Por Carlos Tórtora.-

El apetito viene comiendo y, como ya estaba anticipado, el gobierno, ni bien se termine la sanción de la reforma laboral, intenta enviar para su tratamiento en comisiones un proyecto de reforma electoral similar al que quedó frustrado el año pasado después de la Ley Bases.

En la Casa Rosada se comenta que Javier Milei incluiría el tema en el discurso de inauguración de las próximas sesiones ordinarias.

Al tope del proyecto está la eliminación, o cuando menos suspensión, de las PASO, que ya fueron suspendidas el año pasado. Se trata de un tema que divide fuertemente al PJ pero que cuenta con un amplio respaldo en la opinión pública.

El financiamiento de los partidos políticos es otro tema central. Acá entraría en juego la conocida intención de Milei de ampliar la capacidad de los partidos de captar aportes privados y, simultáneamente, reducir el aporte público que está asegurado por el artículo 38 de la Constitución.

En cuanto a la Boleta Única de Papel, se intentaría incorporar un casillero que permita votar la lista completa con una sola marca.

Disidencias libertarias

Algunos de los que manipulan los borradores de la reforma electoral reconocen que, en lo que hace al régimen de partidos, hay dos posturas casi diametralmente opuestas. Karina Milei encabeza la línea pragmática que apuesta a reducir drásticamente el número de partidos nacionales mediante el requisito de obligarlos a contar con 10 distritos para mantener la personería (hoy necesitan 5). De este modo, quedarían sólo media docena de partidos nacionales y el gobierno podría manejar a gusto la oferta electoral.

La otra línea la representan Las Fuerzas del Cielo y la Fundación Faro, que apelan a la ortodoxia libertaria. O sea, quieren que se multiplique la oferta electoral y que cada vez haya menos requisitos para postular candidatos.

Otro punto álgido donde el gobierno quiere poner el dedo es la representatividad de las provincias. Hoy la ley otorga un escaño cada 161.000 habitantes o fracción no menor a 80.000. Milei intentaría bajar el mínimo y elevar la fórmula. O sea, un diputado cada 180.000 habitantes o fracción no menor a 90.000. De este modo, las provincias más grandes crecerían en bancas en desmedro de las más chicas. En el caso de Buenos Aires, aumentaría un 30% sus bancas. Esta última reforma, por ejemplo, sería resistida por los legisladores de la casi totalidad de las provincias.

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