Rosario, zona liberada

Por Hernán Andrés Kruse.-

Rosario, la cuna de la Bandera, es hoy tierra de nadie. Mejor dicho: es hoy tierra del narcotráfico. Desde hace mucho tiempo que los crímenes se suceden sin solución de continuidad. Prácticamente todos los días los medios de comunicación informan sobre balaceras en distintos barrios de la ciudad que ocasionan víctimas fatales. Hasta hoy, las víctimas estaban ligadas al narcotráfico debido a la feroz lucha por el control territorial de bandas antagónicas. Pero la semana pasada tuvo lugar un acontecimiento feroz, impiadoso, que hiela la sangre. El miércoles 1 de febrero por la noche un buen número de comensales y barras estaban cenando en los parrilleros del club Newell´s Old Boys. De golpe frenó un auto negro, bajó uno de sus ocupantes y un individuo que estaba en el techo del rodado lo ultimó a balazos. Los asesinos dejaron al lado de la víctima un papel cuyo contenido estaba dirigido a un preso de Los Monos, sindicado como uno de los presuntos líderes de la barra brava leprosa. Horas más tarde se supo que la víctima era Lorenzo Altamirano, de 28 años.

Hasta aquí se trata de un nuevo crimen mafioso. Pero con el correr de las horas tomó estado público un siniestro dato. La víctima nada tenía que ver con el mundo del hampa. Lorenzo Altamirano fue escogido al azar por sus asesinos. Tratemos de situarnos en su lugar. Esa noche Altamirano caminaba tranquilamente por la calle y de repente fue abordado por varios individuos que lo introdujeron en un auto. Minutos más tarde fue obligado a bajarse del rodado e inmediatamente recibió tres disparos que le provocaron la muerte en el acto. En esta oportunidad le tocó a Altamirano. Más adelante le puede tocar a cualquiera de los rosarinos. A cualquiera. A partir del 1 de febrero todos somos potenciales víctimas de los narcos. Estamos en un estado de indefensión absoluto. La policía santafesina brilla por su ausencia. Rosario ha sido declarada, qué duda cabe, zona liberada. El estado ha perdido el monopolio legítimo del uso de la fuerza. La vida de los rosarinos depende de la voluntad de los narcos.

Mientras tanto, la clase política se limita a hablar. Hace unas horas el Centro Municipal del Distrito Sudoeste fue víctima de una balacera. A raíz de ello Rubén Rimoldi, hasta ese momento ministro de Seguridad de la Bota, se reunió con el jefe de la Unidad Regional II de Rosario y los jefes de las seccionales de la ciudad. Luego del cónclave brindó una conferencia de prensa para enfatizar que el camino que se trazó apenas asumió como ministro de Seguridad era el correcto. Quien le salió al cruce fue Pablo Javkin, intendente rosarino, quien criticó con extrema dureza la evidente inacción policial en torno al ataque. En sintonía con Javkin, la fiscal Valeria Haurigot aludió a la ausencia de preservación de la escena. Aunque cueste creerlo, no fue la policía sino un vecino quien encontró un cartel con un mensaje dirigido a los conocidos Esteban Alvarado y René Ungaro, condenados por narcotráfico y homicidios.

Sin embargo, en declaraciones a la prensa Rimoldi aseguró que el hallazgo del mensaje en cuestión “es el resultado del trabajo que se está haciendo”. “Las mafias necesitan estar presentes y demostrar que el trabajo de la policía es molesto”. “Lamento lo que ocurre, cada muerte relacionada con la violencia es una tragedia. Necesitamos trabajar y este es el camino para pacificar Rosario”. En relación con la ausencia de efectivos policiales en el CMD Sudoeste en el momento del ataque, el uniformado afirmó: “En todos los destacamentos debería haber personal policial más un móvil, hay un convenio firmado. Estamos iniciando con el jefe de la Policía un sumario administrativo para conocer la responsabilidad de las personas que no acudieron a trabajar”. Y agregó: “La ciudad no está liberada. El gobernador Perotti destacó a 700 nuevos policías para la ciudad. Estamos convencidos de que es un buen camino. Le digo a la ciudadanía que nuestro trabajo es arduo. Para pacificar la ciudad necesitamos desarmarla y para eso necesitamos hacer procedimientos y allanamientos” (fuente: Perfil, 8/2/023). Horas más tarde Grimoldi dejó de ser el ministro de Seguridad. Su reemplazante es el actual secretario de Prevención y Control Ciudadano, Claudio Brilloni. En el 2014 tuvo a su cargo el operativo efectuado por Gendarmería Nacional ejecutado en Rosario, que implicó el desembarco de 3500 gendarmes ordenado por el entonces ministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, para combatir el delito y el narcotráfico. Su fracaso fue estruendoso. Sobran los comentarios.

La situación es tan delicada que en las últimas horas efectuó declaraciones radiales el presidente de la Corte Suprema de la provincia, Daniel Erbetta. “No se puede aceptar la violencia y el narcotráfico como si nada se pudiera cambiar, esto interpela a la política y a los tres poderes del Estado”. “Me da la impresión de que nadie puede mirar para otro lado”. “Aquí hay tres elementos, tres grandes actores: la policía, el ministerio público Fiscal y la Penitenciaría, en algunos de estos tres sectores hay más problemas que en otros”. “Desde la cárcel se siguen dando instrucciones para las balaceras y extorsiones, crímenes por encargo”. “Hay que empezar a hacer algo”. “Esto no va a cambiar si no se acepta el problema, si no se reconoce. Si no se asume no voy a poder nunca pensar en una solución y esto tiene que hacerlo la política”.

Afirmó que Santa Fe necesita de “una reforma policial, revisar los reglamentos del sistema penitenciario, fortalecer el Ministerio Público Fiscal y esto demanda la intervención del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y fundamentalmente de la Legislatura de la provincia”. “Creíamos que habíamos tocado fondo y pareciera que el fondo todavía no llega. Acá hay un problema grave, tenemos una disputa violenta por mercados que están totalmente desregulados”. Respecto a la responsabilidad policial en el auge del narcotráfico, señaló: “Hay mucha gente que trata de cumplir a conciencia con su deber, el problema son los niveles de autonomización y de atomización de la policía”. “Hay muchos jefes policiales y agentes de la policía que están condenados, otros sometidos a proceso. Están condenados porque no solo brindaron protección, sino que en algunos casos han pasado a gerenciar estos negocios conjuntamente con los sectores que controlan la calle y hacen uso de la violencia”.

Aseguró que hay “una responsabilidad importante del poder político. Porque la policía la debe gobernar la política. Nunca puede autogobernarse la policía”. Insistió en que “el proceso de autonomización de la policía no es nuevo”. “Se inicia varios años atrás. Porque de lo contrario no podrían pasar las cosas que pasan. Tampoco tener los niveles de integrantes de la fuerza sometidos a proceso penal o condenados. No es común”. Finalmente, subrayó que revertir esta situación “demanda un compromiso político y de los poderes públicos, que dejen por un momento las elecciones de lado, las especulaciones electorales y que de una vez por todas nos sentemos a consensuar una estrategia sostenida en el tiempo. Hubo en Santa Fe proyectos de reforma policial y de seguridad que implicaban una mayor modernización, democratización y un fuerte control de la fuerza policial. Puede haber matices, pero se necesita un puntapié inicial para la discusión de la reforma policial. La actual estructura policial atrasa”.

Lamentablemente, las sensatas palabras del doctor Erbetta caerán en saco roto.