Estado, malgasto público y corrupción

Por Roberto Fernández Blanco.-

CONCEPTOS

Estamos los argentinos ante la crucial instancia histórica de gestar un cambio de rumbo que nos libere de la decadencia a la que nos hemos dejado arrastrar tolerando la gestión de gobiernos inescrupulosos y corruptos.

Necesitados de recuperarnos para convivir armónica y productivamente debemos los ciudadanos liberar nuestra mente emocional de creencias, prejuicios, dogmas, preconceptos y cargas ideológicas [convertidos en hábitos y costumbres] que actúan como rígidos filtros polarizadores que nos impiden el ejercicio de una libre racionalidad.

Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio [Einstein] y es imposible innovar y desarrollarse repitiendo los mismos errores sin asumirlos y decidirse por ejecutar los cambios necesarios.

Debemos volver a convivir armónicamente, a levantar nuestras barreras emocionales, a despojarnos de nuestros impulsos compulsivos, a reflexionar y racionalizar amistosamente con nuestros conciudadanos en busca de nuestro generalizado bien común, de aquello que es lo más apropiado para una eficiente convivencia productiva.

CONCEPTO ESTADO

Es este el más importante concepto fundacional a precisar e incorporar en nuestra mente emocional, poniendo bien en claro: ¿QUIEN O QUE ES EL ESTADO?

Dada la mal o inadecuada interpretación y uso del concepto Estado, del que mayoritariamente no somos conscientes, empecemos por reincorporar una definición clara y precisa según RAE [Diccionario de la Real Academia Española].

ESTADO es la Organización política superior que “integra la población de un territorio”, dotada de poder Soberano (Autoridad Suprema) e independiente, para compartir los beneficios [la suerte común, consortium] de una convivencia pacífica, armónica y respetuosa en la que cada habitante asume la condición y responsabilidad de Ciudadano como persona libre, titular de derechos políticos y obligaciones sociales, respetuoso de las ordenanzas y reglamentos (leyes) de convivencia preestablecidos por acuerdo comunitario en el Reglamento Constitucional del Estado al que pertenece e integra.

En síntesis y lenguaje llano, el ESTADO es el Soberano Consorcio de Ciudadanos, organización política que incluye un conjunto de “tres Instituciones subsidiarias” (denominados poderes) como órganos “Administrativos” al “exclusivo servicio” del consorcio de ciudadanos: [Ejecutivo] Administración de los bienes del Consorcio, [Legislativo] Consejo de Administración y [Judicial] Administración de Justicia, las tres operando bajo las condiciones y atribuciones explicitadas en el Reglamento Constitucional del Consorcio [Constitución Nacional] en el que el Soberano Consorcio de Ciudadanos ha establecido, en primer término, las condiciones básicas para preservar y empoderar la libre interacción de los ciudadanos, la convivencia armónica, pacífica, respetuosa, el libre desenvolvimiento productivo y el libre intercambio de bienes, servicios, arte, ciencia, etc. en favor del desarrollo, el progreso y el bienestar, y en segundo término, las atribuciones, límites, obligaciones y responsabilidades que corresponden al ejercicio de los ocasionales mandatarios [funcionarios, empleados públicos a sueldo pagados por el Consorcio de Ciudadanos], atribuciones que no les está permitido rebasar, pero que suelen rebasar impúdicamente.

En su simple esencia el ESTADO [Soberano Consorcio de Ciudadanos] es un consorcio de habitantes de un territorio que en poco se diferencia en su dinámica -salvo por su escala- de un consorcio de propietarios.

Asumiendo esta equivalencia nos será más fácil a los ciudadanos [en nuestro carácter de “soberanos mandantes”] converger rápidamente a acuerdos para sostener y fortalecer la libre convivencia pacífica y productiva a ser custodiada y administrada por nuestros empleados públicos, funcionarios a sueldo con limitados mandatos a cargo de las respectivas instituciones, todo ello dentro de los límites y responsabilidades establecidos en las atribuciones delegadas en dichas instituciones, límites que los designados funcionarios no podrán rebasar [hoy cabe decir -lamentablemente- que “no deberían haber rebasado”] y que de hacerlo, deberán ser separados de sus cargos y juzgados por los daños causados.

A ningún funcionario le será permitido arrogarse atribuciones que rebasen su condición de servidores públicos pretendiendo poderes, privilegios y libertades para actos que no les son permitidos.

Si internalizamos profundamente estos conceptos podremos preservar nuestra salud republicana entendiendo definitivamente que una cosa es el ESTADO [el Soberano Consorcio de Ciudadanos, el pueblo mandante] y otra cosa muy distinta [y subsidiaria] son las tres Instituciones administrativas del ESTADO a cuyas atribuciones los transitorios funcionarios deberán estrictamente limitarse, sin serles permitido erigirse por encima de sus mandantes.

Y es aquí que cabe hacer muy especial distinción entre los conceptos “Gobernar y Administrar” para tratar de impedir la deriva autoritaria que suele reiterarse en nuestra organización social dando paso a funcionarios inescrupulosos que pretenden instalarse con el carácter de seudo-monarquías arrogándose poderes autoritarios y dictatoriales que no les deben ser tolerados y que conducen a despotismos, corrupción, involución y pauperización social, adversidades y pesadumbres que nos asolan, también presentes en varios sufrientes países de nuestra Latinoamérica.

“Gobernar” [de la RAE: gubernare, pilotar una nave] significa “comandar, conducir, manejar, dirigir”, lo que implica un ente superior ubicándose autoritariamente por sobre la Autoridad Suprema del Consorcio de Ciudadanos [Estado] para comandar y decidir el destino del cuerpo social, una muy equivocada concepción que -muy lejos de lo que corresponde a una comunidad de seres libres y productivos- tanto daño viene causando en nuestras generaciones.

El concepto adecuado es “Administración de los bienes comunes del Consorcio Estado”, bajo el cual el Soberano Consorcio Estado tan solo “delega limitadas atribuciones” en sus instituciones subsidiarias y –con ello- en sus empleados “mandatarios a sueldo” designados para mantener en óptimas condiciones operativas el orden y convivencia armónica social y los bienes públicos comunes de la sociedad.

Entendidos estos dos conceptos básicos, aquellos que se sienten ciudadanos cuentan con la potencial capacidad de actuar y desarrollarse en plena libertad.

Son los emprendedores, los que produjeron la erupción liberal capitalista conocida como la Revolución Industrial del Siglo XIX que condujo al actual enorme desarrollo y bienestar de los países que supieron aprovechar sus beneficios.

Muchos otros no conciben la convivencia comunitaria sin un “gobierno que los ampare y decida” por ellos.

Estos son los que le abren paso a los autoritarismos que los conducen al sometimiento y la pobreza, tan comunes en conocidos países de América Latina.

LAS INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO

He aquí donde radica la profunda causa de nuestros males y fracasos, de nuestras pérdidas de libertades, de la caída de nuestra capacidad productiva, de nuestra involución y pauperización.

He aquí donde se anidan y enquistan las parasitarias castas que consumen nuestras riquezas sin cumplir debidamente con sus obligaciones y responsabilidades nutriéndose ilegal, inescrupulosa y delictivamente de la riqueza expoliada al consorcio de ciudadanos.

No somos el Soberano Consorcio de Ciudadanos [el ESTADO] los culpables de nuestro sostenido fracaso, subdesarrollo e involución, salvo por el reiterado torpe hecho de que nosotros, en nuestro carácter de soberanos, somos quienes torpemente “contaminamos nuestras instituciones administrativas” con nuestras pésimas elecciones de funcionarios mandatarios, eligiendo y votando reiteradamente consuetudinarios psicópatas, voraces, insaciables, inescrupulosos y afanípteros corruptos, ingenuamente seducidos y creídos de que estos personajes parasitarios [las castas u oligarquías/mafias depredadoras: políticas, sindicales, seudo-empresarias prebendadas y células piqueteras] mágicamente nos proveerían de “justa y suficiente” riqueza y bienestar.

En síntesis, la esencial pregunta y reflexión que debemos tener presente es:

¿Para qué hemos instaurado las instituciones administrativas “subsidiarias” del Estado?

¿Para qué designamos y empleamos funcionarios mandatarios?

¿Para ser comandados, conducidos como manada y saqueados, tal como viene sucediendo en los países contaminados por el marxismo populismo, muy en particular en nuestra Argentina tras el desmadre provocado por la asociación ilícita montada desde la administración de Néstor Kirchner con sus adláteres, la Cámpora y sus continuadores?

Nos los ciudadanos, el pueblo soberano, el pueblo mandante, la Autoridad Suprema, el Poder Ciudadano, los que producimos la riqueza y la intercambiamos en paz, respeto, armonía y libertad, empleamos funcionarios mandatarios a sueldo, pero no para que nos conduzcan [gobiernen y/o comanden] sino para que se limiten a administrar honestamente los componentes comunes del Consorcio Estado, componentes que hacen al más óptimo funcionamiento social dentro de las limitadas atribuciones que el pueblo soberano ha delegado en dichas tres instituciones administrativas subsidiarias del Estado, atribuciones, obligaciones y responsabilidades que nuestros empleados no deben rebasar ni violar, pero que -como lamentablemente venimos sufriendo desde hace más de un siglo- rebasan impunemente desde el momento que torpemente nos entregamos complacientes a la deriva autoritaria de estos “empleados nuestros” permitiéndoles -y tolerando- que se arroguen el ilegal derecho de erigirse en entes autoritarios imponiéndonos y sometiéndonos a nosotros, “sus ciudadanos mandantes” a indebidas condiciones de vida, administraciones perdularias y enormes sustracciones de riqueza para satisfacer sus desvaríos, delirios de grandeza, dilapidaciones, malgastos públicos y desbordada corrupción, llevando a nuestra Argentina a una creciente ruina generando la más infame involución y brutal pauperización que venimos sufriendo.

Las instituciones administrativas del Estado se han convertido en nidos invadidos por ruines personajes parasitarios, desaprensivos, indecentes, insensibles, voraces afanípteros enfermos de codicia y moralmente corrompidos.

Y no solo es culpa de nosotros los soberanos ciudadanos el haberlos ingenuamente elegido y votado, seducidos por sus cantos de sirena, sino -principalmente- el haber dejado a su perversa discreción el violentar impúdicamente las atribuciones que les competen, muy especialmente por no haber sabido impedirles el acceso y manejo indiscriminado y perverso de las tres herramientas de las que se valen para enriquecerse impune y desaprensivamente sometiendo al pueblo a una pauperización despiadada y a una ya evidente involución y regresión en camino a condiciones de vida propias del siglo XVIII.

Si asumimos debidamente el concepto ESTADO, esto es, nuestra condición de Soberanos Mandantes, nuestro Poder Ciudadano, deberemos corregir a la brevedad este lamentable error por el cual venimos permitiendo y tolerando que nuestros empleados públicos [muy en particular los funcionarios de niveles de superior responsabilidad], lejos de la humildad debida, fatuos y arrogantes, se asuman como cuasi-monárquicos abusando de sus privilegios y confundiendo a sus ciudadanos mandantes con la condición de súbditos sometidos.

Hemos ingenuamente permitido la contaminación y colonización de nuestras instituciones administrativas del Estado votando afanípteros corruptos que se han enquistado en las mismas integrando las castas, las cuatro oligarquías parasitarias predadoras encabezadas por inescrupulosos políticos operando en contubernio con empresarios prebendados, sindicalistas y cabecillas piqueteros, dejando librado al arbitrio y conveniencia de estos la libertad de imponer un desmesurado y perverso malgasto público [preñado de malversaciones, corrupción y dilapidaciones antojadizas], despojándonos de nuestra producción de riqueza con el uso indiscriminado de tres destructivas herramientas con las que nos traspasan al Soberano Consorcio de Ciudadanos [el Estado] los costos de sus fraudes y tropelías.

Estas enervantes y destructivas herramientas son 1)- la desbordada y antojadiza sobrepresión impositiva, 2)- los espurios endeudamientos públicos [internos y externos] cargados al Consorcio Estado y 3)- la más perversa y destructiva, la inescrupulosa ominosa emisión [inflación] monetaria perpetrada por los funcionarios políticos, absolutos responsables de la acelerada decadencia argentina al emitir moneda delictivamente para continuar expoliando riqueza del sufrido y sometido pueblo al que sigue sumergiendo en una creciente e indetenible pauperización. Un verdadero e imperdonable acto de traición a la patria que debe ser duramente condenado castigando severamente a los culpables de este sostenido latrocinio.

Respecto de la emisión monetaria cabe recordar que la unidad de moneda es tan solo un elemento de referencia para los intercambios de riqueza [tal como lo es el metro para referenciar longitudes], cuya validez y vigencia depende de la condición de ser patrón invariable, inmutable, no sujeto al capricho de monarca alguno.

La moneda no es un elemento de soberanía pero en manos de la corruptela política -que se ha venido sucediendo y trata de perpetuarse en nuestro país- la han convertido exactamente en lo opuesto, en un elemento de destrucción de nuestra soberanía.

Cuando el intencionado malgasto público supera la recaudación de impuestos -generando déficit fiscal en espiral creciente- el perverso administrador de turno trata de cubrirlo [y encubrirlo] valiéndose de las tres herramientas mencionadas, escalando el problema y multiplicando la consecuente exacción de riqueza al consorcio de ciudadanos, provocando un caótico desequilibrio económico con distorsión de precios relativos, un desordenado aumento generalizado de precios [que pretenden frenar con irracionales controles] y una inevitable caída en los niveles de calidad y abastecimiento en bienes, en prestación de servicios y en la capacidad productiva de riqueza.

Esto hace evidente la imperiosa necesidad de adoptar tres drásticas restricciones fijándole a la administración del Estado un límite infranqueable a la recaudación impositiva que ha de limitarse al concepto de “expensas” [a definir en otro análisis] para el mantenimiento corriente de los bienes comunes del Estado que hacen a una óptima y eficiente operación del libre accionar humano, esto es, en sus prestaciones básicas: Alumbrado, Barrido, Limpieza, calles y rutas en óptimas condiciones de circulación, Reparaciones corrientes, Seguridad, Salud, Justicia y Educación básica obligatoria.

El término “públicas” ha sido omitido exprofeso puesto que obviamente se trata de lograr las mejores y más completas prestaciones para toda la comunidad en la que los gastos vayan de los ciudadanos, según sus necesidades e intereses, hacia las prestadoras [no estatales] de los servicios para que, bajo el concepto de defensa del consumidor, elijan, exijan y obtengan las prestaciones requeridas.

Las medidas restrictivas a adoptar serían:

1) Modificar el concepto impuestos por el de “expensas” a ser abonadas por los ciudadanos en proporción a sus transacciones económicas, eliminando todas las desbordadas sobrecargas impositivas y con ello las consecuentes tramitaciones que multiplican un mayor empleo público clientelar, improductivo y costoso, con el agravante que ralentizan y encarecen el proceso de desarrollo generador de riqueza.

2) Prohibir absolutamente toda forma y mecanismo de toma de deuda pública, tanto internas como externas.

3) Y -esencial- suprimir definitivamente la emisión de moneda local [despojándola del absurdo concepto de soberanía por tratarse simplemente de una unidad de referencia para los intercambios de bienes y servicios] sustituyéndola por libre uso de monedas del comercio internacional, Dólar USA, Euro o cualquiera otra aceptada por los ciudadanos para sus intercambios, recaudando la Administración Nacional en una o dos de las monedas de referencia, dólar USA y/o Euro por ejemplo.

Teniendo bien en claro que el dinero es el medio referente para el intercambio de riqueza, quien produce y entrega riqueza recibe unidades monetarias, lo que implica que si alguien tiene mayor cantidad de dinero en la cantidad que sea, ese referente de riqueza es el fruto de su mayor y mejor trabajo productivo, por lo que cuanto más ofrece en cantidad, en calidad y en prestación útil, más unidades monetarias recibirá a cambio y será más rico al disponer de mayor poder de intercambio [poder de compra].

Es este el medio idóneo y honesto de tener dinero [representativo de la riqueza producida y aportada].

Pero lamentablemente también existe un modo corrupto de lograr enriquecimiento de manera ilícita, esto es, por medio del robo o fraude.

El más corrupto, fraudulento y voluminoso medio de enriquecerse sin producir riqueza es formar parte de la casta integrada por las mencionadas oligarquías depredadoras que operan bajo la cobertura de quien se arroga -por encima de sus atribuciones legales- la licencia de emitir discrecionalmente unidades monetarias [inflación], esto es, delictivamente emitida por el corrupto gobernante de turno y utilizada para ingresar en el proceso de intercambio sin contrapartida de riqueza aportada para simplemente apoderarse, por expoliación, de riqueza de los ciudadanos productivos, generando desequilibrio y desorden en el sistema de precios, provocando aumento generalizado de precios con desorden caótico en las operaciones de intercambio y desequilibrio en la producción de bienes y servicios.

Entiéndase claramente: la moneda [el dinero] es referente para el intercambio de riqueza entre los ciudadanos [mercado]. En tanto es unidad de medida estable toda transacción implica contraprestaciones e intercambios de riqueza [bienes y/o servicios].

Pero quien imprime moneda [el monarca o el político autoritario de turno] alterando su condición de patrón inmutable, se está adjudicando un ilícito poder de compra al no haber provisto riqueza equivalente alguna, esto es, simplemente está cometiendo una quita delictiva de riqueza por la que debe ser imputado, judicializado y condenado, cualquiera sea su rango de funcionario.

No es necesario detallar esta afirmación ya que los hechos hablan por sí poniendo en evidencia el desorden y las consecuencias de pauperización social multiplicador de pobreza e involución que los integrantes de las castas oligárquicas aún siguen sometiendo a nuestro enervado pueblo.

POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN [GOBIERNO]

Se afirma que: “La política es el arte de conducir los intereses del ESTADO”.

Habiendo aclarado al comienzo de este artículo la fundamental distinción entre los conceptos Gobierno y Administración y teniendo bien en claro que el ESTADO eres tú, yo y nuestros vecinos integrantes del Soberano Consorcio de Ciudadanos donde cada uno de nosotros nos hacemos cargo de nuestros personales intereses sin necesidad de ningún ente arrogado de superior autoridad, automáticamente debemos preguntarnos:

¿Qué es esto de que nuestros empleados nos “gobiernen” y conduzcan nuestros intereses?

¿Por qué cometemos los ciudadanos mandantes el enorme error de permitir que “nuestros empleados funcionarios, simples “mandatarios a sueldo”, se entrometan en nuestros asuntos e intereses personales decidiendo arbitrariamente utilizar el fruto de nuestros esfuerzos productivos en malgastos públicos antojadizos, improductivos y corruptos que cargan sobre nuestros bolsillos vía impuestos, endeudamientos públicos [internos y externos] y emisión de moneda?

La Administración pública [englobada con el inadecuado título de Gobierno] la hemos designado específica y exclusivamente para mantener en las más eficientes condiciones operativas todos los bienes comunes del consorcio [de la Nación] que nos facilitan la forma de interactuar, cooperar y generar riqueza de la manera más libre, armoniosa, eficiente y fluida.

Ninguno de nosotros, los ciudadanos, necesita ser “conducido en sus personales intereses”, los cuales no son de incumbencia de nuestros empleados públicos cuyas obligaciones y responsabilidades han de limitarse a las atribuciones que hemos delegado en las instituciones del Estado cuyas funciones son despejar y optimizar el libre camino productivo de los ciudadanos, de nosotros el Soberano Consorcio de Ciudadanos.

¡Tengamos bien en claro y presente que la riqueza la generamos los ciudadanos, no nuestros empleados funcionarios, y que nosotros -el pueblo integrado como Soberano Consorcio de Ciudadanos- somos la Autoridad Suprema a la que están [debieran estar] supeditados nuestros empleados funcionarios de todo rango, empezando por quien preside la administración del Ejecutivo.!

Y ya nunca más confundamos el concepto ESTADO [Soberano Consorcio de Ciudadanos] con sus tres instituciones subsidiarias y nunca más digamos que las culpas del descalabro son del ESTADO [del soberano consorcio de ciudadanos] sino que son la consecuencia de los desbordes autoritarios que torpe y mansamente toleramos en nuestros empleados públicos.

Esto es, los funcionarios mandatarios a sueldo con sus específicas y limitadas atribuciones en las respectivas instituciones del Estado, no deben perturbar la libre acción lícita de los ciudadanos, ni entrometerse en el proceso de generación de riqueza ni en la dinámica del libre intercambio de bienes y servicios, tal como ha venido sucediendo con gobiernos de impronta autoritaria del estilo marxista populista que asola Latinoamérica con sus nefastas consecuencias, gobiernos convertidos en monarquías lumpen [remedo de la destructiva Dictadura del Proletariado], que nos han arrastrado al actual nivel de descalabro, pauperización, desinversión y sometimiento, atrapados en manos de inescrupulosos y corruptos manipuladores.

Con nuestra torpe indulgente tolerancia hemos aceptado y casi naturalizado que estos cabecillas encaramados en el poder -en su arrogante ignorancia y despotismo- en particular los devenidos de la improductiva corriente marxista populista, se instalen y se perpetúen -en su versión cuasi monárquica- concentrando y centralizando todos los poderes, para -desde ese puesto de comando- adueñarse de bienes y privilegios ejerciendo un autoritarismo de brutal pauperización, pretendiendo comandar a un sometido pueblo productor imponiéndole que es lo que tiene que producir y a cuál precio tiene que intercambiarlo.

Argentinos, ahora, ya, esta es nuestra oportunidad de corregir el rumbo y sancionar a los culpables de tanto deterioro.

* Ver: Argentina, tu oportunidad