Por Luis Alejandro Rizzi.-

Me refiero a los procesamientos de varios expresidentes: Álvaro Uribe, Cristina, con condena, Donald Trump y Bolsonaro.

Estos cuatro casos tienen en común el “lawfare”, como defensa de fondo, que en definitiva pretende sustituir la esencia del proceso judicial, que tiene por finalidad llegar a la “verdad”, si se prefiere a una aproximación de la verdad, para aplicar a los hechos probados el derecho pertinente vigente, absolución o condena.

La invocación al “lawfare” tiene por finalidad eludir la invocación a la garantía del derecho de defensa; si no va más allá, sería una inmunidad procesal.

Esa inmunidad estaría sustentada en la legitimidad de origen, cuando se llega a la función pública por medio de un sistema de elecciones.

Enunciaríamos así lo que llamaríamos el “principio democrático”.

El “origen democrático” de un funcionario impediría su juzgamiento por tribunales integrados por jueces no elegidos por medio del voto directo de la ciudadanía.

Un presidente o los legisladores elegidos democráticamente sólo pueden ser ponderados por sus pares o extremando el concepto en una futura elección al vencimiento del período respectivo. La absolución o condena dependería del resultado electoral.

Es obvio que este supuesto argumento no es más que un sofisticado sofisma, que tiene un doble objetivo.

Por un lado, eludir la “molestia republicana”, que significa el control jurisdiccional de los actos de gobierno, expresión tomada en su sentido más lato posible.

Por el otro, delegar la ponderación de la gestión sólo en la legitimidad del voto. Dicho de otro modo, el único árbitro legítimo es la “voluntad general”.

En los casos de los cuatro presidentes que han invocado como “primera y última defensa” el famoso “lawfare”, tres serían de derecha y Cristina, “peronista”, en alusión a aquella frase de Perón, “que todos somos peronistas”, y quizás no le falte razón.

Pero de algún modo al gobierno de Milei también lo alcanza la “molestia republicana”, y el control jurisdiccional judicial se ve como un obstáculo inadmisible, aunque aún no ha recurrido a la invocación del “lawfare”.

Nosotros hemos seguido las causas de los cuatro presidentes a través de los medios, salvo el caso de Cristina, que hemos tenido alcance de las respectivas sentencias.

Con relación a los casos de Uribe, Bolsonaro y Trump, conocemos los hechos en los que se sustentan las imputaciones y son causa de los procesamientos.

Los “hechos”, que según aquel editorial de los “cien años” de “The Guardian” son sagrados – Comment is free, but facts are sacred. “Propaganda”, so called, by this means is hateful”-, excluyen cualquier posibilidad de “lawfare”.

En el caso de Uribe, existió su denuncia contra Iván Cepeda, hace unos doce o trece años, el origen de la causa que terminó en su reciente declaración de culpabilidad. El viernes próximo se conocerá la condena.

En los casos de Bolsonaro y Trump, existieron la resistencia a reconocer la derrota electoral y hechos que a primera vista parecen encuadrar en el delito de sedición.

Finalmente, en el caso de Cristina, la corrupción en la Dirección nacional de Vialidad, existió. Podemos discutir en este caso, su autoría o participación real en los hechos investigados, que es otra cosa, nada que ver con el “lawfare”.

Como conclusión, en ninguno de los cuatro casos hay motivos fundados para invocar el “lawfare” como fundamento de inmunidad procesal.

Otra cosa es debatir o discutir sobre la calidad de las sentencias. En el derecho siempre están las dos bibliotecas, por la sencilla razón de que los juicios humanos son falibles y los de Dios, hasta hoy, nos son desconocidos.

Nos quedarían los de la historia, y también sus contenidos son falibles.

En definitiva, en estos cuatro casos, seguramente cada uno de los presidentes en su más profunda intimidad sabrá lo que hizo y lo que dejó de hacer.

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EL CASO DEL NUEVO JUEZ EMIL BOVE EN LA CORTE FEDERAL DE APELACIONES

Hay otro modo de hacer “lawfare” mucho más perverso, que es la designación de magistrados obsecuentes, como lo fue el martes pasado la designación de Emil Bove III como Juez de la Corte Federal de Apelaciones, con competencia en Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware.

Según el “New York Times”: “la confirmación de Bove proporcionó al menos un respaldo tácito del Senado a los esfuerzos del presidente para doblegar el sistema de justicia a su voluntad. La mayoría de los republicanos se encogieron de hombros ante las preocupaciones de que Bove, de 44 años y abogado defensor de Trump en su juicio penal en Manhattan el año pasado, había socavado la independencia tradicional del Departamento de Justicia o ayudado en los enfrentamientos de Trump con los tribunales”.

Esto también es un modo de promoción de un “lawfare” activo.

El primer síntoma de decadencia de un país es su descascaramiento institucional.

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