Por Carlos Tórtora.-

La decisión del gobierno de retirar del proyecto de reforma laboral el polémico artículo 44 sobre licencias por enfermedad apunta en un sólo sentido: facilitar que el próximo 27 el Senado le dé la sanción definitiva a la ley al no introducir cambios a lo que se vote mañana en Diputados. ¿La urgencia se debe a la ansiedad de Javier Milei por contar con la ley o al temor real de que se complique la sanción?

Para empezar, desde la confrontación que tuvo con Paolo Rocca cuando el gobierno dejó fuera de una licitación de caños a Techint para favorecer una empresa china, Milei estaría convencido de que se activó la supuesta conspiración de ciertos sindicalistas y el círculo rojo. Ahora Javier Madanes Quintanilla anunció el cierre de FATE 24 horas antes del debate por la reforma laboral en Diputados y que el presidente iniciara una nueva gira por los EEUU. El empresario estaría presionando al gobierno para que acelere la baja de los aranceles al aluminio por parte de Donald Trump. Madanes es presidente de Aluar, la principal planta de aluminio del país.

Esta tendencia conspiranoica del gobierno habría escalado en las últimas horas. En el círculo presidencial habría ahora comentarios acerca de que la conspiración apuntaría a que algunos gobernadores peronistas que arreglaron con el gobierno se den vuelta y hagan faltar los votos necesarios para la sanción de la reforma. Siguiendo este hilo, si no hay reforma laboral, el gobierno quedaría lo suficientemente debilitado como para tener que hacerle concesiones al círculo rojo.

El caso es que Rocca y Madanes han tenido sus divergencias en los foros empresarios pero en los grandes temas son aliados. También subrayan en el gobierno que llama la atención la breve detención del secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, durante el cierre de la planta de FATE y por parte de la policía bonaerense. En suma, los libertarios dicen que Axel Kicillof echó nafta al fuego.

La crispación oficialista llevó a que la ministra de seguridad Alejandra Monteoliva dispusiera que los periodistas que cubran la marcha contra la reforma lo hagan sólo desde un sector protegido, no garantizando su seguridad fuera del mismo. Una insólita coerción a la libertad de prensa.

Claramente, el gobierno no se siente seguro y sospecha que puede haber sorpresas.

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