Por Carlos Tórtora.-

La crisis por el escándalo de corrupción de Manuel Adorni tiene algunas facetas difíciles de explicar. En la Cámara de Diputados ya se discute qué bloques apoyarán el pedido de interpelación al Jefe del Gabinete y afloran posturas difíciles de explicar, como la del bloque del PRO, que sostendría que no corresponde la interpelación porque hay una investigación judicial en marcha.

Este es un síntoma de lo que parece ser una omisión política fundamental de la oposición. Y lo que se omite es el artículo 101 de la Constitución Nacional, que dice que el Jefe de Gabinete «puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras».

Hasta el momento ningún legislador -y esto incluye a los bloques peronistas- ha planteado el objetivo de la remoción de Adorni. Y da la impresión de que todo el despliegue opositor se agotaría en una simple interpelación a la que Adorni probablemente no concurra.

Una Constitución inaplicada

La incorporación del Jefe de Gabinete a nuestro sistema institucional a través de la reforma constitucional de 1994 se caracterizó por la normativa que no se aplica. De hecho, en 32 años no hubo ni una sola moción de censura ni remoción.

Pero no es menos cierto que en todo este tiempo, éste es el primer gobierno que agrede y margina sistemáticamente al Congreso.

Vista la obvia intención de Javier Milei de que Adorni se atornille al cargo hasta que pase la tormenta, parecería razonable que la oposición intente usar el artículo 101 para removerlo, aunque conseguir la mayoría absoluta de ambas cámaras no es en absoluto fácil.

Aun cuando no se alcanzara la mayoría absoluta, el intento de remoción tendría un fuerte efecto político y dejaría descolocado al gobierno.

Por el contrario, esta aparente renuncia opositora a fiscalizar al Ejecutivo permite la lectura de que el peronismo, la Coalición Cívica y otras fuerzas, están decididos a evitar que la gobernabilidad del presidente se vea afectada al punto de correr el riesgo de derrumbarse.

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