Por Luis Alejandro Rizzi.-

Es probable que, desde la crisis del 2001-02, la institucionalidad republicana ha sido y es una molestia para los diferentes poderes ejecutivos que se han sucedido.

La excepción fue el gobierno de Mauricio Macri.

Los demás gobiernos resolvieron que la Argentina vivía y vivió en emergencia hasta el pasado 8 de julio.

Sin embargo, seguimos buscando la emergencia por otros medios. Para el poder ejecutivo parece “conditio sine qua non” ejercer el poder de modo absoluto, anulando o eludiendo al congreso, reprochando fallos judiciales que limitan su discrecionalidad.

El Poder ejecutivo gobierna sin presupuesto, un hecho gravísimo, ya que de ese modo vulnera el artículo 29 de la Constitución, que prohíbe que “las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos… Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.”

El Poder Ejecutivo ejercido por Javier Milei se arrogó la atribución de administrar sin presupuesto y de ese modo dispone de los recursos de la nación, a su propio gusto y placer.

Asimismo, intenta paralizar el normal funcionamiento del congreso, recurriendo a cuanta chicana disponible existe para impedir que sesione de modo regular en el período ordinario.

Es cierto que parecería que, con este formato de discrecionalidad y arbitrariedad, el congreso de la nación se siente cómodo.

Ha naturalizado la legislación por medio de DNUs.

El famoso 70 -rechazado por el Senado- aún no ha sido tratado en diputados y mucho menos el congreso estaría dispuesto a considerar el uso inconstitucional de la delegación de facultades dispuestas por la ley 27742 -Ley Bases- que hizo el Poder ejecutivo mediante los decretos 461 y 462, que incluso modificó leyes vigentes.

Esto último significa ejercer atribuciones abusivas e indelegables que podían configurar el delito de incumplimiento de las obligaciones por parte de los funcionarios públicos.

Ni el Poder ejecutivo ni el Senado de la Nación se han esmerado por cubrir las decenas de cargos judiciales vacantes, lo que entorpece la prestación del servicio de Justicia.

Tampoco se integró la Corte Suprema de Justicia, que suma la vacancia de dos cargos.

Estos pocos hechos configuran esta figura de “República quebrada”, que hace que un 40% del padrón no cumpla con su obligación ciudadana de “votar”, derogando de hecho -por falta de “uso”- la obligación de votar.

En Argentina, el voto -de hecho- dejó de ser compulsivo.

La república está quebrada por donde se la mire; la institucionalidad se diluye en la apatía del sistema y en las miserabilidades que sustituyen a la convicción.

Hasta Juan Carlos de Pablo, que supo ser maestro, se esmera en justificar las groserías de Milei, como ratificación de una convicción fiscal, que como tal es insuficiente para ser un buen administrador de un país.

El riesgo país, los 770 puntos básicos y el 40% y pico de las tasas de interés, son las medidas de nuestra altura del tiempo. Estamos sumergidos en la coprología de la más oscura escatología del “sabio bárbaro” de Ortega.

La república cruje ante la presencia del cívico partido militar, cuyo manual de decisiones son los arcanos símbolos del tarot, que diferencian lo malo de lo peor.

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