Ibarra contrata una consultora privada para censar y vigilar a los delegados gremiales del sector estatal

Por Antonio Rossi.-

Tal como había hecho en la anterior administración porteña, el ahora ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, volvió a concretar una polémica “privatización” de una serie de tareas que le corresponden al Estado y que, en determinados casos, involucran acciones que bien podrían encasillarse como “trabajos de inteligencia y de espionaje” sobre los referentes sindicales del sector público.

Ibarra contrató a la consultora privada PCG para que lleve adelante un trabajo de “relevamiento y análisis” de los empleados estatales que genera ruido y que ya cosechó una denuncia gremial de ATE.

Según las pautas fijadas por los funcionarios de Modernización, la consultora privada -que va a cobrar casi 3 millones de pesos- deberá efectuar las siguientes tareas:

–Cotejar las bases de información y armar un registro de agentes del Estado con tutela gremial para facilitar el desarrollo de mejores prácticas en materia de gestión de las relaciones laborales.

–Desarrollar un “tablero de comando» con indicadores clave de gestión para el seguimiento de las iniciativas de cada área en lo que respecta a su estado de implementación y el uso de fondos.

–Confeccionar una metodología de seguimiento y control de los conflictos de gremiales.

–Relevar los procesos de elección de delegados en las dependencias públicas, los miembros de comisiones directivas y la celebración de asambleas.

–Confeccionar las estadísticas de conflictividad laboral y compararlas con el mismo período del año anterior, con indicadores que «evidencien la evolución de los conflictos colectivos, además de detectar tendencias y señalar otros indicadores como cualquier tipo de estacionalidad y evaluar la efectividad de los mecanismos de negociación y resolución de los mismos».

Para tratar de amortiguar las críticas y cuestionamientos, los voceros de Ibarra y del Jefe de Gabinete, Marcos Peña salieron a “vender” esta llamativa movida en los medios oficialistas con el argumento de que se trata de un “trabajo inédito en el país para establecer un mapa de la conflictividad gremial en el sector público”.

Lejos de ser una casualidad, la relación de Ibarra con la consultora PCG viene de larga data. Cuando fue ministro de Modernización del gobierno capitalino de Mauricio Macri la contrató en dos ocasiones para que la realización de trabajos de relevamiento y control que podrían haberse realizado con personal de esa cartera.

Según un informe elaborado en 2014 por la comunera del FPV, Julieta Costa Díaz; Ibarra le había adjudicado a PCG un contrato para determinar la cantidad de personas que trabajaban en el ministerio de Educación e implementar el programa denominado “Jóvenes Profesionales”.

También fue contratada por el gobierno de la Ciudad para un programa de “fortalecimiento de la gestión y desarrollo del capital humano” que tenía entre sus principales objetivos “la identificación de los empleados jubilables y aquellos que pueden acceder al retiro voluntario”.

La primera reacción a la nueva jugada de Ibarra provino de la filial porteña de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) con la presentación de un recurso de amparo para que el Gobierno informe públicamente todos los datos relacionados con la contratación de consultoras privadas para relevar y analizar la situación de los empleados públicos.

El titular de ATE-Capital, Daniel Catalano advirtió que se trata de “una medida insólita porque una consultora no puede analizar al Estado y sus funciones como si fuese una compañía privada con fines de lucro”.

Para el dirigente sindical, detrás de esas contrataciones “hay negocios espurios y la intención del Gobierno de preparar informes digitados para justificar nuevos despidos en el marco del ajuste que amenaza realizar antes de fin de año”.