Por Carlos Tórtora.-

A un mes de las PASO nacionales, la marcha de hoy en defensa de la continuidad como juez de Casación de Luis Cabral no puede ser otra cosa que un acto opositor. Esta movilización sería el marco externo de lo que ocurriría, a las 17 horas, en el cónclave totalmente inusual que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, mantendrá con los 27 titulares de las Cámaras Federales de todo el país para analizar la aplicación de la nueva ley de subrogancias de magistrados. Los jueces se dirigieron por nota al máximo tribunal, preocupados por el sistema de subrogancias: “Nos dirigimos a usted a fin de hacerle llegar nuestra profunda preocupación por los hechos de público conocimiento que se vienen sucediendo en el ámbito del Consejo de la Magistratura”, manifestaron los jueces del fuero nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

En la misma nota le expresaron a Lorenzetti que les provoca particular inquietud que “se remueva a magistrados subrogantes sin aplicar el procedimiento legal establecido”. Al respecto, afirmaron que conspira “con la estabilidad en la función judicial que reclama la Constitución Nacional”.

Este lenguaje cuidado y medido disimula la verdadera magnitud de la alarma de los magistrados: al resolver el desplazamiento de Cabral de su juzgado, la mayoría del Consejo de la Magistratura estableció una interpretación del artículo 2 de la nueva ley 27.145 de Subrogancias, que barre con principios y garantías constitucionales esenciales para la subsistencia del estado de derecho. El artículo en cuestión en sí no es inconstitucional. Dice: “El Consejo de la Magistratura designará subrogantes por mayoría absoluta de los miembros presentes. La designación se realizará con un juez o jueza de igual competencia de la misma jurisdicción o con un miembro de la lista de conjueces confeccionada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la presente ley. Las cámaras deberán comunicar la necesidad de nombrar subrogantes al Consejo de la Magistratura”.

La clave de la inconstitucionalidad es que el Consejo interpreta que puede aplicar esta misma mayoría para remover jueces, pasando por alto la obligatoriedad de que haya un juicio político, con su correspondiente acusación y defensa. La gravedad del precedente no puede ser mayor: a partir de ahora cualquier juez puede ser apartado de sus funciones por el resultado de una simple votación, quedando eliminado el juicio político por mal desempeño. Una innovación realmente revolucionaria que implica para los magistrados una opción de hierro: someterse al poder político o arriesgarse a ser removidos sin más trámite. Para los mercados, el mensaje que envía el Consejo de la Magistratura es una verdadera lápida en relación a lo poco que queda de la seguridad jurídica. Cualquier empresario o un simple ciudadano que esté accionando en tribunales deben ahora calcular que, si afectan los intereses del gobierno, éste simplemente le puede ordenar a su mayoría automática en el Consejo que desplace al juez de la causa por otro políticamente confiable.

Decisiones tomadas

El caso es que se estima que Lorenzetti, con el apoyo de sus pares Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, hoy podría comunicarles a los camaristas algo que empezó a insinuar la Corte en su rechazo al pedido del fiscal federal Raúl Pleé de que resolviera la no aplicación de la ley de subrogancias vía sus facultades de superintendencia. “La definición acerca de la legitimidad de las subrogancias o de las leyes sólo se puede hacer por vía judicial, ya que es la única manera de respetar los procedimientos vigentes y preservar el derecho de defensa de las partes”, anticipó el tribunal. Lo que Lorenzetti les anticiparía hoy formalmente a los camaristas es algo que ya es vox populi: que ni bien llegue algún caso a la Corte planteando las inconstitucionalidades en la aplicación de la ley en cuestión, ésta se pronunciará en contra de la interpretación del Consejo de la Magistratura. Si la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechaza el recurso de apelación presentado por Cabral contra el fallo del juez Esteban Furnari, quien el viernes pasado rechazó una cautelar solicitada por éste para ser reincorporado a su juzgado, a la brevedad el caso podría llegar a la Corte mediante un recurso extraordinario.

Así las cosas, el gobierno ya está notificado de que Lorenzetti, obligado a ponerse a la cabeza del reclamo de los jueces, se dispone a frustrar el mayor avance del gobierno sobre el Poder Judicial.

Cuando primero la jueza federal María Servini de Cubría y luego la Corte, en sendos fallos dieron por tierra en el 2013 con la ley de elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, la situación política era muy distinta. El contexto eran sólo las elecciones legislativas y el kirchnerismo tenía por delante mucho tiempo por delante para reponerse del golpe y contraatacar, que fue lo que efectivamente hizo. Ahora, una bofetada de la Corte en los últimos meses de su gestión significaría para CFK un debilitamiento grave en su etapa de despedida y la señal de que la impunidad del elenco gobernante no estaría absolutamente garantizada. Esto aunque gane Scioli.

Desde ayer se sabe que en la mesa chica de Olivos se estaría discutiendo qué hacer ante la réplica que vendrá de la Corte, probablemente en plena campaña electoral. Trascienden versiones sobre comentarios de que “hay que redoblar la apuesta y adelantarse al fallo” que no se sabe aún que puede significar. ¿Prepara el cristinismo alguna otra ley para arrasar con la estabilidad de los jueces? ¿O intentará en un último esfuerzo forzar por ley la ampliación de la Corte para licuar el poder de Lorenzetti? Lo que es seguro es que el gobierno no puede darse el lujo de lucir derrotado en sus últimos meses. Y menos todavía por los jueces, que pueden procesar a muchos funcionarios K el año que viene. Además, si el gobierno quedara debilitado por la resistencia de la Corte, a Scioli -en caso de ganar- se le abriría un espacio interesante para ir impulsando el eclipse de su intolerante jefa. Jugado prácticamente a suerte y verdad, el cristinismo se prepararía entonces para lanzar un ataque preventivo, sin esperar que la Corte fulmine el avance arbitrario de la mayoría oficialista en la Magistratura.

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