Por Roberto Fernández Blanco.-

Desde la tímida posición de ciudadano lego en este tema me aventuro a opinar que cabe poca duda que los abogados del Grupo Burford (y el propio Grupo Burford) tienen en claro que la demanda que patrocinan en nombre de la familia Esquenazi es fruto de un accionar irregular impulsado por el expresidente Néstor Kirchner como cabeza de una asociación ilícita (actualmente confirmada por la justicia y denunciada en el 2005 por su entonces ministro Roberto Lavagna por retornos por sobreprecios en la obra pública) con la que los Kirchner continuaron operando bajo el ejercicio de los sucesivos mandatos de él y de su esposa Cristina Fernández (presidentes desde Mayo 25/2003 a Dic 9/2015 y de Dic 10/2019 a Dic 10/2023).

La compra de acciones de YPF fue ejecutada en diciembre del 2007, propiciada por Néstor Kirchner con la participación del Grupo Petersen de los argentinos Esquenazi Enrique y su hijo Esquenazi Sebastián, propietarios del Banco Santa Cruz (provincia de nacimiento de Néstor Kirchner y ex gobernador de la misma) mediante un acto de amañada transparencia legal, una polémica compra accionaria a la propietaria Repsol del 14,90% (que aumenta al 15,46% en el 2008), mediante un “muy especial y curioso préstamo acordado por Repsol a ser reintegrado con utilidades de YPF” a cambio de facilitar vínculos especiales como contraprestación.

En octubre de 2010 fallece Néstor Kirchner estando su esposa Cristina Fernández de Kirchner en el ejercicio de la presidencia, la que continúa con los vínculos hasta entonces comandados por su esposo, actualmente investigados y juzgados por la justicia argentina.

En el 2011, los Esquenazi compran un adicional del 10% de YPF (totalizando un 25.46%) también, curiosamente, a ser pagado con las utilidades generadas por YPF.

En abril del 2012, al parecer como represalia producto de desentendimientos personales y pactos vulnerados en el vínculo con los Esquenazi, siendo Esquenazi Enrique y su hijo Esquenazi Sebastián presidente y vicepresidente de YPF, Cristina Kirchner hace ejecutar la estatización de YPF desplazando a los Esquenazi y designando en reemplazo a Julio de Vido y al entonces viceministro de economía Axel Kicillof.

La demanda del Grupo Burford/Esquenazi es la resultante de esta especial estatización.

Al estilo Néstor Kirchner, Cristina Kirchner acompaña este personal quiebre con un típico relato populista de patriótico nacionalismo para entretener y entusiasmar a su sometido rebaño de adeptos, los aplaudidores funcionarios de su gobierno y la masa popular encandilada y engañada con las falseadas ideas del recupero de bienes del patrimonio nacional.

A partir de aquí es conocida la enorme suma del Estado Argentino que Axel Kicillof cedió en su pésima negociación con Repsol, con enorme satisfacción del Sr. Brufau, entonces presidente de Repsol.

Esta ajustada síntesis que presumo válida y evidenciable por los juicios en curso respecto de las diferentes ramas de los ilícitos comandados por los Kirchner, una apropiada denuncia del Estado Argentino ante el DOJ (Department Of Justice de Estados Unidos) pondría al grupo Burford en el rol de cómplice evidente de una asociación ilícita al haber acordado con los amigos de los Kirchner (los argentinos Esquenazi) litigar contra el Estado Argentino pretendiendo -con este juicio procesado a través de la jueza Loretta Preska- obtener el espurio beneficio que implicaría un enorme e indebido daño al pueblo argentino, el reclamo por dólares 16.000 millones (más intereses), monto al que se han de sumar los enormes costos de la defensa -hasta ahora mal ejercida- que involucra a los sucesivos gobiernos de Argentina, el de Cristina Kirchner, el de Mauricio Macri y el de la dupla Cristina Kirchner/Alberto Fernández, pasando ahora la responsabilidad a manos del reciente gobierno encabezado por el presidente Javier Milei.

De ser válido este enfoque el Estado Argentino debería orientar ante el Department Of Justice (DOJ) de Estados Unidos urgentes acciones legales contra el Grupo Burford y sus asociados clientes Grupo Petersen/Esquenazi para anular este dispendioso proceso tramitado ante la jueza Loretta Preska, reclamando además por justo derecho al Grupo Burford/Petersen el reintegro [penalizado] de la enorme suma que por gastos en defensa han generado a nuestro país.

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