Por Carlos Tórtora.-

Hasta ahora, lo que hay del acuerdo comercial entre Argentina y los EEUU es el documento difundido oficialmente, el marco con lineamientos para un acuerdo comercial y de inversión recíproca. Pero ayer, el gobierno dejó trascender que Donald Trump y Javier Milei firmarían el acuerdo en Washington en los primeros días de diciembre. Todo indica que estamos ante un obvio pase de facturas por el salvataje financiero del gobierno que ejecutó Scott Bessent. Sin entrar en el análisis pormenorizado del documento, parece evidente que el ingreso de bienes de capital como automóviles, medicamentos, etc., perjudicaría seriamente a la industria argentina sin que se perciban contraprestaciones.

Desde ya que lo que vale es la redacción final del acuerdo, que está en elaboración, pero la tendencia señala que la administración Trump le estaría cobrando así a Milei el salvataje realizado.

No obstante esto, algunas fuentes oficiales sostienen que en la redacción final del acuerdo Argentina podría atenuar algunas asimetrías.

Tal como van las cosas, la firma del acuerdo tendría consecuencias políticas internas de gravedad. Por ejemplo, dejaría absolutamente descolocados al grupo de gobernadores que están negociando con el gobierno la aprobación del presupuesto y de las reformas laboral, tributaria y previsional.

Los gobernadores negocian en representación de sus senadores y diputados nacionales. Pero ocurre que, por lo menos hasta ahora, Milei pretende ignorar las atribuciones constitucionales del Congreso en materia de aprobación de acuerdos internacionales.

Por lo menos hasta ahora, el gobierno ni siquiera ha mencionado la necesidad de que haya consenso legislativo para aprobar el acuerdo.

La trama institucional

El inciso 1 del artículo 75 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso «legislar en materia aduanera y establecer los derechos de importación».

El inciso 13 del mismo artículo no deja lugar a dudas y establece como facultad del Congreso, «reglar el comercio con las Naciones extranjeras».

Por último, el inciso 22 precisa el procedimiento y dice que el Congreso «deberá aprobar o rechazar los tratados concluidos con las demás naciones».

El panorama que se abre es complejo. Milei puede firmar el acuerdo con Trump, pero el mismo no entrará en vigencia y no se incorporará al derecho interno si no es ratificado por el Congreso. Si éste rechaza el tratado, el mismo no tendrá consecuencias jurídicas. Siempre cabe la posibilidad, si el Congreso lo rechaza, que el acuerdo sea reformulado y vuelto a tratar.

En síntesis, en otra de sus operaciones al límite, Milei le estaría planteando al Congreso una gran extorsión política: o se suma sin condiciones a un acuerdo que podría golpear profundamente a sectores claves del aparato productivo o se tendría que hacer cargo del derrumbe del salvataje financiero de Washington.

Ahora. por lo pronto, ni siquiera empezó a hablarse del tratamiento del tema en el Congreso. Eso sí, los gobernadores que vienen diciendo que sí a las reformas que propone el gobierno acaban de recibir un presente griego: ahora tendrán también que salir a apoyar un acuerdo comercial que tendría más cuestionamientos que apoyos.

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