Nuevo frente de conflicto entre el gobierno y las provincias por el manejo del Consejo Federal de Energía Eléctrica

La fuerte presión que vienen ejerciendo desde hace varios días los funcionarios que dependen del ministro Juan José Aranguren para copar con técnicos afines al Gobierno la conducción del Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE) ha puesto en estado de alerta a varias provincias que quieren preservar el perfil profesional y federal de la entidad creada en 1960.

Lo que está en juego es la elección de dos “vocales titulares” de la cúpula ejecutiva del CFEE que pasarán a integrar el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAFF), el organismo clave que lleva adelante las licitaciones de las grandes obras de transmisión eléctrica.

De cara a la asamblea plenaria del CFEE que la próxima semana deberá elegir a los nuevos vocales, el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga salió a desplegar una marcada ofensiva para que los representantes provinciales apoyen a los candidatos que fogonea la administración macrista.

Sruoga y el actual titular del CFEE, José Ovejero -un ingeniero alineado con el gobernador jujeño Gerardo Morales que la Casa Rosada colocó al frente del Consejo en febrero del año pasado- se comunicaron con casi todos los gobernadores y los directores provinciales de energía para pedirles que sus representantes en el Consejo voten a los profesionales que respalda el gobierno nacional: el chaqueño Walter Ramírez y el mendocino Alejandro Neme.

Los otros postulantes que pugnan por quedarse con los cargos en danza son Néstor Martino (representante de la provincia de Buenos Aires) y Juan Carlos Saldivia (el titular de la Dirección de Energía de Tierra del Fuego).

Martino y Saldivia integran actualmente la conducción del CAFF. Pese a las diferencias que tienen con los funcionarios nacionales, los dos decidieron ir por la reelección luego de recibir el apoyo de los delegados de varias provincias.

Los que conocen el paño del sector eléctrico advierten que uno de los motivos de la disputa por los cargos en el organismo federal sería un millonario desembolso por mayores costos adicionales que el Estado tiene en las gateras a favor de las constructoras de tres proyectos clave de interconexión eléctrica que están bajo la órbita del CAFF.

Se trata del denominado Tramo Sur de la línea de alta tensión Mar del Plata-Bahía Blanca que está cargo Intesar del grupo Electroingeniería; el Tramo Norte de la misma línea adjudicado a la empresa local Teltres y a la española Teyma-Abengoa y la interconexión Rincón Santa María-Resistencia que también quedó en manos de Intesar.

Estas obras -que tienen un grado de avance que oscila entre el 45% y 55%- se encuentran a media máquina a la espera de que el Gobierno termine de aprobar las redeterminaciones de los valores contractuales y los mayores costos por adicionales y trabajos complementarios.

De acuerdo con los cálculos que hicieron los colaboradores de Aranguren y Sruoga, el total que debe reconocer y pagar el CAFF por adicionales en las tres obras sería del orden de los 1.000 millones de pesos.

Pero según las cuentas internas del CAFF, la suma máxima a reconocer no debería superar los 550 millones de pesos.

Antonio Rossi

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