Un sistema que prefiere docentes rotos antes que docentes de licencia es un sistema que ya eligió mirar para otro lado.

Por José Roberto Altamirano.-

Tras la pandemia, el agotamiento docente ha escalado de estrés a urgencia psiquiátrica. Mientras el Estatuto provincial ofrece un marco teórico perfecto, la realidad en las escuelas se debate entre el silencio cómplice y la burocracia que estigmatiza y maltrata.

La pandemia dejó cicatrices invisibles que van más allá de lo económico o lo sanitario; dejó un sistema educativo con las costuras a punto de reventar. Durante el confinamiento, la comunidad educativa sufrió una metamorfosis forzosa: los padres tuvieron que aprender a ser tutores pedagógicos y los docentes se convirtieron en soportes técnicos y emocionales 24/7. Fue una época de aprendizaje brutal sobre la brecha digital, donde compartir un único celular entre tres hermanos no era la excepción, sino la regla.

Pero esa adrenalina de la emergencia pasó, y lo que quedó fue el residuo tóxico del agotamiento crónico. Hoy, a estas alturas del año, el “docente taxi” que corre de una escuela a otra no solo carga con carpetas y planificaciones; carga con una presión psicológica que ya no se disipa con vacaciones.

EL TABÚ DEL “ESTÁ LOCA”

Caminar por los pasillos de nuestras instituciones educativas revela una realidad incómoda: el desequilibrio mental frente al aula. Vemos colegas que gritan desmedidamente, que lloran en la sala de profesores o que, simplemente, se han desconectado de la realidad.

El diagnóstico de pasillo es cruel y simplista: “Esa profesora está chiflada”. Se dice en voz baja, con miedo. Pero nadie se juega. Nadie firma la nota. Nadie activa el protocolo real. Hablamos hasta el cansancio de Educación Emocional en las jornadas institucionales, llenamos planillas y escuchamos capacitaciones, pero a la hora de la verdad, no comprendemos ni aplicamos la empatía básica con el colega que se está derrumbando frente a nosotros.

LA LETRA MUERTA DEL ESTATUTO

El Estatuto del Docente de la Provincia de Corrientes es, en teoría, impecable. Establece claramente la necesidad de exámenes psicofísicos periódicos, licencias por salud (con goce de haberes según la gravedad) y la garantía de estabilidad laboral siempre que se conserve la capacidad psicofísica.

En los papeles: existe la Junta Médica, la contención y el derecho a sanar.

En la práctica: Existe el miedo. Miedo a que pedir ayuda psiquiátrica sea una mancha en el legajo. Miedo a los descuentos injustificados. Miedo a directivos que, desbordados y sin herramientas reales de contención, prefieren “estirar” la situación hasta fin de año antes que enfrentar el conflicto administrativo. Miedo al maltrato de los médicos que amenazan con jubilaciones por invalidez.

La institución educativa, muchas veces, elige el silencio. Y ese silencio es peligroso. Un docente sin salud mental no solo se daña a sí mismo; afecta inevitablemente al alumno, rompiendo el vínculo pedagógico y convirtiendo el aula en un campo minado.

No se puede seguir fingiendo que la salud mental docente es un asunto privado. Es una cuestión de política pública y responsabilidad institucional.

Si el Estatuto nos da las herramientas y todos vemos las señales de alerta, ¿por qué elegimos mirar para otro lado? ¿Somos cómplices por indiferencia o víctimas de un sistema que prefiere docentes rotos antes que docentes de licencia?

Así, el agotamiento docente dejó de ser un problema individual para convertirse en una urgencia institucional. Entre un Estatuto que promete protección y una práctica que castiga pedir ayuda, la salud mental sigue siendo el gran tabú del sistema educativo.

No alcanza con reconocer el problema en voz baja ni con esperar que “pase solo”. Es momento de activar lo que ya existe, de exigir que el Estatuto deje de ser letra muerta y se convierta en una herramienta viva de cuidado. Los equipos directivos deben intervenir sin miedo ni dilaciones; las supervisiones, acompañar y garantizar procesos claros; el Estado, asumir que la salud mental docente es parte indelegable de la calidad educativa.

Hablar, registrar, pedir ayuda y acompañar no puede seguir siendo un acto de valentía individual, sino una práctica institucional respaldada y protegida.

Cuidar al docente no es un privilegio ni una concesión: es una obligación ética y política.

Porque no hay aprendizaje posible en aulas sostenidas por el silencio, el miedo y el desgaste.

Y porque defender la salud mental docente es, en definitiva, defender el derecho a una educación digna para todos.

Es tiempo de pasar del diagnóstico a la acción. Si la salud mental docente es una prioridad real —y no solo un enunciado discursivo—, es necesario avanzar con medidas concretas y sostenidas:

  • Activar protocolos claros y obligatorios ante señales de deterioro de la salud mental docente, que no dependan de la “buena voluntad” individual ni del criterio informal del equipo directivo.
  • Garantizar el acceso efectivo a la Junta Médica, sin dilaciones ni trabas administrativas, y con resguardo pleno del legajo y los haberes del trabajador.
  • Formar a directivos y supervisores en detección temprana, abordaje institucional y acompañamiento responsable, para que intervenir no sea sinónimo de castigo.
  • Desestigmatizar la licencia por salud mental, equiparándola en la práctica a cualquier otra licencia médica, sin sospechas ni penalizaciones encubiertas.
  • Generar espacios reales de prevención y cuidado, con equipos interdisciplinarios que acompañen antes de que la situación se vuelva crítica.
  • Asumir la corresponsabilidad del Estado, entendiendo que la sobrecarga laboral, la fragmentación horaria y la precarización también enferman.

Cuidar la salud mental docente no es un gesto humanitario ni una concesión excepcional: es una condición básica para sostener la escuela pública.

Sin docentes cuidados, no hay vínculos pedagógicos posibles.

Y sin instituciones que se hagan cargo, el silencio seguirá siendo la política más dañina para la sociedad en su conjunto.

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