Por Carlos Tórtora.-

A los tumbos, el gobierno trata de montar una estrategia para sobrellevar el Karinagate. En líneas generales, lo que está intentando Javier Milei es una réplica de lo que el gobierno viene haciendo en el caso $LIBRA, donde hasta ahora la viene sacando barata. En primer lugar, el oficialismo evita dar explicaciones sobre el nuevo escándalo y se refugia en respuestas retóricas como echarle la culpa de todo a un supuesto complot kirchnerista sin aportar una sola prueba. Esto apunta a la intención de enfriar el tema hasta que la volatilidad de la realidad imponga otras prioridades en la agenda pública. En este orden de cosas, el gobierno no hace que los funcionarios sospechosos se presenten ante la justicia. Tampoco denuncia a Diego Spagnuolo, como antes no denunció a Hayden Davis cuando dijo «le doy plata a su hermana y él hace lo que yo quiera», afirmación que tendría que haber provocado una inmediata querella criminal de los Milei en su contra.

Es obvio entonces que ahora el gobierno busca que la causa judicial se aquiete y tiene alguna esperanza de que Sebastián Casanello y Franco Picardí ralenticen su accionar.

Pero hay varios factores que conspiran en contra del éxito de este objetivo. El primero es que el caso $LIBRA se produjo en el ámbito de las criptomonedas, cuyo funcionamiento es por ahora ajeno a la mayor parte de la población. En cambio el Karinagate golpea con un tema de alta sensibilidad popular como es el costo de los medicamentos.

En segundo lugar, el caso $LIBRA es un episodio aislado que afecta a un número alto pero a la vez limitado de personas. Por el contrario, el Karinagate es tan sólo la punta del iceberg de una enorme trama de corrupción gerenciada por el clan de los Menem. Allí entran desde licitaciones gigantescas de provisión de insumos hospitalarios, como la del Hospital Posadas por 15.000 millones de pesos, hasta multimillonarios contratos del Banco Nación y la ANDIS con Tech Security, la empresa de seguridad de los Menem. Y hasta están las denuncias contra Lule Menem por exigirles una parte de sus sueldos a funcionarios del PAMI y la ANSES. Estamos entonces ante una matriz de corrupción que abarca a buena parte de la administración pública nacional.

Costos impagables

Todo lo señalado hace que lo que hasta ahora le funcionó al gobierno relativamente bien con $LIBRA no le esté dando en principio resultado con el mismo nuevo escándalo. La realidad es que las primeras encuestas hablan de una pérdida de intención de voto del orden del 10%. De ser así, se trata de un número lo suficientemente alto como para generar una derrota de LLA tanto en septiembre como en octubre.

Otra diferencia es la conducta de la oposición en el Congreso. Con $LIBRA hubo prudencia y hasta cierta tolerancia. Pero ahora ya se habla sin vueltas de la posibilidad de un juicio político.

En síntesis, los costos de este escándalo son extremadamente altos y de alcances imprevisibles. Las mismas elecciones del 7 de septiembre están vaciadas de todo contenido bonaerense y parecen ser más bien la caja de resonancia del escándalo.

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