Por Alfredo Nobre Leite.-

Señor Director:

Ante las declaraciones del presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, de que «No hemos previsto en este camino hacer una mesa de diálogo sobre unos y otros; eso no está en nuestro ánimo. Ojalá que quienes son acusados de estos delitos puedan arrepentirse y dar algunos datos que tengan todavía disponibles y que puedan ayudar a mitigar algo del dolor» (sic), ante le fallo de la Corte Suprema que dispuso la aplicación de la ley del 2×1, es decir la ley penal más benigna, que aliviará la situación de muchos «presos políticos» de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), de Seguridad y Policiales condenados en juicios inconstitucionales por supuestos delitos de lesa humanidad, en virtud de que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad fue ratificada por el Congreso en 2003, mediante la ley 25.778, y, por ende, no aplicable a los hechos de la década del ’70, como también el Estatuto de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, es aplicable a posteriori de su ratificación y no a priori, siendo suficientemente sabido que las leyes penales no se aplican con retroactividad, según el artículo 18 de la Constitución Nacional. Asimismo, otro prelado, el arzobispo coadjutor de San Juan de Cuyo, aseguró que para la Iglesia, «los juicios deben continuar y respetarse las garantías constitucionales, garantías que no han tenido los que en la década del ’70 fueron secuestrados, torturados y asesinados». Le pregunto: ¿Los derechos y garantías de los «presos políticos» fueron respetados; y que sucede con los derechohabientes de las víctimas de los subversivos/terroristas por las organizaciones ERP, Montoneros, FAR…, asesinados por Firmenich, Bonasso, Vaca Narvaja, Perdía, Verbitsky…, que no tienen derechos humanos, ni derechos, garantías, y cuyos crímenes por aquéllos quedaron impunes, concediéndoles un bill de indemnidad? Es ignorar la majestad de la Justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde, respetar la igualdad ante la ley, el principio de cosa juzgada, pues los militares, del mismo modo como los terroristas, habían sido amnistiados e indultados por los gobiernos de Alfonsín, Menem, Duhalde, y los únicos «presos políticos» en las mazmorras de la democracia son militares, miembros de las fuerzas de seguridad y policiales, que impidieron que los subversivos cumplieran con sus designios de asesinar a unas 500 mil personas, como los adalides terroristas declararon si hubieran triunfado; y los únicos que siguen presos son quienes nos salvaron de ser una nueva Cuba, Nicaragua…; y los asesinos subversivos, indemnizados con recursos públicos.

Lo que monseñor Lozano no puede ignorar es que aquí hubo una guerra revolucionaria impulsada por la Unión Soviética, a través de su peón de brega, Fidel Castro (el 3 de enero de 1966 se celebró en La Habana la Conferencia «Tricontinental», reuniendo a todos los partidos comunistas de Asia, África y América latina y grupos radicalizados conformando las bases para la insurgencia terrorista en toda América latina. Luego, entre el 30 de junio y 16 de agosto de 1967, se realizó en la misma ciudad la «Primera conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), donde se sentaron las bases para la organización de esas formaciones subversivas) que atacaron a todas las naciones latinoamericanas, salvo México, que esos presuntos hijos de madres y abuelas de Plaza de Mayo ensangrentaron a la Argentina, cometiendo entre 1969 y 1979 21.655 atentados terroristas y asesinaron a 1.160 víctimas inocentes a traición para supuestamente librarnos de la explotación capitalista. Esas víctimas -sus derechohabientes- carecen de derechos humanos y siempre fueron ignoradas endógena y exógenamente por las pseudo organizaciones de derechos humanos, de terroristas.

Con respecto a los supuestos desaparecidos, según la Conadep, fueron 8.690, de acuerdo con las denuncias de parientes, que tras el terremoto de México en 1985, aparecieron por TV, en Francia, España, Italia, países escandinavos y hasta en Australia, reduciéndose a unos 5.000, que fueron los combatientes subversivos abatidos en enfrentamientos con las FF.AA., y cuyos parientes fueron indemnizados por Menem, mediante la ley 24.411 por u$s 4.000 millones, cabiendo a cada individuo u$s 250.000. Y con relación, a la mentira de los 30.000 desaparecidos, fue un invento del ex montonero Luis Labrañas, según declaración el programa «Mauro la pura verdad» del 21-12-14 de Mauro Viale, para que las naciones europeas concedieran subsidios a las supuestas organizaciones de derechos humanos.

Le comunico a monseñor Lozano que los ancianos mayores de 90 años, condenados a cadena perpetua de por vida -¿para ellos no existe la caridad cristiana?- que lucharon por su Dios y la Patria, impidiendo que la Nación desapareciera en la noche oscura de los tiempos, se están muriendo en las mazmorras de Marcos Paz, Ezeiza, Campo de Mayo e interior del país, sin atención médica y de inanición; y unos 2.400 «presos políticos», la mayoría con más dos años de prisión preventiva, violatorio de la ley, y condenados a prisión perpetua de por vida, violando el Quinto Mandamiento y el art. 18 CN. Por lo cual, todas las condenas son inconstitucionales y deben ser liberados, y el fallo de la Corte es un buen indicio para quienes con sacrifico de sus vidas lucharon por Dios y la Patria (ya murieron unos 400 militares, miembros de las fuerzas de seguridad y policiales, después de pasar por ese martirio), y no los terroristas que la Iglesia está defendiendo, que pavonean por ahí.

Y esa rémora de nuestro pasado reciente (40 años) debe removerse, si es que impera la justicia (por ahora brilla por su ausencia), para la pacificación del país, recordando que la paz es la tranquilidad en el orden, según San Agustín, y que Mitre pidió «orden en las ideas y paz en los espíritus», que se debe procurar, en lugar de afirmar monseñor lozano que hay que continuar los juicios inconstitucionales.

Con cordiales saludos.

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