Por Carlos Tórtora.-

El escenario poselectoral estaría signado sobre todo por tres factores. Primero y principal, Scott Bessent, ya con los votos contados, dejaría de jugar a las escondidas y pondría sobre la mesa el texto con la letra chica del SWAP y sobre todo del préstamo repo de US$ 20.000 millones, cuyas garantías se están discutiendo. Pero nada es tan sencillo. La administración Trump podría subordinar el salvataje a que Javier Milei se baje del caballo, deje flotar el dólar, arme un gabinete de coalición, convoque al diálogo político y lance las reformas impositiva, laboral y previsional. Y que además se sancione la ley de presupuesto. O sea, que renuncie al hiperpresidencialismo.

El segundo factor consistiría en que, perdido por perdido, el gobierno desataría el domingo 26 a la noche una guerra mediática. El objetivo sería relativizar la derrota electoral y hasta presentarla como una victoria. ¿Cómo? Proclamando que en realidad Milei ha triunfado porque en la suma nacional LLA tendrá más votos que Fuerza Patria, porque hay ocho distritos donde el peronismo se presenta con otro nombre. Este ejercicio de contabilidad creativa se complementaria con otro: destacar que el número de diputados nacionales libertarios ha crecido significativamente y que se alcanzó el tercio de 87, necesario para blindar los vetos que el Ejecutivo dicte contra las leyes del Congreso.

Con este enmascaramiento de la derrota, Milei se propone impresionar a Trump y Bessent y atenuar el clima de fin de ciclo que ya se está viviendo.

Es decir que el presidente, que se sabe acorralado, lo que buscaría, en definitiva, es algo de oxígeno para negociar cómo sobrevivir desde la derrota y evitar una caída que no sólo le significaría perder el poder sino transitar mucho tiempo por los pasillos de Comodoro Py.

La jugada decisiva

El tercer factor que puede decidir el rumbo político es más sutil y mucho menos ruidoso. Sin contar con mayoría en ninguna de las dos cámaras, el gobierno de Milei funciona a través del dictado de los DNU. Si este mecanismo se traba, la gobernabilidad quedaría sensiblemente reducida. Y esto es lo que está por pasar.

El 7 de este mes se trató en Diputados el proyecto de ley -ya con media sanción del Senado- para reformar la regulación de los DNU. El proyecto establece, entre otras cosas, que los mismos deben tratar sobre una sola materia y que en un plazo de 90 días de dictados, si no son aprobados por las dos cámaras, pierden vigencia. Esto último lo establece el proyecto en su artículo 3, que no contó con los 129 votos necesarios para su sanción, gracias a que Santiago Caputo consiguió que los diputados de Elisa Carrió y de varios gobernadores trabajaran para la Casa Rosada.

Algunos diputados reconocen que recibieron llamados de directivos del PJ Morgan amenazando con que si se sancionaba la ley podría caerse el salvataje financiero de los EEUU.

Así es que el proyecto debía pasar de inmediato nuevamente al Senado para que éste modificara el artículo 3 o bien lo ratificara y la ley quedara sancionada. Pero Martín Menem, casi con desesperación, cajoneó el proyecto unos días más para que no se tratara antes de las elecciones y esto es lo que efectivamente está ocurriendo. A partir del lunes que viene, el Senado deberá ponerle fecha al tema. Si la ley se aprueba, Milei sólo podrá dictar DNU si negocia los mismos con el Congreso, lo que implica sencillamente cogobernar.

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