este tema y todas las complicaciones que trajo a la historia argentina, pasará al control de la Procuraduría, un órgano judicial, en consonancia con el avance de la institucionalidad argentina y lo que está pasando a nivel internacional”, sostuvo, olvidándose de mencionar que las escuchas de la OJOTA siempre debían realizarse con la anuencia de un juez de la nación, por lo que este cambio en realidad esconde el de sacarlo del ámbito judicial, para pasarlo al de la Procuración, que con este Gobierno se desdobló del ámbito judicial. En conferencia de prensa, Parrilli y el subsecretario de Inteligencia, Juan Martín Mena, explicaron los principales puntos de la Nueva Doctrina de Inteligencia aprobada ayer por el decreto 1311 firmado por la presidente Cristina Fernández. Al respecto el funcionario indicó: “Hoy estamos dando un paso muy importante, que es sacar de la órbita del Poder Ejecutivo las intercepciones de las escuchas por orden de los jueces (?)”. En febrero pasado, el Congreso convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se reformuló el sistema de inteligencia nacional. Dentro de la norma, se estableció que la Dirección de Observaciones Judiciales (OJOTA) pasará a depender de la Procuración General de la Nación, que actualmente conduce la cristinista Alejandra Gils Carbó. La Procuración General tendrá la función de realizar escuchas telefónicas sólo a pedido de un juez, que era una tarea que realizaba la ex SIDE. Parrilli buscó destacar la “transparencia” que le da a este organismo su nueva estructura orgánica. “Por primera vez se publica la estructura orgánica de este organismo, lo que le da transparencia en cuanto a las actividades que lleva adelante, al otorgarle control parlamentario e institucional”, dijo.

En España, el prestigioso diario “El País”, se hizo eco de la noticia sobre la nueva reglamentación de la AFI: “El Gobierno argentino publicó una ley de reforma del servicio de inteligencia nacional que permitirá a sus agentes detectar y prevenir “golpes de mercado”, es decir, “corridas bancarias, cambiarias o desabastecimientos” (?) que constituyan “atentados contra el orden institucional y la vida democrática” -sin explicar con claridad según que óptica o quien es el que lo determinará. La nueva doctrina de inteligencia subraya que no solo los grupos políticos o militares pueden atentar contra los poderes públicos sino también “grupos económicos y financieros”, como bancos o empresas que desestabilicen la situación económica del país”, continuó el periódico. Y subrayó que “el anuncio ha alarmado a los mercados”.”La reforma también implica la disolución de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), famosa por el espionaje a políticos y periodistas y su implicación en negocios oscuros, y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a la que se sumarán nuevos agentes propuestos por las universidades públicas”, repasó “El País”. La tapa de la edición de este miércoles del diario español incluye dos destacados en los que explica que la AFI sustituye a la SIDE “famosa por espiar a políticos y periodistas”. El otro aclara que “los agentes actuarán por indicación de los fiscales y deberán presentar cada año una declaración jurada de sus bienes”.¡Como si eso fuere algo anormal y a ser destacado!

“Sería sorprendente si bajara”, opinó el economista Enrique Szewach al analizar el impacto que puede tener en la demanda la “Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional” K. Cerca de una elección, “es cuando la Argentina se dolariza más, por la incertidumbre y si encima ponés a la policía para evitar que ese mercado funcione normalmente, peor todavía”, sentenció. El economista Enrique Szewach analizó esta mañana el impacto que puede tener en la actividad económica y financiera el anuncio de la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional, que le permitirá a la Agencia Nacional de Inteligencia (AFI, la ex SIDE) realizar espionaje interno sobre bancos, empresas o compañías financieras para prevenir “corridas bancarias, cambiarias, desabastecimientos y golpes de mercado”. “Todo esto forma parte de un mismo cuerpo conceptual de la Ley Antiterrorista o la Ley de Abastecimiento”, remarcó en diálogo con “Radio Mitre” del conglomerado Clarín. Al ser consultado por la reciente suba del dólar, el economista dijo que “está todo armado para que la situación se de así”. “Sería sorprendente que el dólar bajara, más allá de que hoy baje porque prohíben las operaciones”, añadió. El economista consideró que hay dos problemas que colaboran para que el dólar suba. “Primero que hay más pesos en la calle derivados de un déficit fiscal descontrolado que se financia emitiendo pesos, y por lo tanto la relación pesos-dólares está desmadrada”, indicó. En ese contexto de alta demanda de dólares, se acerca una elección, que es cuando la Argentina se dolariza más, por la incertidumbre. Por eso la demanda crece, “y si encima ponés a la policía para evitar que ese mercado funcione normalmente, peor todavía”, sentenció.

Tras las críticas empresarias por las nuevas atribuciones que tendrá la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el jefe de Gabinete salió esta mañana a contraatacar.”El que nada tiene que ver con las corridas, no debe preocuparse”, dijo y ponderó la transferencia de las escuchas telefónicas al ámbito de la Procuración General de la Nación, al remarcar que “se busca terminar con el viejo concepto de que todos somos escuchados por alguien en nuestros teléfonos, sino que, cuando esto suceda, sea por una orden judicial”. En cuanto a las nuevas atribuciones de la AFI, el ministro sostuvo, en su habitual contacto matutino con la prensa en la Casa Rosada, que “el objetivo que se persigue es otra cosa. El empresario que no tiene nada que ver con las corridas cambiarias o bancarias o cosas por el estilo, no tiene por qué preocuparse”.El ministro-candidato justificó la nueva operatoria, al señalar que “hay muchos puntos que le han hecho daño a la Argentina y que es imperioso que sean investigados” y advirtió que se actuará “cuando bancos, empresas y compañías financieras sean las que generen corridas bancarias, o desestabilizaciones, o movimientos de mercado”, sin explicar con claridad que se hará durante este año (que es lo que les preocupa realmente) bajo las directivas de Gils Carbó. Fernández recalcó que se actuará sobre “aquellas acciones nocivas que impacten contra la gestión de gobierno”, aunque insistió en que “las escuchas ya no son responsabilidad de la Agencia, sino del ministerio público (?)”.”La ley dice específicamente hasta dónde se puede llegar con cada una de las investigaciones. No se va a apartar de la ley de inteligencia. Podrá hacer inteligencia sobre particulares cuando el ministerio público fiscal tome la decisión”, remarcó el ministro coordinador.

El siguiente funcionario en emitir “aclaraciones” fue el propio Oscar Parrilli, quien manifestó que la AFI no investigará “a quienes compran o venden dólares”; y luego el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella (?), el mismo que intentó enjuiciar a Campagnoli: “Se tienen que preocupar los que hacen mil cagadas para enriquecerse”, dijo el fiscal antilavado sobre la nueva SIDE. En declaraciones a radio “Del Plata” dijo que “ningún empresario se tiene que preocupar si cumple con la normativa”. Y agregó: “La AFI solamente va a poder investigar a una cueva, o lo que hay detrás, si un juez lo pide”. Ayer se oficializó con un decreto la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional, donde se estipula que podrá realizar espionaje interno sobre bancos, empresas o compañías financieras con el pretexto de prevenir “corridas bancarias, cambiarias, desabastecimientos y golpes de mercado”, algo que realmente preocupa y mucho al cristinismo durante este período electoral. El decreto 1311, que reglamentó la ley 27.126 y que puso a la AFI a la cabeza del Sistema Nacional de Inteligencia, aborda las “problemáticas de defensa nacional y seguridad interior”. Entre esos desafíos, destaca “el terrorismo y los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática”. En este punto puso como potenciales responsables a grupos políticos, militares, económicos o financieros. En declaraciones a radio “La Red”, Parrilli enfatizó que la AFI “no irá a las calles o los lugares donde se compran o venden dólares a ver quién compra o vende, o a una agencia de cambio, de ninguna manera va a ser nuestra tarea. El artículo 3, inciso 1, prohíbe que realicemos tareas represivas, de investigación criminal o funciones policiales”.En una explicación muy poco convincente viniendo de un Gobierno que hizo y hace de la contienda y la persecución o el escrache un verdadero “sistema”

Sobre si la ex SIDE irá a las casas de cambios a hacer control, respondió: “Eso es una mala interpretación tendenciosa para desvirtuar un hecho trascendente como ha sido la modificación de la ley de Seguridad Interior y la puesta en marcha de la AFI. Nunca pensamos hacerlo, no es nuestro objetivo. También se dijo que pensábamos perpetuarnos en el cargo; nunca se pensó en eso (?) -¡una verdadera sarta de falsedades increíbles!-. El director general y el subdirector son nombrados por el presidente de la Nación y duran lo que el presidente defina”. La especulación financiera se combate mediante la reunión de “información, datos, análisis, y en todo caso, si vemos que hay la posible comisión de un delito, lo ponemos en conocimiento de las autoridades para que actúen”, precisó Parrilli, que explicó ayer desde la Casa Rosada que “el objetivo es cuidar y no espiar a los argentinos”. En tanto, los empresarios de diversos rubros expresaron su desacuerdo y evaluaron como peligrosa la medida de la AFI. “Todos los países del mundo tienen sus sistemas de inteligencia destinados a protegerse de ataques externos. Hoy podríamos agregar al “narcotráfico” como gran amenaza externa. Pero, evidentemente, hacer inteligencia de los propios ciudadanos argentinos va en contra de todo lo que debería ser un país civilizado”, dijo Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina, que agrupa a dueños o máximos ejecutivos de compañías. Se le sumó Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina y líder de la cámara alimentaria Copal. “En el principio republicano de división de poderes, corresponde al Poder Judicial investigar estas cuestiones o pedir, si correspondiere y en el caso de que fuere necesario, a los organismos del Poder Ejecutivo, pero nunca autónomamente a los órganos del Estado dedicados a eso”, afirmó el abogado laboralista. Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, fue igualmente crítico. “De la medida sólo pude leer algunos títulos que son preocupantes como, por ejemplo, el referido a que la Agencia Federal de Inteligencia [AFI] pueda investigar a empresas para evitar el desabastecimiento. Analizaremos toda la norma para emitir un pronunciamiento.”

Luis Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina, fue el más contundente de todos. “Esto es un nuevo signo de autoritarismo por parte del Gobierno. Ellos pretenden amedrentar las voces independientes mediante el espionaje”, cuestionó. Cristiano Rattazzi, líder y uno de los dueños de Fiat Auto, dudó de las verdaderas intenciones de la medida: “Es un disparate. Hay tantos disparates, que éste es un disparate más. Habría que ver cómo se instrumenta, pero es evidente que, con el nuevo marco normativo, algunos van a tratar de sacar alguna ventaja individual”. ¡Por fin algunos se dieron cuenta de adonde apuntan las leyes del cristinismo tras la derrota del “vamos por todo”, ahora van por sostener el “relato” y buscar a futuro impunidad!

Arq. José M. García Rozado

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