Plata dulce e hipocresía

Por Enrique Guillermo Avogadro.-

«Muchas personas creen que se les debe todo, pero siempre llega el momento en que deben enfrentarse con la realidad». Valerio Massimo Manfredi.

Según todas las encuestas, la inflación es el principal tema de preocupación de los argentinos, superando a la corrupción. La reacción generalizada contra los aumentos en las facturas de los servicios públicos (agua, luz y gas), aprovechada políticamente por el inescrupuloso Sergio Massa y el desvergonzado kirchnerismo, demuestra claramente que conformamos una sociedad hipócrita, pendiente del corto plazo y enviciada con las ilusorias ventajas que puede obtener de un Estado omnipresente. Nadie nos dice cómo piensan que deberían financiarse los enormes desequilibrios que Mauricio Macri heredó: ¿mayor emisión monetaria?, ¿creciente endeudamiento externo?, ¿más impuestos?; todos sabemos a dónde llevan los dos primeros caminos, por que los hemos recorrido hasta el hartazgo, y el tercero es imposible.

Para que la inflación ceda, lo primero que hay que hacer es reducir el déficit fiscal, algo que se ve impedido por la subsistencia de subsidios indiscriminados. Si, entre otras cosas, no pagamos por la energía que consumimos lo que vale, no sólo seguiremos malgastando inexistentes recursos públicos en la importación sino que, como no habrá inversiones en el sector, no se podrán abrir fábricas; sólo un demente lo haría si no hay gas ni luz eléctrica.

Hace más de una década, dije a los grandes consumidores que iban al suicidio porque, mirando no más allá de la nariz, estaban llevando a la quiebra al sector eléctrico mientras recibían un subsidio implícito desmesurado al amparo del congelamiento de tarifas que, impuesto durante la crisis de 2001/02, Kirchner había mantenido a rajatabla. Recordando una frase que había aprendido en Brasil: «la energía más cara es la que uno no tiene cuando la necesita», les recomendé que llegaran a un acuerdo con los proveedores del indispensable insumo para aumentar el precio que éstos percibían, de modo de asegurar rentabilidad a las empresas y permitirles aumentar la capacidad de generación y transporte. Obviamente, no lo hicieron, y siguieron disfrutando de esa «plata dulce» como si todo hubiera podido seguir así para siempre.

Ese congelamiento hacía que, por ejemplo y en materia de gas, mientras se pagaba a Repsol y los demás productores US$ 2,5 por millón de BTU (la medida que se utiliza para medir el poder calórico) en boca de pozo en Argentina, se reconocía a la misma Repsol US$ 7,5 si lo extraía en Bolivia, desde donde llegaba ante los crecientes faltantes durante los picos de consumo. Lo mismo ocurría en todo el mercado energético; la resultante fue que perdimos el autoabastecimiento y surgió la necesidad de importar masivamente. Durante los 90’s, se construyeron gasoductos para exportar a Chile y a Rio Grande do Sul, y líneas de alta tensión para enviar electricidad a Brasil y a Uruguay; a partir de 2003, el sentido de esos flujos se invirtió para importar gas y energía eléctrica. Para atender a la demanda, se recurrió a comprarlo licuado y regasificarlo en Bahía Blanca y Zárate, a más de US$ 17, lo cual generó un enorme negociado, que ya está en manos de la Justicia.

El Gobierno eludió, por un inexplicable prurito vinculado al riesgo de espantar a potenciales inversores, informar claramente a la población la magnitud de una crisis, distinta pero peor que la de 2001/02 y, claro, nadie notó su verdadera dimensión. El sistema tarifario implementado ya había estallado en la década anterior y, cuando se debió elegir a quién cortar los suministros de luz y gas, el populismo optó por mantenerlo a los hogares en desmedro de las empresas, aunque esta medida atentaba contra la industria y, naturalmente, era un factor más en el incremento de la inflación y en la pérdida de trabajo.

Los usuarios de las zonas beneficiadas por esa mal intencionada política (Capital y Conurbano) siguieron derrochando la energía, ya que el Estado la «regalaba» -en realidad, se pagaba con los impuestos de todos-, mientras que el interior soportaba tarifas mucho más altas, y lo mismo ocurría con el transporte público; así, aquéllos calentaban sus piscinas en invierno y los hogares parecían arbolitos de Navidad; otra vez, la «plata dulce». Ahora, cuando resulta indispensable realizar un ajuste paulatino -el brusco era política y socialmente inviable- la desinformación generada por el Gobierno y su errónea implementación (hubiera sido mejor, por ejemplo, establecer el aumento a partir del anuncio, lo cual produciría ahorro, y no para el consumo pasado) provocan las protestas, fogoneadas por el kirchnerismo, la primera de las cuales se produjo el jueves. Curiosamente, quienes «cacerolearon» no reclaman por las gigantescas tarifas del celular o del cable, pero se alteran si por el gas deben pagar mensualmente el equivalente a cuatro pizzas en lugar de un café, como hasta ahora. Pero, confesémoslo, tampoco resulta explicable que, en medio del desastre, se sigan quemando billetes ante el altar de Fútbol para Todos y otros tantos agujeros negros.

La Justicia, ahora en defensa propia, mostró el ya pornográfico espectáculo de inexplicables millones de dólares en cajas de seguridad de la hija de Cristina Elizabet Fernández, que no ha trabajado en su vida mientras que sus padres sólo han sido empleados públicos desde hace treinta años y su hermano Máximo consiguió su primer conchabo en diciembre de 2015, como Diputado. La escena recordó a los allanamientos a la casa de los narcos mexicanos, donde se encontraron parvas de billetes escondidos en placards. Por esos detalles ocupacionales que me pregunto por qué el Juez que tiene en sus manos la causa por enriquecimiento ilícito de la ex Presidente no la llama ya mismo a indagatoria, ya que en ella es ésta quien debe demostrar la legitimidad de la gigantesca fortuna que tan impúdicamente exhibe ante un país en ruinas.

Porque así es: la Argentina está en ruinas precisamente porque Néstor y Cristina «fueron por todo» para robar sin medida. Los fondos que se encuentran en bóvedas, bolsones y cajas de seguridad, en casas, hoteles y campos, todos ellos una pequeñísima parte del monto del saqueo, faltan en hospitales, escuelas, viviendas, cloacas, rutas, y en gas, en represas y plantas de generación eléctrica, y otras miles de necesidades insatisfechas a lo largo y ancho del país. En realidad, nada de eso es nuevo, porque cuando ya se conocía el tamaño del latrocinio y llegaban valijas de dólares voladores, la hipocresía de la sociedad argentina hizo que se alzara con el 54% de los votos en 2011, producto de la fiesta de subsidios y de la emisión demencial.

Ante la dramática magnitud que ha adquirido el problema, me pregunto si también seremos hipócritas para enfrentar el narcotráfico -otra fuente de enriquecimiento de los Kirchner, como el juego- y dejaremos la solución en manos de policías como la de Provincia de Buenos Aires, autogestionadas para el delito. ¿Por qué no aceptamos que así no se alcanzará y que, por el contrario, iremos al horror final? ¿No ha llegado la hora de adoptar medidas heroicas? Tal vez, una salida sería la «militarización» de las policías, mediante la designación de oficiales en actividad y de alto grado de las fuerzas armadas para encabezarlas, sólo hasta tanto la corrupción pueda ser erradicada, algo que a Gran Bretaña le llevó diez años lograr con Scotland Yard.