Después de los recientes y escandalosos hechos de corrupción que mundialmente se conocieron, asociados a problemas endémicos económicos-sociales, una justicia tradicionalmente politizada y graves problemas de gobernabilidad, no se debe olvidar la permanente inseguridad ciudadana, una criminalidad alarmante, el narcotráfico en aumento, la violencia social, las políticas de Estado decadentes e inoperantes. Es en ese contexto, que el gobierno como la justicia argentina, de manera permanente, organizada y sistemática, violan los derechos humanos a los hombres y mujeres que representan la sociedad y las instituciones de los años 70’ y que no integraron los grupos terroristas de esa época. Esa situación, que todos conocen, pero nadie con responsabilidad política, judicial, parlamentaria, mediática, quiere expresarla, se encuentra en la misma dimensión como la corrupción que se trató de ocultar por año. Estos aspectos no se pueden disimular a los miembros, observadores e invitados del G20 en Argentina.
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