Por Hernán Andrés Kruse.-
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
“El derecho de acceso a la información nace ante la necesidad de reglamentar y organizar el ejercicio de un derecho natural, reconocido con estas características en las leyes fundamentales de los diversos países organizados en al ámbito jurídico-político al modo de los estados de derecho. La configuración inicial del concepto de acceso a la información se origina en la “Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” en 1789 (Artículos 14º y 15º) en la cual se encontraba referido a la facultad de solicitar cuentas a todo agente público sobre su administración; 150 años después fue ampliado por la “Declaración de las Naciones Unidas” con el concepto de libertad de información.
Se entiende por derecho de acceso a la información al conjunto de normas jurídicas que regulan las actividades relativas a la educación, la ciencia y la tecnología, los derechos de autor, el patrimonio cultural, la promoción cultural de las artes y los medios de comunicación. Este derecho puede ser considerado como la base sustantiva del derecho a la comunicación y uno de los pilares fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es un pilar del Estado de derecho; no puede haber vigencia del Estado de derecho sin derecho a la información, ya que éste, a su vez, garantiza la libertad de pensamiento. En consecuencia, sin derecho de acceso a la información tampoco podría ejercerse el control ciudadano de la gestión pública.
A lo largo de los siglos este derecho ha ido apareciendo en las constituciones o leyes fundamentales de los Estados Democráticos, ligado al despertar del derecho constitucional que acabó por encontrar una formulación terminológica clara en la Encíclica “Pacem in Terris” (1963) del Papa Juan XXIII denominado el Pontífice de los Derechos Humanos, en la que se reconoce su entidad como derecho fundamental. Aunque los estudios sobre la doctrina del acceso a la información, como hoy se la conoce, especialmente se remiten a la ley “Freedom of Information Act” de los Estados Unidos de 1966; sin embargo hay quienes se remontan a una “Real Ordenanza Sueca” de 1766 referida a la libertad de prensa en la cual se contemplaba el acceso a la documentación pública.
La ley sobre libertad de información de los Estados Unidos de 1966 consagraba un principio que es piedra liminar para todo el sistema de información pública: «la información poseída por la Administración pertenece al pueblo», de este modo queda consagrado el principio republicano sobre la publicidad de los actos públicos. Desde los orígenes del sistema republicano, “la publicidad de los actos de gobierno” se consideró un principio esencial, en contraposición con el secreto y la oscuridad en el ejercicio del poder y en el manejo burocrático propio de los regímenes preconstitucionales. En el contexto latinoamericano el derecho de acceso a la información se encuentra reconocido en la “Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica”, y en legislación complementaria; que establece un conjunto de preceptos vinculado tanto con el sujeto que informa como con quien recibe esa información.
El acceso a la información como parte de los derechos humanos y como parte de los derechos fundamentales constitucionales, así como su condición indispensable para el ejercicio de la democracia, actualmente, despliega facetas variadas. Con relación al informador, el derecho de acceso a la información se establece en las siguientes facultades: La publicidad de los actos de gobierno, – Derecho a investigar y buscar informaciones y opiniones, – Derecho a difundir informaciones de relevancia pública por cualquier medio y opiniones, – Derecho a emitir informaciones y opiniones, – Derecho a no ser censurado ni objeto de restricciones preventivas en forma explícita o implícita, directa o indirecta, a excepción de medidas destinadas a proteger la moral de los menores o adolescentes, o en casos de estados de excepción constitucional, – Derecho de acceso a las fuentes de información, – Derecho al secreto profesional periodístico y a la reserva de las fuentes, – Derecho a la cláusula de consciencia, – Derecho al acceso y utilización de instrumentos y medios naturales o tecnológicos necesarios que permitan emitir las opiniones e informaciones.
En relación con el informado, las facultades son: – Derecho a recibir informaciones y opiniones, – Derecho a seleccionar la información que recibe y los medios a través de los cuales recibirla, – Derecho a ser informado veraz y oportunamente, – Derecho a que sea preservada su honra, datos personales y vida privada (habeas data), – Derecho a obtener una rectificación o respuesta, – Derecho a solicitar la imposición judicial de responsabilidades civiles y penales en los casos determinados por el ordenamiento jurídico.
En tanto derecho personal, el acceso a la información, se presenta como correlato de la libertad de expresión, y específicamente, de los derechos de libertad consagrados al resguardo del campo de la autonomía personal y el ejercicio de la libertad de expresión; la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que: “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.
Lo cual significa que este es un derecho de doble vía, que no se establece en un único sentido, sino que comprende tanto la libertad expresión y de emitir opiniones así como el derecho de buscar, investigar, recibir, publicar y difundir el conocimiento de hechos, datos o situaciones determinadas de relevancia pública, sin censura ni restricciones preventivas. Este derecho puede ser considerado como la base sustantiva del derecho a la comunicación y uno de los pilares fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es un pilar de todo Estado de Derecho porque no puede haber vigencia del Estado de derecho sin derecho a la información que garantice la libertad de pensamiento esencial para el desarrollo del ser humano”.
EL DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y LOS ARCHIVOS
“El derecho de acceso a la información se manifiesta especialmente en el principio de difusión de todos los actos de la administración pública, que se encuentra formalizado en: la publicación de los actos administrativos, la comunicación individualizada de los actos administrativos a quienes puedan estar interesados y la comunicación como respuesta a una demanda concreta de los administrados, incluida la posibilidad de obtener vista y copia de los documentos solicitados, obviamente estableciendo las garantías razonables de conservación del documento-fuente, sea o no original.
El derecho de vista se encuentran consagrado en las leyes fundamentales como una garantía procesal del ciudadano, la «vista» de las actuaciones administrativas se considera un importante elemento de la garantía de la defensa o del debido proceso; recordemos que el acceso a la información, la participación del ciudadano en el proceso decisorio y el acceso a la justicia constituyen los tres pilares de lo que hoy en día se denomina democracia participativa. La difusión de la acción administrativa garantiza mejor su rectitud y tiende a institucionalizar las presiones, buena prueba de ello es la publicidad de los concursos administrativos.
Este principio refuerza las posibilidades de defensa de los individuos frente a las potestades administrativas y ofrece elementos para el diálogo, la crítica y la oposición, en resumen, permite contrapesar las prerrogativas clásicas de la Administración. No puede existir una Administración eficaz sin control externo y no es posible controlarla realmente sin información. El derecho a la información administrativa o a la documentación debe canalizarse en tres vías: la publicación general sistemática, la comunicación individualizada a los que puedan estar interesados, y la comunicación como respuesta a una demanda concreta de los administrados, incluida la posibilidad de reproducción de los documentos solicitados, con todas las garantías razonables de conservación del documento-fuente, original o no.
Al derecho del ciudadano a ser informado corresponde el deber de la administración gubernamental de informar con veracidad, si bien este principio no es novedoso, sí lo son los progresos legislativos en algunos países para establecer normas claras y eficaces sobre la apertura de archivos y la atención de solicitudes de información que formulen los ciudadanos, con la excepción de aquellos documentos que se encuentren expresamente excluidos o reservados. El principio general es que la información de las reparticiones gubernamentales en última instancia no tiene otro dueño legítimo que el pueblo, según la fórmula acuñada por la legislación norteamericana, el acceso a determinados datos puede ser necesario para cualquier persona por múltiples razones de interés particular, pero además es importante para que se pueda controlar desde todos los ámbitos de la sociedad la regularidad y la eficacia de la gestión de los funcionarios.
Para que el derecho de acceso a la información pública pueda ser ejercido los poderes públicos deben concretar la aplicación de determinadas medidas que garanticen el acceso a los archivos administrativos y registros públicos, tal como hoy se concibe a este derecho en relación con la documentación pública, porque son los archivos administrativos y registros públicos aquellos que tienen a su cargo la organización, conservación y difusión de todos los documentos generados o recibidos en las administraciones públicas como producto del ejercicio de las funciones y actividades que les han sido encomendadas y con el fin de alcanzar los objetivos y metas de la entidad.
El cúmulo de esa producción documental es lo que da origen a los fondos de los archivos administrativos. “La documentación administrativa como disciplina especializada tiene como objeto estudiar los procesos de creación y transmisión de información objetivada en el seno de la Administración Pública (…) podríamos hablar de la Documentación aplicada a la Ciencia de la Administración, y de la Documentación para las Administraciones Públicas, o de ambos conceptos: Documentación Administrativa y Documentación para las Administraciones Públicas, refiriéndonos a aquella Documentación generada por los poderes públicos en el ejercicio de un acto administrativo, o conjunto de acciones regladas por las normas de procedimiento, reflejando el funcionamiento, actividad y gestión de la Institución Pública, así como las competencias y funciones del órgano que lo genera” (Fernández Bajón).
Durante las últimas décadas y en virtud de las decisiones políticas asumidas, los archivos han conseguido notables posiciones dentro de las estructuras institucionales, se han convertido en potenciales centros de información y resultan ser instrumentos imprescindibles al momento de gestionar de manera eficiente toda la documentación de la administración pública; como consecuencia los archivos han dejado de ser oscuros depósitos de papeles caducos e inutilizables para pasar a ser efectivos instrumentos de la gestión gubernamental y de la conciencia social”.
CONCLUSIONES
“El derecho de acceso a la información pública, no es ni más ni menos que el derecho a conocer qué hacen las autoridades públicas; es tanto un derecho humano básico para la defensa de los propios derechos esenciales de las personas frente a los posibles abusos de la Administración, como un componente inseparable del derecho a dar y recibir información y de la libertad de expresión. Para materializar el derecho de acceso a la información debe haber una estrecha relación entre la sociedad y el Estado, que tienen que interactuar en forma conjunta para tomar en cuenta nuevos comportamientos, actitudes y valores de una sociedad cada vez más globalizada, y advertir el valor estratégico del conocimiento, la información y la lectura en el desarrollo y la democratización.
En el ámbito de la administración pública el ejercicio del derecho de acceso a la información contribuye a que los ciudadanos puedan evaluar de mejor manera el desempeño de los gobernantes, fortalece la democracia y otorga una herramienta concreta para la transparencia del sistema; no puede existir una Administración eficaz sin control externo y no se puede controlar realmente sin información, en consecuencia, sin derecho de acceso a la información no podría ejercerse el control ciudadano sobre la gestión pública. El efectivo ejercicio de este derecho permite a los ciudadanos, entre otras cosas, monitorear y ser partícipe del control de la gestión pública; formar opinión sobre diversos temas, participar debatiendo con fundamentos y fomentar la transparencia en la gestión del Estado mejorando la calidad de sus instituciones.
El derecho de acceso a la información pública tiene amplia recepción normativa de distinto rango; así, encontramos disposiciones relativas al derecho de acceso en el ámbito de las instituciones públicas, el derecho de acceso a archivos administrativos y en general a los registros públicos, con una regulación específica en razón de la materia, referida a cuestiones estadísticas, medioambientales, tributarias, administrativas, etc.; pero para garantizar el derecho a la información se deben vencer primero las dificultades procesales que permitan el reconocimiento de las acciones públicas que posibiliten el acceso de todos los habitantes a la información pública.
Si bien es cierto que no hay peor ley que la que no se cumple, también lo es que sin ley no existe siquiera la posibilidad formal de concretar muchos de los derechos que, por no estar expresamente escritos devienen tan sutiles e intangibles en nuestra vida cotidiana, que lindan con su inexistencia. Mientras las normas legales, constitucionales e, incluso, supra-constitucionales, acreditan de manera intensa los principios de publicidad de los actos de gobierno, el acceso de los interesados a las actuaciones administrativas (salvo que ellas sean calificadas por acto expreso y motivado como reservadas o confidenciales), criterios de publicidad, razonabilidad, defensa del administrado, control de la actividad administrativa, eficiencia y eficacia de la actuación administrativa, lo cierto es que en muchas oportunidades para poner en práctica tales disposiciones hay que sortear una cantidad de obstáculos que agotan a cualquiera.
Nuestra tradición administrativa, nuestra cultura, es devota del silencio, el secreto y la reserva y no de la publicidad de las normas que establecen las pautas de actuación de los administradores públicos; para ello se hacen necesarias campañas coordinadas por parte de todos los poderes del Estado con el objeto de dar a conocer a la ciudadanía la posibilidad que tiene de exigir al Estado el cumplimiento de la normativa existente; porque ciertamente es escaso el rol de la sociedad civil en este campo que resulta fundamental para lograr una mejor práctica de esta herramienta vital para la democracia”.
(*) Verónica Gauchi Risso (Departamento de Documentación-Facultad de Humanidades-Universidad Nacional de Mar del Plata): “Derecho a la información pública” (2012).
06/09/2024 a las 11:49 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El preocupante regreso de la tensión y la violencia política
Claudio Jacquelin
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
6/9/024
Una vez más, la Argentina transita por el vertiginoso vaivén entre el pasado que no se quiere ir y el presente que no se despeja para reinstalar un inquietante clima de tensión política. Es el regreso de expresiones de intolerancia y violencia que ya se creían superadas.
La repudiable e inexplicada carta explosiva dirigida al titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, resulta el extremo más inquietante de una semana en la que abundaron conflictos, con el agravante de que el presidente Javier Milei, lejos de hacer un aporte a la paz social y a la distensión, se ocupó de fogonear disputas.
La noticia del atentado contra el dirigente ruralista de estrecha relación con el Presidente sacudió a la opinión pública cuando aún no habían pasado 24 horas de los serios incidentes ocurridos en la manifestación frente al Congreso en rechazo al veto a la ley de aumento de la jubilaciones.
El enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y manifestantes, que dejó varios heridos, hizo caer la sesión de la Cámara de Diputados en la que estaba haciendo su demorado informe obligatorio el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. No había ocurrido en otras ocasiones
Sin embargo, ahí no se cierra la alocada secuencia semanal, que había empezado con un raid presidencial contra pilares de la libertad de prensa. Primero, fue una nueva embestida, durante una entrevista en LN+, con insultos y graves acusaciones infundadas, de Milei a periodistas y propietarios de medios (entre ellos LA NACION) por haber informado y haber criticado sobre aspectos cuestionables de la postulación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia.
A eso le siguió, en la misma entrevista, la revelación de la pretensión presidencial de imponer restricciones y nuevas obligaciones a la prensa para poder hacerle preguntas, que incluyó la explicitación del deseo del primer magistrado de que los periodistas sean expuestos al “escarnio público”.
Pocas horas después, se conoció la publicación de un decreto reglamentario de la ley de acceso a la información que redefine restrictivamente el concepto de información pública y otorga más discrecionalidad a los funcionarios para negar datos requeridos al Estado, lo que es considerado inconstitucional por una amplia mayoría de especialistas.
La enumeración sería más que suficiente para conformar un escenario de crispación que no parece condecirse con el presente de un país en el que la administración nacional está en manos del “mejor gobierno de la historia argentina”, según la autoevaluación que hizo ayer el jefe del Estado, en la cumbre hispano-argentina de la nueva derecha, realizada ayer en el ex-CCK, renombrado Palacio de la Libertad.
Allí, rodeado del líder del partido ulraderechista español Vox Santiago Abascal, Milei repitió insultos a sus contradictores, a los que calificó (una vez más) de “ratas inmundas, fracasadas y lilliputienses domésticas”.
El invitado extranjero, en tanto, reinstauró la polarizante lógica amigo-enemigo como herramienta de construcción política. La misma que practicó su denostada izquierda populista,
Y ADEMÁS, VOLVIÓ FIRMENCIH
Para completar la preocupante secuencia, reapareció desde el subsuelo de la historia reciente (sin saber quién lo llamó) Mario Firmenich, el exjefe de la guerrilla montonera, condenado por la Justicia e indultado por Carlos Menem.
El ex jefe guerrillero hizo su regreso desde el campo de batalla de las redes sociales para invitar a una charla destinada a convocar a los jóvenes a plantearse si subsisten o no las condiciones estructurales socioeconómicas que, a su entender, justificaron y justifican la conformación de la organización armada que comandó. Un festival de fantasmas.
Esa extraña reaparición pública, unida a la explotación por parte del oficialismo del atentado contra el presidente de la Sociedad Rural para justificar la asignación de los 100.000 millones de pesos en fondos de uso reservados para la SIDE, enrareció más el ambiente.
Los siempre creativos agentes de inteligencia y los equipos de propaganda oficialista seguramente no serían capaces de pergeñar una puesta en escena tan escalofriante. Resultaría demasiado exagerado. De allí el grado de consternación y confusión que provocó esa sucesión de hechos en la dirigencia y en la opinión pública.
Difícil resultaría explicarle a un extranjero que acaba de llegar al país sin mucha información previa lo que está sucediendo. Más aún si el visitante solo intentara comprenderlo viendo y escuchando al presidente de la Nación proclamar los logros del “mejor gobierno de la historia”, que incluyen el indiscutible sendero descendente de la inflación y el sostenido equilibrio fiscal.
La crispación instalada en esta semana asomaría en ese observador como una fuerte disonancia cognitiva. Solo quedaría decirle “es la Argentina, no la entenderías”.
Más curioso resulta este clima de tensión cuando las encuestas muestran que el Presidente, su gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel y algunos colaboradores, como la ministra Patricia Bullrich, siguen encabezando con comodidad las encuestas de imagen y aprobación, mientras la dirigencia opositora tiene ratios de imagen negativa neta.
La aparente paradoja resultaría una demostración cabal de que realidad no es unidimensional y, sobre todo, de que esa multiplicidad de planos le esté resultando al Gobierno tan difícil de comprender como de administrar.
LA POLÍTICA ESQUIVA
La intención inicial de sobreponerse a la debilidad parlamentaria y la ausencia de gobiernos provinciales propios contraponiendo la legitimidad de origen y la popularidad en las encuestas han vuelto a encontrar sus rígidos límites. Ya no aparecen las palabras plebiscito ni referéndum en el diccionario oficialista.
Si la economía se desenvolviera de manera tan promisoria como pregona el Gobierno, en esa dimensión política debería buscarse una explicación para la nueva ola de intolerancia que emana de lo más alto del poder político.
La crispación se ha expresado de manera inocultable en los intentos de acotar el acceso a la información pública, la virulenta agresión a los contradictores, la cerrada defensa de la candidatura del juez federal más cuestionado para integrar la Corte Suprema o la descalificación a los legisladores que aprueban leyes que pueden afectar la sustentabilidad de la política económica, como son el aumento de los haberes jubilatorios y la asignación de fondos para las universidades nacionales.
Sin embargo, son muchos los economistas que vuelven a manifestar dudas o a instalar advertencias, como lo acaba de hacer Domingo Cavallo, sobre los riesgos que se ciernen. Sobre todo, en la medida en que el Gobierno no aborda algunas inconsistencias y sigue postergando medidas para acumular reservas y salir del cepo, a la espera de un ingreso de divisas que continúa dilatándose.
BUENAS Y MALAS EN EL CONGRESO
No obstante, no todas han sido malas noticias las que ha recibido esta semana el Gobierno en el terreno político. En el Congreso consiguió postergar algunas amenazas que podían complicarlo aún más. No terminó de despejar el horizonte, pero con la ayuda de la denostada Villarruel y, especialmente, del nuevamente empoderado Guillermo Francos (después de algunas semanas relegado) consiguió ganar tiempo. Como con la economía. La cronoterapia vuelve a imponerse como el mejor remedio.
El oficialismo no logró que se tratara en el Senado la reforma electoral para sancionar la boleta única de papel, pero evitó que se aprobara el fondo de financiamiento universitario.
También consiguió evitar que se rechazara definitivamente el DNU que le asignaba los cuestionados fondos reservados a la SIDE. Sobre este asunto ahora buscará apalancarse para mantener la asignación el estado de zozobra sobre la seguridad que (casualmente) acaba de instalarse luego del atentado contra Pino. Y, por qué no, con la insólita reaparición el fantasma de Firmenich. Oportunas ayudas. Tal vez de las fuerzas del cielo.
Al mismo tiempo, avanzaron las gestiones desde el Ministerio del Interior con el objetivo de descomponer la mayoría especial que se había gestado en la Cámara de Diputados para imponer el aumento y la forma de calcular la actualización de los haberes jubilatorios.
Un persuasivo diálogo sobre todo con gobernadores radicales estaría diezmando el número de diputados necesario para rechazar el veto presidencial a esa ley.
El jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, estaría teniendo apenas un poco más de poder de convencimiento sobre sus legisladores que su par de la Cámara alta, Martín Lousteau. La disciplina partidaria no pasa por su mejor momento. Lo mismo que el liderazgo. Si hay crisis, que se note.
Los beneficios que le reporta al Gobierno la inconsistencia mostrada por a casi toda la oposición, cuyos bloques son atravesados por múltiples posturas diferentes, se neutralizan rápidamente. Los entuertos y escándalos que protagonizan los legisladores de La Libertad Avanza se encargan de la compensación. La expresión “bloque oficialista” para hablar de la bancada libertaria es un auténtico oxímoron.
La disputa pública entre las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano, que aporta suculento material diario para los programas de chimentos, adquirió tanto impacto que ya desplazó a las que tuvieron por protagonistas a los expulsados Francisco Paoltroni, de la bancada senatorial, y a Lourdes Arrieta, de Diputados. Un escándalo desplaza al otro, como fotos de Instagram. La lógica de las redes sociales se impone.
Como si eso no alcanzara, llegó el sincericidio del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, con el reconocimiento de que parte de sus asesores no cumplen la función para la que les abona el Congreso, sino que trabajan a distancia, pero para construir su candidatura a gobernador de San Luis.
Como una revelación trae a la otra, salió a la luz la gran cantidad de colaboradores rentados por el Estado con la que cuentan todos sus pares libertarios. Ajuste y casta no serían vocablos del diccionario mileísta que sus legisladores hubieran terminado incorporando a su léxico. Ni a su praxis. Un golpe al corazón del relato.
La capacidad de sorpresa nunca se agota. A sus ya habituales singularidades, la Argentina mileísta le acaba de sumar una semana de tensión extrema y expresiones de una violencia que se creía superada. Preocupante.
06/09/2024 a las 11:57 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El preocupante regreso de la tensión y la violencia política
Claudio Jacquelin
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
6/9/024
Una vez más, la Argentina transita por el vertiginoso vaivén entre el pasado que no se quiere ir y el presente que no se despeja para reinstalar un inquietante clima de tensión política. Es el regreso de expresiones de intolerancia y violencia que ya se creían superadas.
La repudiable e inexplicada carta explosiva dirigida al titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, resulta el extremo más inquietante de una semana en la que abundaron conflictos, con el agravante de que el presidente Javier Milei, lejos de hacer un aporte a la paz social y a la distensión, se ocupó de fogonear disputas.
La noticia del atentado contra el dirigente ruralista de estrecha relación con el Presidente sacudió a la opinión pública cuando aún no habían pasado 24 horas de los serios incidentes ocurridos en la manifestación frente al Congreso en rechazo al veto a la ley de aumento de la jubilaciones.
El enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y manifestantes, que dejó varios heridos, hizo caer la sesión de la Cámara de Diputados en la que estaba haciendo su demorado informe obligatorio el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. No había ocurrido en otras ocasiones
Sin embargo, ahí no se cierra la alocada secuencia semanal, que había empezado con un raid presidencial contra pilares de la libertad de prensa. Primero, fue una nueva embestida, durante una entrevista en LN+, con insultos y graves acusaciones infundadas, de Milei a periodistas y propietarios de medios (entre ellos LA NACION) por haber informado y haber criticado sobre aspectos cuestionables de la postulación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia.
A eso le siguió, en la misma entrevista, la revelación de la pretensión presidencial de imponer restricciones y nuevas obligaciones a la prensa para poder hacerle preguntas, que incluyó la explicitación del deseo del primer magistrado de que los periodistas sean expuestos al “escarnio público”.
Pocas horas después, se conoció la publicación de un decreto reglamentario de la ley de acceso a la información que redefine restrictivamente el concepto de información pública y otorga más discrecionalidad a los funcionarios para negar datos requeridos al Estado, lo que es considerado inconstitucional por una amplia mayoría de especialistas.
La enumeración sería más que suficiente para conformar un escenario de crispación que no parece condecirse con el presente de un país en el que la administración nacional está en manos del “mejor gobierno de la historia argentina”, según la autoevaluación que hizo ayer el jefe del Estado, en la cumbre hispano-argentina de la nueva derecha, realizada ayer en el ex-CCK, renombrado Palacio de la Libertad.
Allí, rodeado del líder del partido ulraderechista español Vox Santiago Abascal, Milei repitió insultos a sus contradictores, a los que calificó (una vez más) de “ratas inmundas, fracasadas y lilliputienses domésticas”.
El invitado extranjero, en tanto, reinstauró la polarizante lógica amigo-enemigo como herramienta de construcción política. La misma que practicó su denostada izquierda populista,
Y, ADEMÁS, VOLVIÓ FIRMENICH
Para completar la preocupante secuencia, reapareció desde el subsuelo de la historia reciente (sin saber quién lo llamó) Mario Firmenich, el exjefe de la guerrilla montonera, condenado por la Justicia e indultado por Carlos Menem.
El ex jefe guerrillero hizo su regreso desde el campo de batalla de las redes sociales para invitar a una charla destinada a convocar a los jóvenes a plantearse si subsisten o no las condiciones estructurales socioeconómicas que, a su entender, justificaron y justifican la conformación de la organización armada que comandó. Un festival de fantasmas.
Esa extraña reaparición pública, unida a la explotación por parte del oficialismo del atentado contra el presidente de la Sociedad Rural para justificar la asignación de los 100.000 millones de pesos en fondos de uso reservados para la SIDE, enrareció más el ambiente.
Los siempre creativos agentes de inteligencia y los equipos de propaganda oficialista seguramente no serían capaces de pergeñar una puesta en escena tan escalofriante. Resultaría demasiado exagerado. De allí el grado de consternación y confusión que provocó esa sucesión de hechos en la dirigencia y en la opinión pública.
Difícil resultaría explicarle a un extranjero que acaba de llegar al país sin mucha información previa lo que está sucediendo. Más aún si el visitante solo intentara comprenderlo viendo y escuchando al presidente de la Nación proclamar los logros del “mejor gobierno de la historia”, que incluyen el indiscutible sendero descendente de la inflación y el sostenido equilibrio fiscal.
La crispación instalada en esta semana asomaría en ese observador como una fuerte disonancia cognitiva. Solo quedaría decirle “es la Argentina, no la entenderías”.
Más curioso resulta este clima de tensión cuando las encuestas muestran que el Presidente, su gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel y algunos colaboradores, como la ministra Patricia Bullrich, siguen encabezando con comodidad las encuestas de imagen y aprobación, mientras la dirigencia opositora tiene ratios de imagen negativa neta.
La aparente paradoja resultaría una demostración cabal de que realidad no es unidimensional y, sobre todo, de que esa multiplicidad de planos le esté resultando al Gobierno tan difícil de comprender como de administrar.
LA POLÍTICA ESQUIVA
La intención inicial de sobreponerse a la debilidad parlamentaria y la ausencia de gobiernos provinciales propios contraponiendo la legitimidad de origen y la popularidad en las encuestas han vuelto a encontrar sus rígidos límites. Ya no aparecen las palabras plebiscito ni referéndum en el diccionario oficialista.
Si la economía se desenvolviera de manera tan promisoria como pregona el Gobierno, en esa dimensión política debería buscarse una explicación para la nueva ola de intolerancia que emana de lo más alto del poder político.
La crispación se ha expresado de manera inocultable en los intentos de acotar el acceso a la información pública, la virulenta agresión a los contradictores, la cerrada defensa de la candidatura del juez federal más cuestionado para integrar la Corte Suprema o la descalificación a los legisladores que aprueban leyes que pueden afectar la sustentabilidad de la política económica, como son el aumento de los haberes jubilatorios y la asignación de fondos para las universidades nacionales.
Sin embargo, son muchos los economistas que vuelven a manifestar dudas o a instalar advertencias, como lo acaba de hacer Domingo Cavallo, sobre los riesgos que se ciernen. Sobre todo, en la medida en que el Gobierno no aborda algunas inconsistencias y sigue postergando medidas para acumular reservas y salir del cepo, a la espera de un ingreso de divisas que continúa dilatándose.
BUENAS Y MALAS EN EL CONGRESO
No obstante, no todas han sido malas noticias las que ha recibido esta semana el Gobierno en el terreno político. En el Congreso consiguió postergar algunas amenazas que podían complicarlo aún más. No terminó de despejar el horizonte, pero con la ayuda de la denostada Villarruel y, especialmente, del nuevamente empoderado Guillermo Francos (después de algunas semanas relegado) consiguió ganar tiempo. Como con la economía. La cronoterapia vuelve a imponerse como el mejor remedio.
El oficialismo no logró que se tratara en el Senado la reforma electoral para sancionar la boleta única de papel, pero evitó que se aprobara el fondo de financiamiento universitario.
También consiguió evitar que se rechazara definitivamente el DNU que le asignaba los cuestionados fondos reservados a la SIDE. Sobre este asunto ahora buscará apalancarse para mantener la asignación el estado de zozobra sobre la seguridad que (casualmente) acaba de instalarse luego del atentado contra Pino. Y, por qué no, con la insólita reaparición el fantasma de Firmenich. Oportunas ayudas. Tal vez de las fuerzas del cielo.
Al mismo tiempo, avanzaron las gestiones desde el Ministerio del Interior con el objetivo de descomponer la mayoría especial que se había gestado en la Cámara de Diputados para imponer el aumento y la forma de calcular la actualización de los haberes jubilatorios.
Un persuasivo diálogo sobre todo con gobernadores radicales estaría diezmando el número de diputados necesario para rechazar el veto presidencial a esa ley.
El jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, estaría teniendo apenas un poco más de poder de convencimiento sobre sus legisladores que su par de la Cámara alta, Martín Lousteau. La disciplina partidaria no pasa por su mejor momento. Lo mismo que el liderazgo. Si hay crisis, que se note.
Los beneficios que le reporta al Gobierno la inconsistencia mostrada por a casi toda la oposición, cuyos bloques son atravesados por múltiples posturas diferentes, se neutralizan rápidamente. Los entuertos y escándalos que protagonizan los legisladores de La Libertad Avanza se encargan de la compensación. La expresión “bloque oficialista” para hablar de la bancada libertaria es un auténtico oxímoron.
La disputa pública entre las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano, que aporta suculento material diario para los programas de chimentos, adquirió tanto impacto que ya desplazó a las que tuvieron por protagonistas a los expulsados Francisco Paoltroni, de la bancada senatorial, y a Lourdes Arrieta, de Diputados. Un escándalo desplaza al otro, como fotos de Instagram. La lógica de las redes sociales se impone.
Como si eso no alcanzara, llegó el sincericidio del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, con el reconocimiento de que parte de sus asesores no cumplen la función para la que les abona el Congreso, sino que trabajan a distancia, pero para construir su candidatura a gobernador de San Luis.
Como una revelación trae a la otra, salió a la luz la gran cantidad de colaboradores rentados por el Estado con la que cuentan todos sus pares libertarios. Ajuste y casta no serían vocablos del diccionario mileísta que sus legisladores hubieran terminado incorporando a su léxico. Ni a su praxis. Un golpe al corazón del relato.
La capacidad de sorpresa nunca se agota. A sus ya habituales singularidades, la Argentina mileísta le acaba de sumar una semana de tensión extrema y expresiones de una violencia que se creía superada. Preocupante.
06/09/2024 a las 12:02 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
¿Los esbirros del FMI no la ven?
Florencia Donovan
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
6/9/024
Aunque los contactos entre líneas técnicas son frecuentes, como suele suceder entre un deudor y su principal acreedor, hasta ahora la Argentina no envió al Fondo Monetario Internacional (FMI) ningún pedido formal para iniciar las negociaciones por un nuevo acuerdo. Usos y costumbres del organismo de crédito: más allá de las conversaciones, para darle inicio a una negociación se requiere de una manifestación explícita del país candidato. La Argentina no lo ha hecho. “Desde el jueves vamos a negociar un nuevo acuerdo con el FMI y esperemos que llegue nueva plata”, había dicho el ministro Luis Caputo en un evento de la Fundación Libertad, el 11 de junio pasado. El timing no parece haber sido tan preciso.
En las próximas semanas, se espera que el Fondo realice la novena revisión del acuerdo que la Argentina había firmado en los tiempos de Sergio Massa. La administración Milei pasaría la prueba sin demasiados inconvenientes. No sólo habrá registrado superávit primario y financiero en agosto, sino que también se espera que lo logre en septiembre. Difícil que el Fondo plantee objeciones cuando un deudor muestra que no está gastando más de lo que recauda.
Para el nuevo acuerdo, sin embargo, las conversaciones no parecen ser tan sencillas, al menos, no tanto como imaginaba en un comienzo el equipo económico. No más basta una prueba: nadie critica a un interlocutor con el que está 100% en sintonía. Sin tapujos, el presidente Javier Milei viene haciéndolo en privado y en público con Rodrigo Valdés, el técnico que el FMI designó a cargo del Departamento del Hemisferio Occidental, y una de las voces más autorizadas en el relacionamiento con la Argentina.
Y es que en el board del Fondo -el que en definitiva aprueba o no lo acordado a nivel técnico- no ocultan tampoco sus diferencias con el plan oficial. Hay intenciones en general de acompañar al Gobierno, pero no hay vocación por incrementar demasiado la exposición que el organismo tiene en la Argentina. En otras palabras, podría llegar a haber algo de fondos frescos, pero tampoco la cantidad que se imaginaban en el equipo económico cuando, a comienzos de año, en reuniones privadas, deslizaban la posibilidad de que el FMI financie a la Argentina con US$15.000 millones para poder levantar el cepo cambiario. También hay coincidencia entre varios de los accionistas del FMI de que por ahora no está claro cómo sigue a mediano plazo el plan de estabilización del Gobierno, o al menos, aseguran que sus interlocutores en Economía no terminan por explicitarlo. ¿Estratégicamente retacean información? Difícil saberlo. Caputo no es precisamente un interlocutor confiable para algunos técnicos del Fondo.
En el equipo económico evitan hacer declaraciones al respecto. Sin grandes vencimientos con el FMI en el cortísimo plazo, hay varios economistas que consideran que el Gobierno tiene por ahora margen de acción de sobra. En el podcast Shot Financiero, del periodista Guillermo Laborda, el exministro Domingo Cavallo recordaba recientemente que cuando se ideó el plan de Convertibilidad se hizo a espaldas del FMI. “Cuando les explique el plan de convertibilidad y la eliminación de retenciones al FMI, ellos me dijeron que no estaban de acuerdo. Yo no tenía paciencia para convencerlos y tampoco necesitada de su apoyo, así que los mandé a Washington y les dije que volviéramos a hablar cuando llegaran los primeros resultados. Ellos no nos apoyaron”, relató Cavallo. El FMI sólo le aprobó al entonces gobierno de Carlos Menem un nuevo plan cuando la convertibilidad ya estaba arrojando resultados positivos. Tal vez Milei emule a Menem en esto también.
De cualquier manera, hay muchas movidas del Gobierno para intentar atraer dólares privados, inversiones. Juan Pazo, secretario de Coordinación de Producción, y mano derecha de Caputo en todo lo que hace a la economía real, está elaborando una agenda de viajes para las próximas semanas con la intención de explicar los cambios que se están llevando adelante en la Argentina. La agenda, según confió Pazo en reuniones con empresarios, incluye una parada en Washington, pero además visitas a París, China y Japón. Pazo, que tiene bajo su órbita cuestiones comerciales, de agro e industriales, planea ir con un listado de temas amplio.
Por estas horas, en tanto, en Montevideo, negociadores de la Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay están embarcados en frenéticas conversaciones para intentar avanzar en la firma del postergado acuerdo comercial con la Unión Europea. Con la pérdida de peso relativo del francés Emmanuel Macron dentro de la escena política europea, en el Mercosur creen que hay una ventana de oportunidad para llegar a un acuerdo. Son cinco los temas abiertos que se están discutiendo por el lado del Mercosur: los derechos de exportación, las compras públicas, las sociedades del Estado, la cooperación y los autos eléctricos. Mientras que el bloque europeo discute el capítulo que hace al desarrollo sostenible. Las negociaciones terminan hoy. Hasta ayer, entre la delegación argentina que encabeza el embajador Marcelo Cima había optimismo. De avanzar, la propuesta luego deberá elevarse a los ministros, y la idea es que pueda anunciarse en la reunión del G20 en Brasil, en noviembre. Recién ahí será cierta la afirmación que le hizo el presidente Milei el domingo pasado a Luis Majul, cuando enumeró entre sus logros la incorporación de nuevos acuerdos comerciales. Tal vez, el Presidente sólo se estaba adelantando en el tiempo cuando lo dijo. Pequeñas imprecisiones de un relato siempre efectista.
La gestión no siempre va a la velocidad del discurso oficial. Si bien el Gobierno comunicó hace meses la apertura del mercado de vacunas contra la aftosa, incluso Milei lo mencionó como un hito en su reciente discurso ante la Unión Industrial Argentina (UIA), comienza el periodo de vacunación en el campo y la realidad es que todavía no hay novedades de los nuevos proveedores. En algunas oficinas aducen trabas administrativas. Las nuevas vacunas aun no están habilitadas. Son contradicciones de una administración que busca la desregulación con osadía al mismo tiempo que sostiene por ejemplo en el Congreso todas la malas prácticas del pasado.
Para los empresarios, los próximos meses serán claves. Entre los industriales empiezan a reconocer que se nota una mejora en los niveles de actividad. “Si agosto no hubiera sido un buen mes, a Milei en la UIA lo hubieran abucheado cuando dijo que por años se le quitó al campo para subsidiar a los industriales”, bromeó un empresario que estaba presente en el encuentro. Pero además, grandes empresas del sector energético están encontrando una ventana de oportunidad para volver a los mercados de crédito internacional. “Volvimos al mundo”, tituló la consultora Delphos Investment su informe semanal. YPF y Pampa Energía emitieron bonos esta semana; otras empresas como Genneia, YPF Luz, Galicia y Compañía General de Combustibles, tendrían planes de seguir el mismo camino. Según Delphos, las emisiones podrían contribuir a engrosar las reservas del Banco Central (porque atraen dólares), pero además podrían ser una medida “más genuina” del riesgo país.
También, tal como sucedió en los años 90, en muchas industrias se espera que comience un fuerte proceso de consolidación. Una economía más abierta y con negocios genuinos exige compañías mucho más competitivas. Algo ya comenzó a verse en el sistema financiero con las compras de HSBC por parte de Galicia, y de Itaú por parte de Macro. Se esperan más transacciones. Lo mismo en el mercado de seguros. Allí hay varias transacciones en danza. Recientemente se habría frustrado la venta del 49% de las acciones de Mapfre a Alliance. Pero hay otros grupos en conversaciones. Las reglas en la economía argentina están cambiando. El discurso del Gobierno muchas veces se adelanta a los hechos, por momentos, al límite de la fabulación, pero no se puede negar que hay un cambio en marcha.
06/09/2024 a las 12:10 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Milei contra todos en el CCK y estrella de la cumbre de la derecha global
Melisa Molina
Página/12
6/9/024
La sala “La Ballena” del Centro Cultural Kirchner-al que el gobierno le quiere cambiar el nombre, este jueves amaneció a oscuras. Pasadas las diez de la mañana una luz blanca en el centro del escenario se prendió e iluminó al presidente Javier Milei. Parado en un atril, con los lentes puestos y el discurso que iba a leer en sus manos, el mandatario cantó “Hola a todos…”, al ritmo de Panic Show. El público estaba compuesto por españoles y argentinos que lo vitoreaban y reían. Las pantallas de los celulares comenzaron a iluminar algunas de las caras de los presentes que se disponían a filmar lo que sería una catarata sin límites de insultos, agravios y citas religiosas que el presidente argentino espetó en contra de todos los que no piensan como él.
Durante la inauguración del III Encuentro Regional del Foro Madrid, Río de la Plata, organizado por Santiago Abascal, el líder del partido de ultraderecha español VOX, Milei también se deshizo en elogios al menemismo –dijo orgulloso que en esos primeros meses de gestión ya superó por ocho «las reformas» del gobierno del riojano– y vociferó: «No sólo estoy poniendo a la Argentina al tope mundial, siendo uno de los dos políticos más conocidos del mundo junto a Donald Trump, sino que, además, estoy haciendo el mejor gobierno de la historia del país».
El discurso de Milei se centró en las críticas a lo que él denomina «el partido del Estado», un nuevo mote para lo también llama «la casta». Según el Presidente, la población que él gobierna se divide en dos: «los pagadores de impuestos y los consumidores de impuestos». La segunda categoría funciona para el mandatario como una especie de bolsa en la que mete a distintos sectores de la sociedad sin distinción y la vincula, como si aún estuviésemos en tiempos de la guerra fría con «el socialismo». Allí también estarían para Milei los que forman parte del supuesto «partido del Estado». «Entre los consumidores de impuestos se encuentran, obviamente, las ratas del poder que en vez de ver la política como vocación de servicio, ven una caja a la que parasitar de por vida y un medio para enquistar a su familia en el Estado, como si fuera un título nobiliario», disparó.
Luego, añadió que «el partido del Estado no se agota en los políticos y en los contratistas», y enumeró: «También son los empresarios prebendarios; los periodistas y los medios de comunicación –que hoy son un servicio de propaganda en venta al mejor postor–; los sindicalistas que entregan a los trabajadores a cambio de prebendas; los gerentes de la pobreza que administran asistencia social de los más vulnerables».
Como si fuera poco, Milei sumó en ese listado a «los supuestos científicos e intelectuales, que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores, y, por ende, todos debemos subsidiarles la vocación». Cuando empezó a hablar de los científicos se puso rabioso y no podía parar de agraviarlos: «Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado, como cualquier hijo del vecino, y que investiguen, publiquen un libro y vean si la gente le interesa o no, en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado», gritaba.
La lista, sin embargo, no terminó ahí. El Presidente siguió despotricando contra otros sectores sociales: «También podemos hablar de los artistas amigos del régimen», remarcó. «Reciben cuantiosas sumas de dinero para ir a dar recitales para 30 personas y sacarse fotos con el Intendente y el Gobernador». En ese momento citó a Juanse, el cantante de los Ratones Paranoicos. “No puede ser que vayas a dar un recital, a Caleta Olivia, con 50 personas y cobres como si estuvieras llenando el Madison Square Garden”, habría dicho.
Durante más de 40 minutos Milei hizo una oda al «capitalismo de libre empresa», dijo que «durante 250 años, el capitalismo de libre mercado hizo milagros en el mundo generando una explosión de riqueza tan dramática, que sacó de la pobreza al 90% de la población», y que la Argentina estuvo a la cabeza de ese modelo «durante los primeros 125 años». El problema, según interpretó, fue que «en nombre de la justicia y la igualdad tuvimos un Estado omnipresente, controlador y opresivo que se arrogó el derecho de robarle a uno para darles a otros», y que «en estos últimos 123 años se castigó a los creadores de riqueza con impuestos impagables y se los condenó públicamente como villanos».
También hubo críticas a los legisladores a los que volvió a llamar «degenerados fiscales» y «ratas inmundas». «Cuanto más voto tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad», dijo sin disimular su falta de republicanismo y disparó: «Los degenerados fiscales están dispuestos a quebrar al Estado y que 10 millones de argentinos más caigan en la pobreza y la miseria, con tal de sumar unos puntitos con discursos lindos en el recinto. Desde acá se les ven los colmillos».
Durante el discurso, el Presidente también confirmó que irá al Congreso a presentar el Presupuesto 2025 en persona –como anticipó este diario–, aunque en su entorno dicen que lo mejor que les puede pasar es que los legisladores no lo aprueben para seguir ejecutando a su gusto el de 2023. «Cuando discutamos el Presupuesto ellos van a hacer lo imposible para que no salga porque es un Presupuesto liberal y austero que significa el fin de miles de curros», opinó.
El Jefe de Estado hizo críticas al excandidato presidencial Sergio Massa y a la gestión que hizo el gobierno anterior de la pandemia. Recomendó «Pandenomics», el que él mismo ponderó como «uno de sus mejores libros» y, sin ningún tipo de rigurosidad en el análisis, dijo que, según su visión, «hubo más muertos de los que debería haber habido». De paso, aprovechó la ocasión para disparar una frase que dejó a la vista su postura negacionista de la última dictadura cívico militar: «si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre deberían haber muerto por el COVID 30 mil personas. 30 mil de verdad», leyó.
El que tampoco se salvo de los insultos –en otro fragmento dijo que quienes lo criticaban eran «ratas inmundas, fracasadas y liliputienses»– fue el presidente de Brasil, Luis Inácio «Lula» da Silva. Al mandatario del país que es el primer socio comercial de la Argentina lo describió como «un tirano que está equivocado en todo», y lo criticó por su pelea con X, cuyo dueño es el magnate Elon Musk, a quién Milei considera su amigo, y que está muy interesado en quedarse con el litio que hay en el norte de nuestro país.
Cuando se iba acercando el final, el discurso del Presidente se cargó de un fuerte moralismo y fue incorporando metáforas bélicas y citas religiosas. «No hay que abandonar nunca la batalla, hay que darla siempre desde el lugar en el que estamos sin cuartel y aunque nos cueste la vida. Y hay que darla tirando con el mismo fuego que tiran ellos, no prendiendo velas, ni pidiendo perdón ni permiso», remarcó.
Todo se tornó más extraño cuando, lejos de la realidad argentina, comenzó a recitar las «Sagradas Escrituras». «Ellos nos atacan, llenos de insolencia y de impiedad para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres; el cielo los aplastará delante nuestro, no les tengan miedo», leyó, como si fuera un pastor y no el Jefe de Estado, vociferó: «¡No teman! nuestra fe es tan grande como el desafío. Estamos dispuestos a perder todo con tal de dar vuelta esta página siniestra de la historia».
Por último hubo tiempo para la interna libertaria. Antes de terminar el discurso, Milei le dedicó a los miembros de LLA unas líneas: «No nos podemos dar el lujo de la dispersión y de las peleas intestinas, sólo estando juntos podemos ser fuertes. Solo siendo leales, de militante a militante, y ayudándonos entre nosotros, podemos defender a los argentinos de las garras del poder permanente», disparó y remarcó: «no hay lugar para ambiciones personales».
06/09/2024 a las 12:16 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Una reunión urgente de JxC y llamados contra reloj por el control de una caja millonaria manejada por el PJ
Federico Mayol
Infobae
6/9/024
Los ocho gobernadores del PRO y la UCR que tienen asiento en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se encontrarán hoy vía zoom con un objetivo doblemente complejo: tratar de definir una posición en bloque detrás de un solo candidato y, de lograr esa instancia, intentar arrebatarle al PJ el control de ese organismo estratégico que administra una caja millonaria para proyectos de inversión provinciales.
Alertados por esa jugada que en el seno de la ex coalición de Juntos por el Cambio empezó a madurarse hace ya varios meses, los gobernadores del peronismo, a través de Gildo Insfrán, convocaron para el martes a una asamblea en las oficinas del microcentro. Ese día, podría definirse a mano alzada con la mayoría de los presentes la suerte de Ignacio Lamothe, el actual secretario general cuyo mandato se vence el mes próximo y que aspira a quedarse con ese asiento por cuatro años más.
Oriundo de Mercedes como Eduardo “Wado” de Pedro, Lamothe fue propuesto en el 2020 por el entonces ministro del Interior de Alberto Fernández y fue designado de manera unánime por todos los jefes provinciales. El jefe del CFI, que controla una jugosísima caja presupuestada en torno a los $100.000 millones para este año -se compone de una proporción del reparto de la coparticipación federal-, tomó desde ese rol autonomía propia y trabó una fluida relación con todos los gobernadores, no solo con los del peronismo, a pesar de que, en buena parte del sistema, sigue encasillado como un referente de La Cámpora aunque nunca perteneció de manera orgánica a la agrupación fundada y liderada por Máximo Kirchner.
Cerca del dirigente explicaron incluso que arrastra cierto rechazo de un sector de la organización.
Lo cierto es que, anoticiado de que desde el PRO y la UCR se pergeñaba una maniobra para intentar avanzar sobre la administración de esa caja, Lamothe activó un silencioso pero eficiente operativo para convencer a los gobernadores del peronismo, del macrismo y del radicalismo; de los movimientos provinciales, del norte, de la zona centro y de la Patagonia, de su continuidad. En términos políticos, se licenció con Juan Carlos “El Chueco” Mazzón, un histórico operador del PJ con muchísima injerencia en los jefes provinciales que prestó servicios para Néstor y Cristina Kirchner.
Habló con todos. Cerca suyo son muy optimistas: están seguros que, si no aparece ningún imprevisto, habrá un acuerdo previo antes del martes, y llegarán al CFI con una decisión consumada favorable. Ayer, por caso, se reunió con Marcelo Orrego, del PRO de San Juan, con el que compartió un acto vinculado con el organismo. Según confiaron a este medio, Orrego ya le había adelantado al secretario del CFI que no pondría ningún obstáculo siempre y cuando sus colegas del macrismo y de la UCR no se encolumnen detrás de un solo postulante.
Hasta ayer, ese objetivo todavía estaba bastante verde.
El primero en blanquear su intención de disputarle el consejo al peronismo fue Sebastián García de Luca, muy ligado al gobernador Rogelio Frigerio -fue su viceministro durante la gestión de Cambiemos-. Ex funcionario de Patricia Bullrich -dejó el cargo en febrero, en medio de una disputa política de la ministra con las provincias-, bonaerense y respetado por el sistema, y cercano a Mauricio Macri -el ex presidente avaló su postulación-, De Luca incluso le pidió hace unos dos meses un café a Lamothe para avisarle que emprendería esa aventura. Fuentes cercanas señalaron que, en ese encuentro, el ex funcionario le dijo además que era un buen lugar para empezar a robustecer políticamente el proyecto de largo plazo de Frigerio. Quiere, como varios en el seno del PRO, que un gobernador del interior sea presidente en el 2027.
De Luca se movió rápidamente. Conversó en los últimos meses, junto a otros operadores, con mandatarios del PRO y del radicalismo, y con otros jefes provinciales del peronismo y partidos provinciales. Se dedicó casi exclusivamente a esa tarea. Y cosechó un buen número de adhesiones.
En el medio, aparecieron otros nombres. El primero fue Bruno Screnci, director del Banco Provincia, ex socio de Diego Santilli con el que se distanció el año pasado por motivos que todavía se desconocen. Después surgió la figura de Felipe Álvarez, ex diputado por La Rioja.
Pero en los últimos días, el otro que empezó a sonar con mayor insistencia, respaldado por un grupo de gobernadores radicales, fue Gastón Douek, un consultor polirrubro. Ayer, en el primero de los encuentros virtuales por este tema que mantuvieron los jefes provinciales de JxC, solo se mencionó a De Luca y a Douek como los dos candidatos en danza.
En ese contexto, Maximiliano Pullaro, Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Carlos Sadir, Leandro Zdero, Torres, Frigerio, Orrego tendrán hoy un segundo zoom para ver si pueden concentrarse en un solo postulante. “Está todo bastante disperso, no hay acuerdo”, explicaron. Están seguros que el peronismo adelantó la discusión para el próximo martes para aprovecharse de esa dispersión en la ex coalición radical macrista que es perfectamente visible desde que asumió Javier Milei el gobierno.
Ni la ciudad de Buenos Aires ni San Luis tienen voto en el CFI. En ese sentido, este martes se pondrá a consideración la posible inclusión de este último distrito, aunque no es fácil: el consejo le inició hace años una demanda en la Corte Suprema.
Según fuentes al tanto de las negociaciones, en las últimas semanas asomó en paralelo otro dirigente que se interesó por la caja del consejo: se trata de Jorge Franco, muy vinculado a Miguel Ángel Pichetto. Franco habló con algunos gobernadores, y lo propio hizo el diputado jefe del bloque Encuentro Federal que atraviesa su momento de mayor tensión con el Ejecutivo y que está convencido que el CFI es un órgano administrado por La Cámpora que no puede seguir bajo el control de esa organización que el ex senador aborrece.
Pichetto, según las fuentes, dialogó del tema con Guillermo Francos: le preguntó si el gobierno tenía previsto hacer algo con el CFI. El jefe de Gabinete le respondió, de acuerdo a fuentes oficiales, que no.
Lamothe fue elegido por unanimidad el 23 de octubre del 2020, diez días después de la muerte de Juan José Ciacera, un ingeniero que desembarcó en el organismo en 1987 gracias a un acuerdo entre el PJ y la UCR y que nunca pudo ser corrido a pesar de los múltiples intentos. Recién fue reemplazado por su fallecimiento. La carta de constitución del CFI estipula como necesarios el voto de dos tercios de sus miembros -es decir, las provincias- presentes en asamblea para la designación del secretario General.
Es lo que va a intentar el próximo martes el dirigente vinculado con De Pedro que, en su entorno, aseguran que hizo todas las llamadas que tenía que hacer, visitó a todos los gobernadores que tenía que visitar y prometió todos los proyectos que tenía que prometer para garantizarse su continuidad por los cuatro años siguientes, hasta el 2028.
Es lo que van a tratar de obturar desde un sector del PRO y de la UCR. Aunque, de manera muy subterránea, algunos de ellos ya le adelantaron a Lamothe que no ven para nada mal que él siga al frente del organismo.
En simultáneo, se suceden por otra vía las reuniones por la renovación de la cúpula del PJ nacional, acéfalo desde la renuncia obligada de Fernández. El miércoles, en la casa de la provincia de La Pampa, en Buenos Aires, se encontraron Ricardo Quintela, Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Gerardo Zamora, Gustavo Melella y Gildo Insfrán.
En corrillos peronistas ya se habla de la dupla “Qui-ki”.