Por Orlando Agustín Gauna.-
Al Señor Procurador general.
El que suscribe, Orlando Agustín Gauna, DNI 6255319, domiciliado en Luis Federico Leloir N° 1169 de la ciudad de Santa Fe, ejerciendo el constitucional derecho de peticionar a las autoridades, se dirige a usted a los fines de solicitarle arbitre las medidas correspondiente por los canales pertinentes para que se determine si debe iniciarse juicio político al Fiscal Federal Martin Suárez Faisal. A la vez se requiere, si al dictarse sentencia conforme al requerimiento del señor fiscal Suárez Faisal se considere “cosa juzgada írrita”.
Todo ello, en los autos carátulados “Oldani, Virginia – Calle, María José – Chelmo, Carina Amelia – Forchetti, Leandro Javier – Giulioni, Flavio Damian y otros s/ inf. Art. 310 – Incorporado por Ley 26733” (Expte.N°FRO 8809/2020/TO1)
El requerimiento fiscal pretende la extinción de la acción penal, al fundarse en lo dispuesto en el artículo 59, inc. 6 del código penal, que expresamente reza: “Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes.”
El expediente se inicia a raíz del homicidio en ocasión de robo, del empresario Hugo Oldani, el 11 de febrero de 2020. Luego del suceso, en horas de la noche, con la complicidad de la entonces fiscal provincial Cristina Ferraro, familiares y allegados al empresario retiraron más de un millón de dólares y tres millones de pesos que serían parte de una intermediación financiera, de una “cueva financiera” que funcionaba en el local donde se perpetró el robo.
El fiscal Suárez Faisal consideraría “una reparación integral” la donación de poco más de cien millones de pesos, cuando en el momento, los imputados hicieron “desaparecer” más de un millón de dólares que hoy sería el equivalente aproximado a $ 140.000.000 a lo que debería sumarse los 3 millones de pesos, que en su momento serían el equivalente a unos 40.000 dólares.
Quienes se apropiaron de más de un millón de dólares de operaciones financieras ilegales, quedarían impunes con una “donación” de una suma muy inferior a la apropiada.
Por todo lo expuesto, se solicita la inmediata intervención del Procurador general.
DAR LUGAR A LO SOLICITADO
SERÁ JUSTICIA
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