Terrorismo

Por Giuliano Iezzi.-

Argentina, en julio de 2019, será sede del Plenario Bianual Internacional para combatir el Terrorismo Nuclear. Así rezan las noticias más recientes, anunciando lo que a todas luces deja al descubierto el total desconocimiento de nuestra realidad por parte de los organizadores y confirma que se tratará de un acto de hipocresía insalvable de parte de nuestros representantes.

El terrorismo nuclear es una sub categoría de la más abarcativa categoría Terrorismo, puesto que el adjetivo Nuclear se refiere al tipo de  armas y no al concepto en sí. Para que se pueda luchar contra el terrorismo la claridad de conceptos es imprescindible, y el accionar debe ser coherente con ellos, evitando subterfugios y parcialidades. En definitiva se debe ser justo y además debe darse por descontado que el país anfitrión comparte la idea fundamental del evento, luchar para evitar el terrorismo; y la Argentina, lamentablemente en su historia reciente, ha dado pruebas de que difícilmente podría ser incluida dentro de los países con reales intenciones compatibles para la lucha.

Desde las convenciones de Ginebra de 1949, en el mundo, los crímenes del terrorismo contra civiles inocentes, se califican como delitos de Lesa Humanidad. En nuestro país desde 1956 forman parte del derecho, pero son ignoradas legal y moralmente.

Lo más patético de la parte de nuestra historia atinente a esta cuestión, es que hasta el 25 de mayo de 1973 el terrorismo había sido derrotado, sus cabecillas juzgados y encarcelados legalmente por La Cámara Federal en lo Penal. Pero en esa fecha se liberó a los terroristas, se disolvió la cámara y a partir de allí los jueces que no se exiliaron fueron asesinados.

Así mismo, parece imposible que la Argentina en definitiva se aplicará a una participación ecuánime y coherente, porque eso determinaría ipso facto una necesaria y justa readecuación a un estado de derecho. Produciéndose como resultado justo y natural, muchas “condenas” y muchas “libertades”; incómodas todas.

Es tan alto el desprecio de todos los acuerdos internacionales, a la cual ha sido inducida a lo largo de cuarenta años, la opinión pública, que una periodista, la señora Liliana Franco, frente a las cámaras de televisión puede declarar, sin problema alguno, que en el living de su casa armaba bombas Molotov, presentando así su “patente de corso”. O recordar que la señora Victoria Donda, quien es Diputada Nacional, expresa a los cuatro vientos y sin temor alguno: “Mis padres mataban con orgullo”. Es menester aclarar que la señora ocupa ese cargo con el único mérito de ser hija de terroristas. O las reiteradas apologías del delito, perpetrados en manifestaciones públicas, por la señora Bonafini, reivindicando el accionar de sus hijos terroristas o haciendo un panegírico de la ETA, y las FARC o brindando con Champagne por el ataque a los civiles de las Torres Gemelas. El estatus de prócer de la Señora Bonafini que le ha sido concedido alegremente por los medios afines al gobierno kirchnerista, le permite a ella, hacer esto y robar “sueños”, sin que sea debidamente juzgada. Comportando asimismo una  condenatoria de la sociedad toda.

Tampoco ayuda el fallo de, Nada menos que la Corte Suprema de Justicia, de 2005, que denegó la extradición a un etarra, sosteniendo que “el terrorismo no es delito de lesa humanidad…”

La Sociedad de las Naciones en 1937 define terrorismo cómo: “Cualquier acto criminal dirigido contra un estado y encaminado a o calculado para crear un estado de terror en las mentes de las personas o del público en general”.

Otra definición plausible agrega: “Forma violenta de lucha política, por la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad para intimidar a los adversarios”.

Desde los sesenta en adelante, y muchos tenemos memoria de ello, los terroristas, en la Argentina, no vacilaron en matar y torturar a quien fuera, civiles, niños, militares, o clérigos, para sembrar el terror, motivados por una única razón, destruir el orden y tomar el poder. Como en realidad eran mercenarios cipayos entrenados en Cuba y Rusia, no sería descabellado pensar que luego de hacerse del mando supremo y “fusilar a un millón de personas”, como lo prometieron, en definitiva el gobierno pasase a manos de la potencia más poderosa. Las leyes argentinas contemplaban la pena por terrorismo y el concomitante delito de lesa humanidad, pero en definitiva, los terrorista fueron profusamente indemnizados, y el solo título de guerrillero, y por derecho divino sus descendientes,  hace ya tiempo que es un pase a la política, o a la farándula o al periodismo o a lo que se desee. Es un comodín de uso discrecional. Por otra parte quienes lucharon y derrotaron al terrorismo se pudren en las cárceles, algunos de ellos sin siquiera tener un juicio iniciado, y la mayoría sin una sentencia.

¿Cómo puede ostentar esto la Argentina y ser sede de la bienal?

Si lo apuntado se pudiese endilgar al poder de turno y nada más, no sería tan grave puesto que se trataría de una minoría fácil de contrarrestar. Pero lamentablemente esto sucede a lo largo de más de cuatro décadas y ha permeado todas las instituciones de la enclenque república. Dimensionando  el tamaño del trascendental delito.

Según Umberto Eco, y resumiendo en pocas palabras “…sin periodismo no habría terrorismo…” Y nuestro periodismo de las últimas décadas ha elevado al nivel de héroes a terroristas y a sus deudos e invisibilizado a las víctimas. Tan solo esto es una culpa de tal gravedad que haría inviable la participación de Argentina en ese evento, por lo menos por una cuestión de dignidad.

Para cubrir al terrorismo se ha utilizado el concepto de “terrorismo de estado” y se le ha dado a este una entidad tan superior que el otro terrorismo se diluye en las nieblas del tiempo para los idiotas útiles. Esta falacia no se sostiene frente al mínimo análisis puesto que los Delitos de Lesa Humanidad no son prerrogativas del estado, sino que dependen del hecho en sí. Así que de ninguna manera puede ser omitida la culpa de quienes asesinaron o torturaron a civiles y no civiles, quienes murieron por respetar las leyes vigentes en gobiernos democráticos.

Según el juez Baltazar Garzón, representante de las izquierdas españolas, y por eso vale traerlo a colación, define el concepto como: “Un sistema político cuya regla de reconocimiento permite y/o impone la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder”.

Desde el gobierno de Alfonsín hasta la fecha esta definición puede ser aplicada a casi todos los gobiernos que se sucedieron, y a la Corte Suprema, puesto que se instrumentó desde el gobierno el “pensamiento único” y quienes opinaban lo contrario fueron escarneados por el terrorismo mediático, o perseguidos por instituciones del estado y hasta soportaron campañas orquestadas por los cómicos ad hoc. Como ejemplo palmario, los Veteranos de Malvinas, debido al intento de venganza y desmilitarización de Argentina, puesto en acto, con todos los poderes del estado, por “el padre de la democracia”, tardaron más de treinta años para ser reconocidos por el pueblo argentino. Con los mismos métodos se han encarcelado, y siguen en la cárcel, a personas sin juicio previo y de “eso no se habla”, cumpliendo a rajatablas el famoso aforisma del general “al enemigo ni justicia”.

El nuevo gobierno asumido hace 18 meses no escapa tampoco a esta definición desde el momento que una ley obliga a contabilizar en 30.000 los desaparecidos aunque nadie pueda dar una lista superior a 8.000.

Asesinando la verdad y la justicia se está asesinando el futuro y en silencio sin disparos, en nuestra Argentina empobrecida, mueren miles de niños inocentes, porque el país es incapaz de cubrirle las mínimas necesidades sanitarias y de alimentos.

No hay manera de luchar contra el terrorismo si se camufla la ley de manera que los terroristas, aun los confesos, salgan libres. Y sean ignorados los acuerdos internacionales sobre concepto y castigo de los delitos de lesa humanidad, por mezquinos y criminales apetitos políticos, como es el caso de nuestro país, nos condenará frente a un mundo arto del terrorismo y definitivamente la no adecuación de nuestro país al derecho internacional pone en duda la realidad de los derechos humanos en Argentina y la esencia misma del concepto de justicia y humanidad.