Por Carlos Tórtora.-

El creciente frente de turbulencias legislativas que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri con el proyecto de ley para frenar los despidos, presentado por el kirchnerismo y otros sectores, más la tensión que el avance del ajuste está provocando hasta en las bancadas oficiales, opera como un freno para el tratamiento de los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkranz en la Corte Suprema de Justicia. La posibilidad de que esta situación se prolongue varios meses está fortaleciendo al presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, que conduce el mismo a través de su alianza con Juan Carlos Maqueda. Como una relativa disidente queda Elena Highton de Nolasco, que sorprendió a propios y extraños por su acercamiento al gobierno de CFK en su última etapa. Lorenzetti no sólo apuesta a que los nuevos ministros de la Corte tarden mucho en llegar sino en que el Congreso se empantane en una larga discusión sobre la posibilidad de ampliar el alto tribunal a 7 o hasta 9 miembros.

Mientras tanto, Lorenzetti no pierde el tiempo y exhibe una vez más su capacidad para hilar en materia de política judicial. En sus conversaciones con jueces de casación y federales, está machacando en que no se debe admitir de ningún modo que la presidencia de la Corte sea ejercida por un miembro que recién se incorpora, porque se da por sabido que el presidente debe contar ya con experiencia en el cargo. Un tiro por elevación a las supuestas intenciones del macrismo de colocar a Rosatti en el lugar de Lorenzetti.

Los intocables

La situación en la Corte se vincula con la tensión que se vive en Comodoro Py después que, corporativamente, jueces y fiscales decidieran emprender una especie de mani pulite criollo. Le toca a Sebastián Casanello ser la pieza central en el actual escenario de los procesos, ya que cada vez es más insistente la versión de que tendría un compromiso de avanzar con extremada lentitud en la causa de Lázaro Báez para evitar el procesamiento -y eventual detención- de Cristina Kirchner, un factor de crisis que preocuparía seriamente al gobierno. Con la actual olla a presión social, si el cristinismo saliera a provocar desórdenes por la detención de su jefa, podría darse un efecto contagio en distintos sectores.

El caso es que la defensa corporativa de los magistrados algún resultado empieza a dar. Por ejemplo, en la mesa chica quisieran impulsar la remoción de al menos Rodolfo Canicoba Corral y Daniel Rafecas, que encabezan la lista negra de la Casa Rosada. Pero no lo hacen porque en el clima de mani pulite que hay se podrían interpretar que el Ejecutivo está queriendo interferir en un tema tan sensible. Otros, en cambio, por ejemplo Claudio Bonadío, estarían más cómodos en su relación con el oficialismo, al igual que Ariel Lijo.

En síntesis, a medida que se oscurece la situación social y que la oposición descubre que esto le resulta cada vez más rentable, al gobierno se le va haciendo cada vez más trabajoso meter mano en la Justicia a través de leyes o del Congreso de la Magistratura. Prosperan, en cambio, los operadores que tratan de sondear el destino de las causas que pueden detonar una crisis política. Todo esto, en consonancia con las encuestas, que empiezan a mostrar los temores de la población de que sea mucho más difícil de lo que se suponía salir del ajuste y entrar en el crecimiento de la economía.

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